Los fiscales generales de los estados de Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska y Virginia Occidental presentaron el 14 de octubre de 2026 las demandas enlazadas contra OpenAI ante tribunales estatales.
Las demandas comparten un argumento central: OpenAI habría priorizado el crecimiento y los beneficios sobre la seguridad de los usuarios. Según los fiscales generales, ChatGPT estaría diseñado para resultar excesivamente complaciente y generar confianza en el usuario, lo que podría reforzar delirios, fomentar conductas peligrosas, ofrecer consejos médicos inadecuados y, en algunos casos, orientar o validar ideas de autolesión o violencia.
Los fiscales generales sostienen que OpenAI no habría advertido suficientemente de los riesgos de su chatbot, ni implementado medidas de protección adecuadas, pese a saber que había menores de edad y personas vulnerables entre sus usuarios.
Algunos estados solicitan que se obligue a OpenAI a modificar el funcionamiento del ChatGPT y a devolver los beneficios obtenidos de usuarios menores de edad. Las peticiones de mayor alcance, como las de Arkansas, incluyen limitar el desarrollo de modelos avanzados o capaces de mejorarse a sí mismos hasta que se acredite la existencia de salvaguardas suficientes.
Estas demandas se suman a otras acciones anteriores, como la presentada por el estado de Florida en junio de 2026 por motivos similares, y a los litigios promovidos por familias afectadas.
Conclusión
En la Unión Europea tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial –del que tanto presumen las autoridades comunitarias como marco regulador de la IA–, pero –en la práctica– son las resoluciones de los tribunales estadounidenses las que están cambiando los algoritmos y obligando a las empresas a proteger a los usuarios. Por eso debemos fijar la mirada en Estados Unidos.
