China puso en marcha el 1 de febrero de 2026 el Decreto nº 823 del Consejo de Estado por el que se aprueba el Reglamento sobre la Promoción de la Lectura para Todos. Detrás de sus seis capítulos y 45 artículos hay una verdad incómoda.
El reglamento, firmado por el primer ministro Li Qiang y publicado en diciembre de 2025, establece un marco integral para fomentar la lectura en todo el país. Su artículo 1 define el propósito con claridad: «Promover la lectura en todo el país, impulsar la construcción de una sociedad amante de los libros, mejorar la calidad ideológica y moral y la alfabetización científica y cultural de toda la nación, elevar el nivel de civilización de toda la sociedad y promover la construcción de un poder cultural socialista».
Más allá de las bibliotecas tradicionales, el reglamento subraya la importancia de diversificar los “espacios de lectura” en todo el territorio, incorporando centros comunitarios, palacios culturales obreros y centros para jóvenes, mujeres, niños y personas mayores, así como nuevos espacios públicos adaptados a las necesidades de la ciudadanía.
La regulación también impulsa el uso de nuevas tecnologías para ampliar el alcance de la lectura: la digitalización de contenidos, la creación de productos interactivos y el desarrollo de servicios adaptados a colectivos específicos, como personas mayores o con dificultades visuales. El fomento de formatos como audiolibros, ediciones de letra grande, braille y versiones electrónicas forma parte de esta estrategia de inclusión.
Se priorizan expresamente las zonas rurales, las regiones de minorías étnicas, las áreas fronterizas y los territorios históricamente rezagados. No se trata de un gesto simbólico: incluye planes específicos de lectura y la obligación de adaptar los contenidos editoriales a las necesidades de esas comunidades.
Para sostener esta estructura, la norma obliga a los gobiernos locales a incluir en sus presupuestos los fondos necesarios. Para los funcionarios que incumplan este mandato se prevén sanciones, incluyendo responsabilidades por negligencia o malversación de fondos.
El reglamento promueve la lectura digital de calidad y exige a las plataformas gestionar sus contenidos de forma responsable. En este sentido, el artículo 17 alienta el desarrollo de nuevas tecnologías y formatos para ampliar el alcance de la lectura. La idea no es reemplazar el libro físico, sino rodear al ciudadano de oportunidades lectoras en todos los soportes posibles.
Conclusión
Promover la lectura es una excelente noticia, tanto en papel como en formato digital. También es destacable la creación de bibliotecas y centros culturales, y constituye una línea de actuación replicable en otros países, pero no debemos ignorar el contexto.
El artículo 2 del reglamento es explícito: la promoción de la lectura debe guiarse por el Pensamiento de Xi Jinping y los valores socialistas fundamentales. El artículo 14 encarga a las autoridades promover publicaciones en los campos de las “teorías innovadoras del Partido”. El artículo 15 exige que quienes promuevan la lectura “defiendan los valores socialistas fundamentales”.
Estamos, por tanto, ante una política pública de fomento lector que incorpora, desde su artículo 2, un criterio ideológico. El acceso a la lectura se amplía, sí, pero dentro de un marco que define qué es adecuado leer y quién puede orientar esa lectura. Ello no invalida sus aspectos positivos, pero sí obliga a interpretarlo con matices.
