Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, junto con Greg Casar, congresista demócrata por Texas, anunciaron el 3 de septiembre de 2026 la propuesta de Ban Artificial Superintelligence Act (Ley de Prohibición de la Superinteligencia Artificial). Se trata de una iniciativa que pretende impedir que las grandes empresas tecnológicas desarrollen sistemas de IA que escapen al control humano.
La propuesta parte de la premisa de que una IA con capacidades muy superiores a las humanas podría poner en riesgo la seguridad, la libertad e incluso la vida de las personas. Por ello, plantean una prohibición permanente del desarrollo y despliegue de sistemas de superinteligencia artificial en Estados Unidos, al tiempo que instan al país a promover acuerdos internacionales que eviten su desarrollo en cualquier parte del mundo.
La iniciativa define la “superinteligencia artificial” de forma amplia. Incluiría sistemas capaces de igualar o superar el rendimiento cognitivo humano en una gran variedad de dominios y tareas, así como aquellos con capacidad para planificar o ejecutar acciones que priven de poder a la humanidad, entre ellas el derrocamiento, la manipulación o el debilitamiento del Gobierno de Estados Unidos. También contempla capacidades consideradas especialmente peligrosas, como eludir órdenes de apagado, resistirse a la desactivación o actuar de forma autónoma a pesar de recibir instrucciones humanas contrarias.
Agencia federal de IA
La propuesta contempla la creación de una agencia federal de rango ministerial encargada de supervisar el desarrollo de la IA.
Entre sus funciones principales figurarían:
- Vigilar los sistemas de IA de frontera (los modelos más avanzados y con mayor potencial de riesgo).
- Identificar y ordenar la eliminación de capacidades peligrosas.
- Supervisar la destrucción de cualquier sistema que alcance el umbral de superinteligencia establecido por la ley.
- Elaborar normas, mecanismos de control y criterios técnicos para detectar desarrollos prohibidos.
- Contar con el asesoramiento de un consejo de expertos en IA, seguridad tecnológica, derecho, economía y otras áreas relevantes.
Mientras esa estructura institucional no esté plenamente operativa, Sanders y Casar proponen una pausa temporal en el desarrollo de la IA avanzada. El objetivo es evitar que la carrera comercial y geopolítica por crear modelos cada vez más potentes avance más rápido que la capacidad del Estado para evaluarlos, regularlos y, si fuera necesario, detenerlos.
Sanciones severas
La propuesta contempla castigos especialmente duros. Las empresas que incumplan la prohibición podrían enfrentarse a la llamada “pena de muerte corporativa”, es decir, a su disolución legal. Las personas físicas implicadas podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión. El propósito es que el coste de desarrollar o desplegar una superinteligencia ilegal sea lo suficientemente alto como para disuadir tanto a las grandes compañías tecnológicas como a sus directivos, investigadores e inversores.
Dimensión internacional
Sanders y Casar insisten en la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales. Argumentan que una prohibición limitada a Estados Unidos sería insuficiente si otros países, empresas o actores no estatales continúan desarrollando sistemas superinteligentes.
La iniciativa aspira a impulsar un marco global comparable al de otros tratados sobre tecnologías de alto riesgo. El principal desafío consistiría en crear mecanismos de supervisión y verificación capaces de detectar, controlar y frenar desarrollos peligrosos más allá de las fronteras estadounidenses.
Conclusión
La propuesta de Sanders y Casar tiene escasas probabilidades –por no decir ninguna– de convertirse en ley. La oposición de las grandes tecnológicas, junto con el temor a que una prohibición de este alcance perjudique a Estados Unidos frente a otras potencias, previsiblemente dificultará cualquier avance legislativo.
Aun así, la iniciativa anticipa un debate que probablemente ganará peso en los próximos años: la necesidad de establecer límites internacionales al desarrollo y uso de la IA. Del mismo modo que la comunidad internacional creó acuerdos para contener los riesgos asociados a la energía nuclear, es razonable pensar que la IA acabará exigiendo tratados, mecanismos de supervisión y compromisos compartidos entre países.
