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JAVIER CASAL TAVASCI

TikTok y Estados Unidos

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha prohibido a su personal que se descargue TikTok en los teléfonos de trabajo, ordenando que desinstalen la aplicación si la han descargado, ante la sospecha de espionaje por parte del gobierno chino.

El tema no es nuevo. Viene de bastante lejos. Durante el mandato presidencial de Donald Trump se impulsó la posibilidad de que Microsoft comprara a ByteDance el servicio de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Según el comunicado oficial de Microsoft, la compañía se aseguraría que «todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en los Estados Unidos». En la medida en que dichos datos estén almacenados fuera de los Estados Unidos, Microsoft se aseguraría «de que estos datos se eliminen de los servidores fuera del país después de que se transfieran».

Las negociaciones entre Microsoft y ByteDance no llegaron a buen puerto. No se conocen las razones por las que la operación de compra y venta fracasó, pero que el gobierno de China tenga la posibilidad de vetar la exportación de tecnologías de Inteligencia Artificial, puede ser una razón. 

Iniciativa conjunta de republicanos y demócratas

El 13 de diciembre de 2022 el Senador republicano por Florida, Marco Rubio, presentó en el Senado de los Estados Unidos, con el apoyo de representantes del Partido Republicado y el Partido Demócrata, un proyecto de ley con el objetivo de «proteger a los estadounidenses de la amenaza que representan ciertos adversarios extranjeros que utilizan compañías de redes sociales actuales o futuras que esos adversarios extranjeros controlan para vigilar a los estadounidenses, conocer datos confidenciales sobre los estadounidenses o difundir campañas de influencia, propaganda y censura». Un momento, ¿no les recuerda al escándalo de Cambridge Analytica que implicó la compra de datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para su uso en publicidad política?.  

El referido proyecto –que dejo enlazado aquí— es conocido como Ley ANTISOCIAL del PCCh (Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act o, en español, Ley para Evitar la Amenaza Nacional de la Vigilancia en Internet, la Censura e Influencia Opresiva y Aprendizaje Algorítmico por parte del Partido Comunista Chino»).

La ley facultaría al Presidente de los Estados Unidos para bloquear y prohibir todas las transacciones, bienes e intereses ubicados en los Estados Unidos de empresas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

En caso de ser aprobada, la ley se aplicaría a cualquier «compañía de medios de comunicación social» que opere, directa o indirectamente, un sitio web, una aplicación de escritorio o móvil a través de su empresa matriz, subsidiarias o afiliadas, que:

  • Permita que una persona o entidad cree una cuenta o perfil con el fin de generar, compartir y ver contenido generado por el usuario a través de dicha cuenta o perfil.
  • Permita que otros usuarios del sitio web o aplicación puedan ver dicho contenido.
  • Venda espacios publicitarios digitales.
  • Permita a los usuarios publicar reseñas de productos, comerciales o información y reseñas. 
  • Proporcione servicios de alerta de emergencia.
  • Tenga más de 1.000.000 de usuarios activos mensuales durante los 12 meses anteriores.

Conclusión

Está muy bien que el Gobierno de los Estados Unidos, los Senadores y los Congresistas se preocupen por la seguridad y privacidad de los datos personales de los ciudadanos de los Estados Unidos, si bien cabría esperar la misma preocupación por los datos del resto de ciudadanos del mundo cuando estos se transfieren a los Estados Unidos.

Recordemos el precario sistema de transferencia de datos personales que tenemos, en la actualidad, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que explico aquí, y el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara la «Decisión de Puerto Seguro» en la Sentencia Schrem I y el «Escudo de la privacidad UE–EEUU» en la Sentencia Schrem II.

En dichas sentencias, el TJUE censura que las autoridades norteamericanas, incluidos los servicios de inteligencia, puedan acceder a los datos personales de ciudadanos no estadounidenses, amparándose en razones de seguridad nacional, con el añadido de que los ciudadanos de la Unión no tienen acceso a los mismos recursos de los que disponen los nacionales estadounidenses contra el tratamiento de sus datos personales por parte de las autoridades estadounidenses, ya que la Cuarta IV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara a los ciudadanos de la vigilancia ilegal, no es aplicable a los ciudadanos de la Unión Europea.

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