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JAVIER CASAL TAVASCI

El derecho de acceso en los tribunales de justicia

Los juzgados y tribunales de justicia tratan, diariamente, con datos personales, y muchos de ellos son datos sensibles, por cuanto se refieren a menores, incapaces, a infracciones y condenas penales, etc. Pues bien, en este artículo les explicaré la regulación del derecho de acceso en sede judicial.

Empecemos por saber quién tiene derecho de acceso a las actuaciones judiciales.

El conocimiento de las actuaciones afecta de  forma distinta a quienes son parte en el procedimiento y a quienes no lo son. Para quienes son parte, las actuaciones son públicas, lo que se concreta, en la posibilidad de acceder a los autos, esto es, al expediente judicial.

Las partes, en el ejercicio de su derecho de defensa, van a tener acceso al procedimiento, tanto para conocerlo como para poder ejercitar sus acciones dentro del mismo. No solo pueden acceder a las actuaciones, también pueden pedir y obtener las copias y testimonios que precisen, sin necesidad de acreditar otro interés legítimo que el carácter de parte. No obstante, caben limitaciones al derecho de acceso, por ejemplo, la declaración del secreto del sumario en los casos de delitos públicos para evitar un riesgo grave para la vida, la libertad o la integridad física de otra persona o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación (artículo 302 LEC). El secreto sumarial se limitará a un plazo no superior a un mes, debiendo alzarse necesariamente con diez días de antelación a la conclusión del sumario. Quien no verá limitado el acceso es el Ministerio Fiscal, que no es parte personada, sino Órgano Constitucional del Estado.

Otro supuesto de denegación de acceso de las partes a datos del proceso lo tendríamos cuando se acuerda preservar la identidad, el domicilio, la profesión y el lugar de trabajo de un testigo o perito al apreciar un peligro grave para su persona, libertad o bienes, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos, según lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

Que las partes tienen derecho a acceder a los autos, incluso una vez decretado su archivo, no cabe duda. La cuestión es si tienen derecho de acceso aquellos que no son parte del proceso judicial.

El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales prevé en su artículo 7 apartado 1 que «quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podrán acceder a la documentación conservada en los archivos judiciales de gestión». De ello se deduce que, cualquier tercero puede solicitar el acceso a los archivos judiciales, siempre que acredite  un interés legítimo y su solicitud no afecte a derechos fundamentales de quienes hayan intervenido en el proceso, siendo el Letrado de la Administración de Justicia el encargado de resolver la solicitud (artículo 454 LOPJ), en tanto que se les atribuye, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial (artículos 453.1 LOPJ y 145.1 LEC).  

Las comunicaciones a las partes pueden ser personales, a través de su representante (Procurador de los Tribunales) o por edictos a través del tablón de anuncios o boletines oficiales. La publicación de edictos sólo está justificada por la imposibilidad de notificación personal o por tercero. También está justificada por un interés público que reclama mayor transparencia administrativa como las subastas judiciales.

La publicación de información personal en un tablón de anuncios o en un boletín oficial supone una clara intromisión en el derecho fundamental a la protección de datos personales porque se le atribuye a estos el carácter de fuente accesible al público.

En virtud del principio general de publicidad que preside las actuaciones judiciales, la publicidad de los actos de comunicación incluirá los datos de identificación de las partes cuando sea estrictamente necesario para dar cumplimiento al fin de la norma, si bien «excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos fundamentales y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad» (artículo 232.2 LOPJ). 

En el tablón de anuncios de un juzgado cualquiera es muy habitual encontrar edictos con sentencias de todo tipo, identificando a las partes con sus nombres y apellidos y los números completos de sus documentos acreditativos de identidad.

Es regla general que en los juzgados y tribunales se incumpla la Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD que, en su apartado 1, dispone que al publicar un acto administrativo con datos personales, se incluirán el nombre y apellidos y cuatro cifras numéricas aleatorias del D.N.I. o documento equivalente (por ejemplo: ***4567**). La numeración de un documento acreditativo de identidad (D.N.I./N.I.E./Pasaporte) parece un dato menor, pero no lo es. Los juzgados y tribunales deberían hacer propósito de enmienda y cumplir la norma.

Tablón de un juzgado cualquiera                                                                                

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