El Tribunal de Cuentas en el Informe de la fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018 (Informe nº 1.537) advierte que la Agencia Española de Protección de Datos no debería utilizar como parte de su presupuesto el dinero que recibe del pago de las multas que ella misma impone.
En el Informe nº 1.340 del ejercicio anterior, el Tribunal de Cuentas instaba a la AEPD ha promover una modificación de su sistema de presupuestación y financiación para evitar que los ingresos por multas sean considerados recursos propios. La idea es que dichos recursos pasen a ser titularidad del Tesoro Público y que éste se encargue de la gestión de cobro y contabilización, al igual que ocurre con otros organismos independientes como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La AEPD viene argumentando que el sistema de financiación actual es adecuado, partiendo de la independencia funcional del ente y de su naturaleza como autoridad administrativa independiente.
El 10 de diciembre de 2020, la Comisión Mixta Congreso–Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó una resolución en relación al Informe nº 1.340, en la que instaba al Gobierno a «realizar un estudio de viabilidad para el cambio en la presupuestación y financiación de la Agencia Española de Protección de Datos, que sin perder independencia, mejore y clarifique la contabilidad presupuestaria». Hasta la fecha, el Gobierno no ha movido ficha.
Conclusión
En su Memoria de 2022, la AEPD afirma que su cuenta en el Banco de España ascendía en el cierre del ejercicio a 18,8 millones de euros. La AEPD ha logrado reunir esa cantidad en menos de dos años, ya que en 2020 la Agencia Tributaria le pidió que traspasara al Tesoro Público los 21 millones que almacenaba en ella para hacer frente a los gastos de la pandemia.
El hecho de que la AEPD se autofinancie, a través de las sanciones económicas que ella misma impone, es una anomalía que puede incitar a un afán recaudatorio desmedido.
