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JAVIER CASAL TAVASCI

La defensa de nuestra propia imagen. Casos reales

Me arriesgo a decir que todo el mundo, bueno seamos prudentes, la gran mayoría de personas, tenemos un Smartphone o Teléfono Inteligente con cámara. De modo que cualquiera puede captar nuestra imagen en una fotografía o vídeo sin nuestro consentimiento. La pregunta es: ¿es legal?.

Captar la imagen de una persona, aunque sea menor de edad, en un lugar público sin conocimiento del afectado, por tanto, sin consentimiento es lícito. Distinto es su difusión que puede ser constitutiva de delito. 

La Constitución en su artículo 18.1 garantiza, además del derecho fundamental al honor y a la intimidad personal y familiar, el derecho de toda persona a preservar su propia imagen. Lo que se salvaguarda es una esfera de privacidad, sustraída a intromisiones ilegítimas, destacando la necesaria protección de la imagen de la persona frente al desarrollo de los medios de captación, divulgación y difusión de imágenes. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 81/2001, de 27 de marzo define el derecho a la propia imagen como «derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener dimensión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero, sea cual sea la finalidad –informativa, comercial, científica, cultural, etc.– perseguida por quien la capta o difunde».   

Pongamos por caso el de un menor que es poseedor legítimo de varias fotografías en las que posaba desnuda la víctima –su ex novia, menor de edad– por habérselas enviado voluntariamente esta, y que posteriormente las entrega por «whatsapp» a un tercero, también menor de edad, que, sirviéndose de las mismas, extorsiona a la víctima para obtener más fotografías y vídeos bajo amenaza de difusión, que finalmente efectúa, mostrándoselas a varios compañeros de instituto y remitiéndolas a terceros por el móvil, que a su vez las publican a través de grupos de «whatsapp» (AP de Ourense, Sección 2ª, Sentencia nº 131/2014 de 26 de marzo de 2014, Rec. 60/2014).

La sentencia referenciada, que encuadra los hechos en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal, dispone: «Si bien es cierto que no hubo apoderamiento indebido de las fotos discutidas, al encontrarse las mismas lícitamente en poder del acusado ex novio de la denunciante, también lo es que el artículo 197.2 del CP, en su último inciso, impone la misma pena a “quien, sin estar autorizado, utilice dichos datos de carácter personal o familiar en perjuicio de su titular”».

Este caso se resolvió con la imposición a los dos menores implicados de una pena de doce meses de libertad vigilada con imposición de la regla de conducta de asistencia a un curso de educación para la igualdad y prevención de la violencia de género de cuarenta horas, añadiendo en el caso del ex novio otro curso de control de la ira de diez horas, con la medida de prohibición de aproximarse a menos de cien metros y de comunicar, por cualquier medio, con la víctima durante doce meses. Se apercibe a ambos menores en en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, además de incurrir en un delito de quebrantamiento, podrá acordarse su sustitución por internamiento en régimen semiabierto por el tiempo que les reste de cumplimiento. También se impone a los dos menores y a sus padres, como responsables civiles solidarios, la obligación de indemnizar a la víctima con 600 € en concepto de responsabilidad civil. Nadie negará que el daño causado a la menor, les salió barato. Así que, cuidado con la difusión de imágenes propias que puedan resultar comprometidas.  

Otro caso real (AP de Valencia, Sección 11ª, Sentencia nº 227/2015, de 25 de septiembre de 2015, Rec. 610/2014)

Se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia un juicio oral por el procedimiento de Tribunal del jurado contra un ciudadano ruso, que es acusado por la Fiscalía de dos delitos de asesinato. Dada la repercusión social y el interés informativo del juicio, la noticia se publicó en diferentes medios de comunicación. Entre ellos, al día siguiente del juicio, en el diario Levante–El Mercantil Valenciano. La noticia venía precedida del siguiente titular: «Absuelto un acusado de un doble crimen tras destruir la Audiencia las pruebas» e ilustrando la información se publicó una fotografía del acusado, tomada sin consentimiento, con el siguiente pie de foto: «A la izquierda, el acusado ayer en el juicio». Al respecto, surgen varias cuestiones: ¿Es legal captar y difundir la imagen de un acusado absuelto?. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre el derecho a la libertad de información y los derechos de la personalidad del acusado?

Cuando colisionan los derechos de la personalidad (derecho al honor, a la intimidad e imagen) y la libertad de información, esta última legitima la actuación del medio de comunicación y determina su prevalencia sobre los derechos de la personalidad del afectado, siempre que la información sea veraz, basada en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas, y se refiera a asuntos de interés general o relevancia pública por razón de la persona o la materia tratada y no se sobrepase el fin informativo.

El tribunal, también, dispone que la difusión no consentida de la imagen del acusado, captada sin consentimiento en el acto de juicio, entra dentro de las excepciones a que se refiere el número 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Claro está que la libertad de información, también, tiene límites. Les pongo otro caso real (TS, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia nº 378/2011, de 6 de junio de 2011, Rec. 743/2009).

Un canal privado de televisión emite un reportaje de investigación titulado Sexo en el Caribe, cuyo contenido abordaba el creciente turismo sexual femenino en países como Cuba, Santo Domingo o Puerto Rico. En dicho reportaje aparece una mujer junto con una amiga en una playa de Punta Cana, tomando el sol en topless, cuando se les acercan dos chicas e inician una conversación, que fue grabada sin su autorización con cámara oculta, mostrando en el reportaje su pecho desnudo y su voz. 

El Tribunal Supremo falló a favor de la afectada, condenando al canal privado de televisión a pagarle la cantidad de 18.000 €, toda vez que: «El derecho a la libertad de información no puede prevalecer en el presente caso, pues la imagen de la demandante no era un elemento imprescindible para la finalidad informativa, la demandante no ejercía una profesión de notoriedad o proyección pública, todo lo cual hace que la imagen de la demandante no fuera de esencial importancia para la transmisión a la opinión pública de la información que se quería ofrecer y según los hechos declarados como probados por la sentencia recurrida, la imagen ofrecida de la demandante, aunque su rostro apareció velado, resultaba suficiente para que fuera reconocida y dicho reconocimiento tuvo suficiente trascendencia para afectar a su vida personal, familiar y profesional, de modo que se ha producido una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen».

No me detendré en la protección de la imagen de los menores, por cuanto ya publiqué un artículo en este blog sobre este tema, que dejo enlazado aquí.

Directamente relacionado con el tema de hoy tenemos el «derecho al olvido». A mayor abundamiento, les dejo los enlaces a dos artículos que publiqué sobre dicho derecho y su tratamiento jurisprudencial:

https://protecciondata.es/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-el-derecho-al-olvido-jurisprudencia/

https://protecciondata.es/derecho-de-supresion-y-derecho-al-olvido/

El Comité Europeo de Protección de Datos, a través de su Directriz 3/2019 sobre el tratamiento de datos personales mediante dispositivos de vídeo, considera que la difusión y captación de imágenes a través de distintas redes sociales debe interpretarse de manera restrictiva. Las actividades de tratamiento de datos limitadas al ámbito personal o doméstico no ofrecen problemas; en cambio, los ofrecen cuando la actividad de tratamiento tenga «por objeto permitir a un número indeterminado de personas el acceso a datos personales o cuando la actividad se extienda, aunque sea en parte, al espacio público y esté, por tanto, dirigida hacia el exterior de la esfera privada de la persona que procede al tratamiento de los datos (SS. TJUE de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C‑101/01; 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C‑73/07; y 11 de diciembre de 2014, Ryneš, C‑212/13)».

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