La grabación de consultas médicas es una práctica cada vez más común, aunque no se limita únicamente al ámbito médico; otros profesionales, como los abogados, también enfrentan esta situación. Aunque estas grabaciones generan incomodidad entre los profesionales, no son ilegales. Cabe recordar que cuando la grabación involucra a dos interlocutores, no se requiere un consentimiento expreso. Sin embargo, el uso de dichas grabaciones debe restringirse al ámbito privado del paciente y, en casos excepcionales, pueden presentarse como prueba en un proceso judicial, por ejemplo, para denunciar una negligencia profesional. En ningún caso está permitido difundirlas sin la autorización expresa de las personas involucradas.
La Xunta de Galicia, haciéndose eco del malestar del colectivo, propone prohibir las grabaciones sin consentimiento explícito del facultativo. En el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de Galicia —que se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación— se introduce una novedad:
Si el médico detecta que se está grabando sin su autorización expresa podrá declarar rota la relación de confianza y suspender la asistencia, derivando al paciente a otro profesional; pero nada impide que el paciente repita la conducta con sucesivos médicos. ¿Y si todos los facultativos se niegan? ¿Quedará el paciente sin atención sanitaria, vulnerado el derecho fundamental a la protección de la salud (art. 43 CE)?
A lo anterior, se une una dificultad práctica que puede jugar en contra del facultativo: ¿cómo prueba el médico que el paciente le estaba grabando? ¿Y si el paciente lo niega?
Conclusión
Los médicos se sienten vigilados, expuestos y vulnerables, y es comprensible su malestar, pero el paciente tiene derecho a registrar lo que se le dice para su seguridad, memoria o defensa.
La grabación propia es un derecho fundamental que difícilmente puede una comunidad autónoma restringir mediante una ley ordinaria, sin colisionar con la normativa estatal y la jurisprudencia constitucional (STC 114/1984, entre otras).
La propuesta es bienintencionada y responde a una necesidad real de protección de los médicos, pero plantea más interrogantes que soluciones y corre el riesgo de ser recurrida.
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