El nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Luis Schreiner, afirmó ante el pleno del Senado, durante la sesión celebrada el 9 de noviembre de 2026 en la que se le dio el acuerdo constitucional para el cargo, que el negocio de los dueños de Ueno Bank no era bancario, sino capturar datos biométricos de millones de personas para armar una base de datos del país y luego hacer negocios.
La cita textual fue: «Su negocio no es bancario, es capturar millones de datos biométricos de las personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios con la base. Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos». En el siguiente vídeo encontrarán la cita en los minutos 3:20 a 3:20:42.
Las declaraciones de Schreiner coinciden con advertencias previas sobre la recolección masiva de datos biométricos por parte del grupo Ueno. En 2025, la senadora Lilian Samaniego presentó un proyecto de ley para prohibir que determinadas organizaciones obliguen a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos, por ejemplo, para acceder a eventos. Según la senadora, para ingresar a la Expo 2025 se exigía a los visitantes registrarse en la aplicación “Tutti” de Ueno Bank, compartiendo datos personales, incluidos datos biométricos, y la cédula de identidad.
El BCP intervino Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026. La medida congeló los depósitos de casi la mitad de la población, provocó protestas y precipitó la caída del presidente de la nación Santiago Peña. Schreiner fue propuesto por el nuevo mandatario, Pedro Alliana, para sustituir a Carlos Carvallo, quien renunció al cargo, tras ser imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos publicos de contenido falso y administracion en provecho propio.
Conclusión
En la banca en línea se ha normalizado que, para abrir una cuenta, el usuario deba subir una fotografía de su documento de identidad, realizar un “selfie” y esperar una videoconferencia con el banco para verificar su identidad.
En ese caso, los datos se utilizan para prevenir fraudes y se solicitan como requisito para acceder a un servicio bancario. La señal de alerta surge cuando la recolección de datos es desproporcionada, se exige para acceder a servicios ajenos a la actividad bancaria o cuando no existen políticas claras sobre el uso de la información y el plazo de conservación.
