El Gobierno del Reino Unido anunció su intención de prohibir el acceso a las principales redes sociales a los menores de 16 años. La medida, respaldada por las facultades de la Ley de Bienestar Infantil y de Escuelas (Children’s Wellbeing and Schools Act) y la Ley de Seguridad en línea (Online Safety Act), entrará en vigor en la primavera de 2027. En principio, los servicios de mensajería privada como WhatsApp o Signal quedarían excluidos de esta restricción.
Para hacerla efectiva, la normativa obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad efectivos. Esto incluye métodos como la presentación de documentos oficiales de identidad, selfies combinados con análisis facial mediante inteligencia artificial, escaneo biométrico y otros mecanismos avanzados de estimación de edad.
Una medida desproporcionada
Existen alternativas menos intrusivas que podrían conseguir los mismos objetivos sin imponer una verificación de identidad generalizada a toda la población, por ejemplo:
- Reforzar los controles sobre contenidos específicos (bloqueo efectivo de pornografía mediante sistemas de pago).
- Endurecer la difusión de violencia extrema.
- Limitar funcionalidades particularmente adictivas o peligrosas, como el scroll infinito o el contacto con desconocidos para los menores.
- Mejorar la educación digital.
- Reformar los controles parentales.
Conclusión
Nadie cuestiona el objetivo declarado: proteger a los menores de la adicción, el acoso, la exposición a contenidos pornográficos o violentos y otros riesgos reales de las redes sociales, pero la forma elegida para alcanzar ese objetivo genera serias dudas. La medida implica la instauración generalizada de sistemas de verificación de identidad que obligarán a las grandes plataformas a recopilar y procesar volúmenes masivos de datos altamente sensibles: identidad real, rasgos faciales, información biométrica y patrones de comportamiento.
Este enfoque no solo amplía la capacidad de las grandes tecnológicas para perfilar a los usuarios, sino que también incrementa los riesgos inherentes a cualquier sistema de vigilancia masiva: posibles brechas de seguridad, uso indebido de datos sensibles, censura selectiva y una erosión progresiva de nuestra privacidad.
