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JAVIER CASAL TAVASCI

Drones y Protección de datos

Los drones o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), también denominados RPAs (por sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft) o UAVs (por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle) están de moda, aunque no son una novedad, pues se vienen empleando en el ámbito militar desde hace décadas. 

El uso civil de drones es cada vez más habitual, ya sea con fines profesionales, comerciales o lúdicos, y hemos de ser conscientes de que pueden causar más de un problema si se hace un mal uso de ellos. Desde luego son dispositivos que pueden resultar realmente útiles y que, en un futuro, no muy lejano estarán muy presentes en nuestras vidas.

Recientemente, se señaló como un hecho histórico el que un dron llevara –con éxito– el 19 de abril de 2019 un riñón para ser trasplantado desde el Hospital de St. Agnes en Baltimore al Centro Médico de la Universidad de Maryland en menos de diez minutos, siendo la distancia entre ambos centros de cinco kilómetros (seguro que por carretera tardaría muchísimo más en llegar). 

También se ha demostrado la utilidad de drones en trabajos agrícolas para la fumigación y control de plagas, en trabajos de construcción con accesos imposibles, en labores de rescate y en situaciones de emergencia como operaciones en alta mar o en la lucha contra los incendios forestales… Hasta la Dirección General de Tráfico los emplea desde el 1 de agosto de 2019 para sancionar el uso del móvil, no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar señales como ceda al paso o línea continua, circular sobre zonas cebradas, etc. (por el momento los drones no se pueden emplear para controlar los excesos de velocidad, pues carecen de radar, solo tienen cámara, eso sí, de altísima resolución).

Un ejemplo de uso civil, que está al caer, es el uso de drones para el reparto comercial. Amazon lleva años planteándolo y ya tiene varias patentes. Una de ellas cuenta con la particularidad, respecto a los miles de drones que ya existen, de que es capaz de reconocer gestos manuales y comandos de voz. Obviamente, para que pueda funcionar este servicio, antes el cliente debe ceder a Amazon sus datos (imagen y voz), necesarios para que el dron le pueda reconocer en el momento de la entrega. Si se ceden dichos datos voluntariamente al contratar el servicio, se estaría prestando el consentimiento para su tratamiento, de este modo el servicio de reparto es legal.

No soy experto en drones, ni siquiera aficionado, pero me consta que hay gran variedad de prototipos, que van desde dispositivos básicos hasta equipos dotados de instrumentación muy perfeccionada y compleja con cámaras de alta resolución con zoom, visión nocturna, imágenes térmicas, etc.

El uso de drones en el ámbito civil está sujeto a las restricciones previstas en las disposiciones adicionales del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. Quien tenga curiosidad puede consultar la normativa de aplicación haciendo clic aquí.

Un dron puede –como poco– captar la imagen y la voz de personas, sus datos de geolocalización y cualquier otra señal electromagnética relacionada con una persona identificada o identificable, lo que determinará la existencia de un tratamiento de datos. Otra cosa es que se requiera el consentimiento del afectado y que sea de aplicación la normativa de protección de datos. Por ejemplo, el uso de drones por particulares en un contexto privado asociado al ocio y como parte de su vida privada o familiar está fuera del ámbito de aplicación de dicha legislación. El problema viene cuando ese uso excede el ámbito privado, pudiendo afectar al derecho a la intimidad y a la propia imagen de terceros, pudiendo tener, incluso, un reproche penal.

La afectación al derecho a la protección de datos personales en el uso de drones deberá analizarse caso a caso y en función de diversos factores, entre los que se encuentra el uso que se le vaya a dar (no plantea los mismos problemas un dron que se utiliza para vigilar la evolución de los cultivos que uno que se emplea para realizar tareas de vigilancia de espacios públicos).

Cuando se emplean drones en lugares públicos es fácil que, en algún momento, se pueda captar la imagen de personas identificadas o identificables, lo que obligará a tener presentes los principios y obligaciones del RGPD. Una práctica que evitaría problemas pasaría por pixelar los rostros, como hace Google en el Street View de Google Maps.

En cualquier caso, tengan muy presente que si se graban espacios privados sin consentimiento de sus titulares podrían incurrir en un delito de intromisión en la intimidad. En la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se incorporó el apartado 7 al artículo 197, el cual dice: «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unido a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa».

En caso de utilización de drones en recintos cerrados (por ejemplo, en conciertos o encuentros deportivos) el consentimiento de los afectados podría solicitarse en la propia entrada o ticket. Para ello habría que especificar que el evento se va a grabar (imagen y/o sonido) mediante el uso de drones. De modo que, cuando el afectado adquiere la entrada está dando su consentimiento para que se capte su imagen y voz. Además, en dicha entrada habría que especificar los derechos que el RGPD reconoce a los afectados, tales como acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad y cómo y ante quién ejercitarlos. También sería aconsejable que hubiera “carteles informativos” repartidos por todo el recinto, como los que son obligatorios en los casos de videovigilancia.

Mayor complejidad presentan los espacios abiertos no delimitados, por lo que resultaría necesario arbitrar propuestas alternativas para lograr un nivel razonable de información a los afectados, como la publicación en periódicos locales o en el sitio web de la organización con la información básica sobre el anuncio del vuelo (área, itinerario y duración). Asimismo, habría que informar a los afectados sobre los derechos que el RGPD le reconoce y cómo ejercitarlos en caso de capturar su imagen y/o voz. 

Habrá que tener especial cuidado cuando la captación de las imágenes pudiera revelar la ideología, afiliación sindical, religión, creencias u orientación sexual de las personas afectadas, porque son datos personales que tienen la considerados de sensibles y la sanción de la AEPD, en caso de denuncia, seguro que no es pequeña, y más si no se tuvo la cautela de advertir del uso del dron.

Si emplean drones a nivel profesional y prevén la posibilidad de captar, de forma sistemática y exhaustiva, la imagen y voz de personas físicas, pudiendo deducirse sus preferencias personales y/o comportamientos, y sobre la base de la cual se tomen medidas que produzcan efectos jurídicos que afecten significativamente a dichas personas necesariamente tienen que realizar, con carácter previo, una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales. Dicha evaluación deberá analizar si el tratamiento de los datos personales es legítimo, necesario y proporcionado, así como si cumple otros aspectos como transparencia y seguridad. Otra ventaja de la evaluación es que introduce una actuación preventiva que minimiza los posibles efectos negativos que el uso de los drones puede provocar en la esfera de la vida privada y la protección de datos de los afectados (por ejemplo, mediante la descripción de los límites geográficos y la delimitación de espacios públicos y privados).

En cualquier caso, los datos personales sólo se podrán recoger para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, borrando aquellos datos que resulten innecesarios. Además de informar, con carácter previo, a los afectados sobre el uso del dispositivo, que deberá incluir una indicación clara de quién es el responsable y las finalidades del tratamiento, así como indicaciones claras y específicas para ejercitar los derechos que reconoce el RGPD a los afectados. Sin olvidar que el responsable del tratamiento está obligado a establecer las medidas de seguridad apropiadas para minimizar los riesgos que representa el tratamiento pretendido y que los datos han de ser protegidos.

La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, que podríamos aplicar –por analogía– dispone en su artículo 6.5 que: «No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia». Creo que, tras lo expuesto, los límites quedan suficientemente claros.

A fecha de hoy, la AEPD apenas ha desarrollado este tema: una breve alusión a los drones en el punto 5.2 de la “Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades”, el Dictamen 01/2015, de 16 de junio de 2015, relativo a la utilización de drones, del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Directiva derogada por el RGPD) y un informe del gabinete jurídico tras la consulta planteada por una empresa que se definía a sí misma como “operador de drones”.

Estoy convencido que, con el tiempo, habrá resoluciones y alguna guía específica de la AEPD, e incluso sentencias si se hace un “mal uso” de estos dispositivos, pero como conclusión diría que, siempre que se usen con sentido común y con respeto hacia los demás, nos serán muy útiles y no habrá grandes problemas.

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