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JAVIER CASAL TAVASCI

¿Cómo actúa la autoridad de control en los casos de reclamación por infracción de la normativa?

Formular una reclamación ante la autoridad de control, entiéndase Agencia Española de Protección de Datos (en el caso de Cataluña, la Autoridad Catalana de Protección de Datos; en el del País Vasco, la Agencia Vasca de Protección de Datos; y en el de Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía) es sencillo.

La reclamación se puede presentar por vía telemática, que pueden encontrar haciendo clic aquí, o por carta certificada con acuse de recibo (acuérdese de que el empleado de la oficina de Correos le selle una copia de la reclamación, lo que equivaldrá a su registro de entrada en la autoridad de control).

La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) regula en sus arts. 63 a 69 los “procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos” que comprenden, por un lado, la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, por otro, el “procedimiento sancionador” para el caso de posible infracción de dicha normativa.

Si estamos en el primero de los casos, es decir, falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en el RGPD, la autoridad de control tiene un plazo para resolver la reclamación de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido dicho plazo, sin resolución expresa, el reclamante puede considerar estimada su reclamación.

Si la reclamación es estimada, de forma expresa o por silencio administrativo, la autoridad de control apercibirá al responsable del tratamiento para que permita el ejercicio del derecho al reclamante y, en atención a la gravedad del caso, puede llegar a sancionarle con una multa.

Cuando el procedimiento sancionador tenga por objeto determinar la posible existencia de una infracción de la normativa, éste se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte (que es lo habitual). Admitida a trámite la reclamación del afectado, así como en los casos en que la autoridad de control actúe por iniciativa propia, podrá existir una fase de “actuaciones previas de investigación”, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 67 de la LOPDGDD y que tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o la fecha del acuerdo por el que se decida la iniciación de la fase de alegaciones previas. Tras la finalización de dicha fase, el Director/a de la autoridad de control dictará el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en el que se reflejarán los hechos, la identidad de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la posible infracción y su sanción, todo ello sin perjuicio de las acciones ejercitables ante los tribunales de Justicia contempladas en el artículo 79 del RGPD. Si antes de transcurrir el periodo de doce meses, previsto para las actuaciones previas de investigación, no se ha dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, procede el archivo de las actuaciones, lo que no impide que se pueda iniciar un nuevo expediente cuando la infracción no esté prescrita.

Aparte de los casos mencionados, existen las “reclamaciones transfronterizas”. El procedimiento se tramitará como consecuencia de la comunicación a la AEPD por parte de la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión de la reclamación formulada ante la misma, cuando la AEPD tuviese la condición de “autoridad de control principal” según el artículo 56 del RGPD. En tales casos, la reclamación se regirá por lo establecido en el artículo 64 apartado 1 de la LOPDGDD y en los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del mencionado artículo.

En cualquier caso, la autoridad de control inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.

La autoridad de control también inadmitirá las reclamaciones formuladas cuando el responsable o encargado del tratamiento, previo requerimiento, hubiera adoptado medidas correctivas encaminadas a poner fin al incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra una de las siguientes circunstancias:

  1. Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74 de la LOPDGDD.
  2. Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.

Antes de resolver la reclamación, la autoridad de control podrá remitirla al Delegado de Protección de Datos designado por el responsable o el encargado del tratamiento, aunque la AEPD –en la práctica– ya les digo que no lo hace, se limita a inadmitir la reclamación y a informar al reclamante sobre la posibilidad de cursar la reclamación ante el Delegado de Protección de Datos. También se pueden dirigir al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los “códigos de conducta” a los efectos previstos en los artículos 37 y 38.2 de la LOPDGDD.

Si la reclamación es desestimada por la autoridad de control se pone fin a la vía administrativa. El reclamante puede optar por interponer “recurso de reposición” ante el Director/a de la autoridad de control en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, al amparo de los arts. 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o puede interponer directamente “recurso contencioso-administrativo” ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al amparo del artículo 25 y de la Disposición Adicional Cuarta apartado 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o de la contestación al recurso potestativo de reposición.

Sé que este tipo de artículos pueden resultar tediosos, pero la explicación exige “rigor técnico” si queremos que la información resulte útil.

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