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JAVIER CASAL TAVASCI

Delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales se introdujo en el Código Penal mediante una reforma del año 1988, que estableció una forma específica de receptación relativa al aprovechamiento de las ganancias obtenidas del tráfico de drogas.

En el año 1992, otra reforma incorporó al mismo Código la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena, 1988) y la Directiva 91/308/CEE, del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. La norma seguía refiriéndose solo al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La ampliación a los bienes o ganancias procedentes de otros delitos se produjo con la reforma del Código Penal de 1995, aunque se exigía su conexión con un delito grave.

La referencia a la gravedad fue suprimida tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, contemplado un delito de blanqueo de capitales de gran alcance, pues la norma se refiere, ahora, a los bienes «que tienen su origen en un delito» (artículo 301.1 del CP), siendo habituales el tráfico de drogas, cohecho para acto injusto, alteración de precios, malversación, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, fraudes y exacciones ilegales, corrupción en los negocios, etc.  

Las acciones típicas del delito de blanqueo de capitales son adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes o cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Se castiga no sólo la utilización, sino también la posesión de los bienes que tengan su origen en una actividad ilícita para ocultar el origen de los bienes.

El delito de blanqueo de capitales es de mera actividad y su consumación se produce con un solo acto, de forma que la tentativa no cabe. 

Curiosamente, la ley no establece un límite cuantitativo para determinar cuándo se incurre en delito, de forma que serán los tribunales quienes lo delimiten teniendo en cuenta la relevancia y, sobre todo, la incidencia en el orden socioeconómico y la voluntad del sujeto activo de activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos de forma ilícita, logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias asociadas al delito (STS 809/2014, de 26 de noviembre).

Si son sujetos obligados en virtud de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo eviten el incumplimiento de la norma, pues existe el delito de blanqueo de capitales imprudente (artículo 301.3 del CP), si bien la imprudencia debe ser grave. El Código Penal no exige que el sujeto activo tenga que ser necesariamente un profesional, así, tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria opinan que cualquier persona puede blanquear por grave descuido. La pena prevista para el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave es de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo del valor obtenido. Cuando la imprudencia no alcanza la consideración de grave se sanciona administrativamente. 

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