La Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales, a excepción de la Ertzaintza, cuya base de datos no está conectada con el resto, tendrán a su disposición el sistema eABIS (Automated Biometric Identification System) que permite la identificación biométrica automática de personas, basada en el algoritmo Cogent de la compañía francesa Thales.
Se trata de una solución escalable y personalizable que permite realizar una variedad de tareas para procesar, editar, buscar, recuperar y almacenar imágenes de huellas dactilares, huellas de la palma de la mano, rostro e iris. El sistema tiene múltiples usos, como la investigación forense, la verificación de identidades a partir de vídeos, el control de fronteras, etc.
En el siguiente vídeo encontrarán una explicación detallada del sistema ofrecida por la compañía que lo desarrolla.
Actualmente, el algoritmo en el que se basa el sistema se nutre de los datos biométricos de detenidos y sospechosos que ya estaban fichados, pero quien sabe si, en un futuro, no estaremos todos en dicha base de datos.
El llamado «DNI Europeo» o «DNI Electrónico 4.0» incorpora un chip que permite almacenar datos personales del titular, en concreto, la huella dactilar, la firma y una imagen facial que permitirá a las FCS cotejarla automáticamente con un vídeo, por citar un ejemplo.
En noviembre de 2021, un ciudadano alemán solicitó a la ciudad de Wiesbaden la expedición de un nuevo documento nacional de identidad que no incluyera en el chip una imagen de sus impresiones dactilares. Rechazaron su solicitud, al considerar contrario a derecho la expedición del documento identificativo sin la imagen de la impresión dactilar, pues desde el 2 de agosto de 2021 el Reglamento 2019/1157 establece la obligación de incluir en el chip de los nuevos documentos de identidad dicha imagen.
El interesado recurrió la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso–Administrativo de la ciudad de Wiesbaden. El Tribunal albergaba dudas sobre el carácter obligatorio de la medida, así que planteo una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El alto tribunal comunitario admite que la toma y conservación de las huellas dactilares «constituyen una vulneración de los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal», pero justifica tales medidas por motivos de seguridad, al tiempo que afirma que existen «medidas suficientes y adecuadas que garantizan que la recogida, el almacenamiento y la utilización de identificadores biométricos queden protegidos frente a usos inapropiados y abusivos».
El uso del sistemas de identificación biométrica remota (reconocimiento facial) en tiempo real en espacios de acceso público, inicialmente, fue vetado por el Parlamento Europeo que votó una resolución en su contra, si bien no era vinculante. Otros organismos comunitarios, como el Comité Europeo de Protección de Datos o el Supervisor Europeo de Protección de Datos, también se oponían a su uso en espacios públicos.
El 13 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial. Al final, terminó cediendo a las presiones de algunos gobiernos, admitiendo el reconocimiento facial masivo para: la búsqueda selectiva de posibles víctimas de un delito, incluidos menores desaparecidos; la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas o de un atentado terrorista; la detección, la localización, la identificación o el enjuiciamiento de la persona que ha cometido o se sospecha que ha cometido alguno de los delitos mencionados en el artículo 2 apartado 2 de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, para el que la normativa en vigor en el Estado miembro implicado imponga una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de tres años.
Conclusión
Nos espera un futuro rodeado de videocámaras que pondrán en entredicho nuestra privacidad, más de lo que ya está.
