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JAVIER CASAL TAVASCI

Propuesta de la Comisión Europea: Ley de Resiliencia Cibernética

Todos los dispositivos electrónicos, productos y software que contienen un componente digital deben ser seguros, es decir, nuestra privacidad y la seguridad de nuestra información debe estar protegida y garantizada. Conscientes de los riesgos actuales, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Ley de Resiliencia Cibernética, conocida como Cyber ​​Resilience Act.

La propuesta, en forma de Reglamento, impone a los fabricantes y minoristas una serie de requisitos obligatorios en materia de ciberseguridad que se extenderían a lo largo del ciclo de vida del producto. La lectura que ha de hacerse de ello es que, si se advierte necesaria una norma para regular esto, es evidente que los dispositivos que usamos a diario no son seguros, y ciertamente no lo son. 

En la actualidad, el problema es doble. Por un lado, el nivel de ciberseguridad de muchos dispositivos, productos y actualizaciones de seguridad y software asociados a estos son inadecuados por insuficiencia u obsolescencia. Por otro, es manifiesta la incapacidad de las empresas y consumidores para determinar qué productos son seguros, con el añadido de que no son fáciles de configurar.

La Ley de Resiliencia Cibernética propuesta garantizaría:

  • La armonización de la normativa asociada a la comercialización de productos y software con un componente digital.
  • Un marco de requisitos de ciberseguridad que rija la planificación, el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de dichos productos con obligaciones que deben cumplirse en cada etapa de la cadena de valor.
  • Una obligación de proporcionar un deber de cuidado durante todo el ciclo de vida de dichos productos.

El reglamento complementaría a la Directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información. La norma se aplicaría a todos los productos conectados directa o indirectamente a otro dispositivo o a la Red, salvo exclusiones específicas, como software de código abierto o servicios que ya están cubiertos por las normas existentes, como es el caso de los dispositivos médicos, la aviación y los automóviles.

Es más que probable que la imposición de nuevas obligaciones a los fabricantes se traduzca en mayores costes de producción, que se repercutirán a los consumidores, pero es preferible pagar un poco más a cambio de estar protegidos. 

La pelota está en el tejado del Parlamento Europeo y del Consejo, que deberán deliberar sobre la propuesta de la Comisión. Esperemos que salga adelante y se aplique pronto.

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