Spirit Airlines era una aerolínea estadounidense de ultra bajo costo que cesó todas sus operaciones el 2 de mayo de 2026 tras declararse en quiebra y verse obligada a liquidar sus activos. Entre ellos figuraba un conjunto de datos empresariales que incluía aproximadamente 100 millones de cuentas de correo electrónico, 500 millones de mensajes y registros de Microsoft Teams, más de 17 millones de archivos de OneDrive, más de 20 millones de elementos de SharePoint, etc.
Google ganó la subasta concursal celebrada el 14 de agosto de 2026 por 10 millones de dólares. Su objetivo declarado es utilizar esos datos para el desarrollo de productos y el entrenamiento de sus modelos de IA.
Entre la información de la compañía se encuentran numerosos datos personales: perfiles de millones de clientes, datos del programa de fidelización Free Spirit, información sobre tarjetas de crédito, entre otros. Estos datos quedaron excluidos de la venta, pero la operación suscitó una fuerte oposición, en particular por parte del sindicato Association of Flight Attendants-CWA, que representa a más de 5.500 auxiliares de vuelo de la compañía. El sindicato presentó una objeción ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York argumentando que las medidas previstas podrían no proteger suficientemente la información confidencial de los trabajadores.
En julio de 2026, el Fideicomisario de Estados Unidos, organismo de supervisión del sistema de quiebras del Departamento de Justicia, designó a un defensor del consumidor independiente en relación con la venta de activos de Spirit Airlines.
A mediados de septiembre de 2026, la operación sigue pendiente de una resolución judicial definitiva que permita la transferencia de los datos a Google como ganador de la subasta judicial.
Conclusión
Este caso pone de relieve una tendencia creciente: las grandes tecnológicas están dispuestas a pagar sumas considerables por los restos digitales de empresas quebradas y a convertir los archivos internos de compañías desaparecidas en materia prima para desarrollar y entrenar sistemas de IA. Ello plantea serias dudas sobre la licitud de los tratamientos posteriores, la eficacia real de las técnicas de desidentificación, la información a los afectados y la tutela de datos especialmente sensibles.
