Según un reportaje exclusivo de POLÍTICO del 16 de octubre de 2026, representantes de Anthropic presentaron discretamente a legisladores del Congreso de Estados Unidos un borrador de propuesta legislativa para regular la seguridad de la IA de vanguardia (frontier AI).
El documento, que es confidencial, se enmarca en las propuestas recogidas en el Advanced AI Framework de Anthropic, un marco que la compañía lleva defendiendo antes legisladores federales y estatales desde junio de 2026. Este contempla obligaciones de evaluación, transparencia, participación de evaluadores externos y supervisión gubernamental para los desarrolladores de los modelos más avanzados.
La propuesta permitiría al Gobierno federal bloquear el lanzamiento o el uso de un modelo únicamente si este presenta un «riesgo previsible e inminente» de causar daños superiores a 1.000 millones de dólares, o la muerte o lesiones graves a más de 50 personas. Estos daños deberían derivarse de la creación o liberación de un arma biológica, de la pérdida de control sobre el modelo por parte de su desarrollador o de un ciberataque.
Según informa el medio digital, el borrador contempla la existencia de evaluadores independientes inscritos en un registro del Departamento de Comercio, que se encargarían de evaluar periódicamente los laboratorios y sus modelos de vanguardia. Si los evaluadores determinaran que los modelos presentan un «riesgo inminente enumerado» deberían comunicarlo al Departamento de Comercio en un plazo de 72 horas desde la finalización de la evaluación.
El Departamento de Comercio podría solicitar a un juez federal, concretamente, del Tribunal de Distrito de Columbia, que impidiera el lanzamiento o el uso de un modelo tras determinar ese riesgo. Sin embargo, el texto prohibiría expresamente que cualquier otro departamento, agencia o funcionario federal suspendiera su desarrollo, despliegue o uso interno del modelo.
La propuesta de Anthropic desplazaría la aplicación de determinadas leyes estatales sobre IA. Esta prevalencia de la legislación federal sobre la estatal ha generado controversia en el Congreso, donde sectores demócratas han mostrado reticencias por temor a que dejara sin efecto normas más estrictas aprobadas por estados como California, Illinois y Nueva York.
La propuesta también exigiría a los laboratorios que desarrollan IA de vanguardia que elaboraran marcos de seguridad, publicaran informes de transparencia sobre sus nuevos modelos, adoptaran medidas de protección para los denunciantes y notificaran al Departamento de Comercio los incidentes críticos de seguridad.
Otras iniciativas
En la Cámara de Representantes, los congresistas Lori Trahan (demócrata por Massachusetts) y Jay Obernolte (republicano por California) presentaron el 23 de julio de 2026 el FRONTIER ACT. Esta iniciativa bipartidista permitiría al Gobierno federal restringir el lanzamiento y el uso de modelos de IA que presenten riesgos catastróficos, establecería requisitos escalonados de transparencia, auditorías independientes e informes de incidentes, y dejaría sin efecto determinadas normas estatales centradas en riesgos catastróficos (con excepciones en áreas como protección infantil o privacidad).
En el Senado, el líder de la mayoría, John Thune, la senadora Amy Klobuchar (demócrata por Minnesota) y Ted Cruz (republicano por Texas) negocian propuestas legislativas para reducir los riesgos catastróficos de la IA (especialmente, biológicos y nucleares). Sin embargo, grupos centrados en la seguridad de esta tecnología consideran que las medidas que proponen son insuficientes y reclaman una mayor intervención del Gobierno en la evaluación de los modelos, incluida la evaluación obligatoria por laboratorios nacionales y agencias de seguridad.
Por su parte, el representante Greg Casar (demócrata por Texas) y el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont), van más allá: en septiembre de 2026 presentaron el Ban Artificial Superintelligence Act, que propone una pausa temporal en el desarrollo de IA avanzada hasta que se establezca un regulador federal, la prohibición permanente de la superinteligencia y la creación de un departamento federal de nivel ministerial dedicado a la IA, con penas severas (incluido el castigo de muerte corporativa para personas jurídicas y hasta 20 años de prisión para personas físicas).
Conclusión
No cabe duda que una norma federal clara y uniforme es preferible a 50 leyes estatales diferentes que solo generan incertidumbre, así que cualquier iniciativa en este sentido es digna de valorar.
El problema de la propuesta de Anthropic es el umbral de catástrofe para bloquear el lanzamiento o el uso de un modelo: daños superiores a 1.000 millones de dólares o muerte o lesiones graves a más de 50 personas. El listón económico es extraordinariamente alto y el humano plantea una pregunta inevitable: ¿acaso la vida y la integridad de un número menor de personas no merecen también protección?
