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JAVIER CASAL TAVASCI

Lucha contra el abuso sexual infantil

No hay en el mundo nada más execrable que el abuso sexual infantil, propio de mentes perversas, que se agrava cuando el abuso se comparte a través de Internet.

A fin de luchar contra esta lacra, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), las Universidades de León, Groningen y Malta, la Policía de Malta y la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV) ha liderado y coordinado durante los dos últimos años el Proyecto 4NSEEK — Forensic Against Sexual Exploitation of Children, cofinanciado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea.

Los objetivos de dicho proyecto se concretan en:

  • Promover la cooperación internacional entre autoridades policiales y judiciales, proporcionando una herramienta común y organizando actividades para compartir experiencias útiles, buenas prácticas y recibir formación avanzada.
  • Establecimiento de mecanismos transfronterizos que faciliten el acceso rápido a evidencias e inteligencia incautada a través de las fronteras.
  • Establecimiento de mecanismos de apoyo a la cooperación público–privada.
  • Concienciación y prevención de este cibercrimen a través de los canales más idóneos enfocados a menores, adolescentes, familias y educadores.
  • Provisión gratuita de la herramienta forense 4NSEEK a las FCSE participantes en el proyecto, así como a cualesquiera otras interesadas.

El proyecto 4NSEEK posee un marcado carácter innovador. La solución tecnológica desarrollada hace uso de técnicas y herramientas avanzadas en análisis forense, utilizando, por ejemplo, algoritmos de visión artificial y aprendizaje automático en sus analizadores multimedia.

El INCIBE ha desarrollado, también, una campaña de sensibilización sobre el abuso y explotación sexual contra menores en Internet, cuyos recursos pueden encontrar haciendo clic aquí.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el día 25 de junio de 2021, ha modificado la regulación del delito de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años, que se regula en los arts. 183, 183 bis, 183 ter y 183 quater del Código Penal.

El tipo penal básico aparece regulado en el apartado uno del artículo 183, que castiga con pena de prisión de dos a seis años a quien realice actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años. Si los hechos se cometen empleando violencia o intimidación contra el menor, el responsable será castigado con pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán si mediando violencia o intimidación se compeliere u obligare a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo.

Nos encontramos con un tipo cualificado en el apartado tres del artículo 183, consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El responsable será castigado con pena de prisión de ocho a doce años, en caso de atentar contra la indemnidad sexual del menor, y con pena de doce a quince años en caso de que se ejerza violencia o intimidación sobre el menor. Por “indemnidad sexual” del menor se entiende el “derecho del menor a no sufrir injerencias no deseadas en una esfera de la intimidad tan exclusiva para su persona, manteniéndose incólume el desarrollo de su personalidad, fuera de tales influencias externas” (TS, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 524/2020, de 16 de octubre, RC 3959/2018). No se exige un ánimo lidibinoso en el sujeto activo. Basta el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica la conciencia de afectación del bien jurídico protegido.

Por su parte, el apartado cuatro del artículo 183 dispone que las conductas previstas en el artículo 183 apartados uno, dos y tres serán castigadas con las penas de prisión correspondientes en su mitad superior en caso de que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
  2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
  3. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
  4. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
  5. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
  6. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

Además de la pena de prisión, si el culpable se hubiere prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

El artículo 183 bis castiga con pena de prisión de seis meses a dos años a quien, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos. La pena de prisión se eleva de uno a tres años si la víctima se viera obligada a presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera participado en ellos.

Para incurrir en este delito no es necesario el contacto físico entre agresor y víctima. El artículo 183 ter castiga con pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses a quien a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años para concertar un encuentro a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189 del Código Penal, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

Asimismo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años quien a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años para embaucarle y facilitarle material pornográfico o imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Lo que no se entiende es que se permita el acceso libre y gratuito a la pornografía en Internet y que las autoridades no pongan límites a dichos portales. Tampoco se entiende que no se impongan penas más severas, así como la obligatoriedad de realizar en prisión un programa de tratamiento o reeducación sexual que, en la actualidad, tienen carácter voluntario. Si tiene curiosidad por conocer el contenido de dichos programas haga clic aquí.

Por último, el artículo 183 quater dispone que “el consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del artículo 193.2 del Código Penal excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Les dejo enlazada aquí la Circular 1/2017, de 6 de junio, que resume la doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre la interpretación del artículo 183 quater del Código Penal.

Para concluir, he de advertirles que el artículo 259 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la siguiente obligación: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas”. Al cambio en euros, la multa es de quince céntimos y un euro con cincuenta céntimos, que es irrisoria, si bien no lo era en el año 1882. No obstante, la sanción a quien no denuncie puede ser elevada si es imputado por un delito de omisión del deber de impedir delitos previsto en el artículo 450.1 del Código Penal, que dispone: “El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél”. El apartado segundo añade: “En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia”.

Más allá del deber legal, tenemos el deber moral, de denunciar la comisión de cualquier atrocidad contra menores e incapaces; por ello, no duden, ni por un momento, en denunciar los hechos a las FCSE a través de las siguientes vías:

https://www.policia.es/_es/denuncias.php

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/FormasContacto.html

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