El uso de la inteligencia artificial en entornos jurídicos está transformando la práctica del derecho, pero no está exenta de riesgos, especialmente cuando se emplean modelos de IA de uso general.
El acceso a la inteligencia artificial no es exclusivo de las grandes firmas, si bien estas disponen de herramientas específicas y más avanzadas para el sector legal. Mientras que los despachos pequeños suelen emplear modelos de IA de uso general, como ChatGPT, grandes firmas como Uría, Garrigues, Cuatrecasas o Pérez-Llorca están incorporando modelos más sofisticados y especializados, como Harvey o Leya, diseñados para manejar grandes volúmenes de datos jurídicos y adaptarse a las necesidades particulares de cada despacho. Cabe pensar que, con el tiempo, estas soluciones se abaratarán y permitirán a los despachos más modestos acceder a ellas en condiciones similares, como paso con las bases de datos de jurisprudencia.
Una ventaja de los modelos más avanzados es que funcionan en entornos controlados o cerrados, garantizando la confidencialidad de la información que se emplea para entrenar al modelo. Esto no pasa con los modelos de IA de uso general y hemos de tener mucho cuidado.
Propuesta de la Corte Suprema de Arkansas
El Comité de Automatización de la Corte Suprema de Arkansas publicó el 5 de junio de 2025 una propuesta de nueva Orden Administrativa nº 25 sobre Inteligencia Artificial que podría redefinir el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial del estado de Arkansas.
La propuesta advierte a todos los participantes del sistema judicial que deben tener en cuenta lo siguiente al ingresar datos de clientes o del tribunal en cualquier sistema electrónico que genere respuestas o inteligencia artificial generativa (IAG):
- Algunas herramientas de IAG retienen los datos ingresados en su sistema y los utilizan para desarrollar sus grandes modelos de lenguaje (MLL).
- Quien ingrese información confidencial o sellada en una IAF debe verificar si el sistema retiene y reutiliza dichos datos.
- La divulgación intencional o inadvertida de información confidencial puede violar las normas establecidas:
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- La Orden Administrativa n° 19 de la Corte Suprema de Arkansas, que limita el acceso a ciertos registros y datos judiciales.
- El Código de Arkansas, que contiene numerosas leyes que limitan el acceso a ciertos registros y datos judiciales.
- Las Reglas de Conducta Profesional de Arkansas.
- El Código de Conducta Judicial de Arkansas.
- Otras normas aplicables al personal judicial.
La propuesta hace responsable a la Oficina Administrativa de los Tribunales del mantenimiento de varios sistemas de gestión judicial para los tribunales estatales, incluyendo la gestión de casos, la presentación electrónica, el pago en línea, la gestión del jurado y otros. Se propone prohibir a las siguientes personas exponer intencionalmente los datos internos de los tribunales estatales a una IAG: el personal de la Oficina Administrativa de los Tribunales; todos los secretarios judiciales y su personal de distrito, circuito y de apelaciones; y cualquier otra persona con acceso a CourtConnect interno.
Como excepción, la propuesta acuerda que cualquier persona sujeta a la mencionada prohibición puede solicitar la aprobación del Comité de Automatización de la Corte Suprema para participar en un proyecto de investigación y análisis relacionado con el uso de herramientas de IA generativa e IA general en beneficio de los tribunales estatales. En este sentido, se autorizaría a la División CIS a realizar dichas investigaciones y análisis en beneficio de los tribunales estatales.
Conclusión
Con las herramientas de IAG, tengamos siempre presente el deber de confidencialidad que, a través del secreto profesional, nos obliga a los operadores jurídicos.
En el caso de España, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 28 de enero de 2026 la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. A su vez, el Consejo General de la Abogacía y Ilustre Colegio de Abogados de Valencia aprobaron el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía.
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