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JAVIER CASAL TAVASCI

Carta de Derechos Digitales

España peca de un mal endémico que es la «diarrea legislativa». Normas y más normas, cuando la efectividad de un ordenamiento jurídico no depende de la cantidad, sino de la calidad. 

En materia de protección de datos el carajal normativo parece que está controlado. Es sabido que, principalmente, son dos las normas que rigen:

No obstante, la «diarrea legislativa» empieza a afectar a la protección de datos, y así nuestro Gobierno, por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, nos sorprende con una Carta de Derechos Digitales dentro de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Carta agrupa diversos derechos en cinco categorías: derechos de libertad (incluye algunos como la protección de datos, el pseudonimato, el derecho a no ser localizado o perfilado, a la ciberseguridad y a la herencia digital); derechos de igualdad (derecho a la igualdad y no discriminación en el entorno digital, al acceso a Internet, a la protección de los menores en el entorno digital y a la accesibilidad universal en dicho entorno); derechos de participación y conformación del espacio público (a la neutralidad de Internet, a la libertad de expresión e información, a recibir información veraz, a la participación ciudadana por medios digitales, a la educación digital y en sus relaciones con las Administraciones Públicas); derechos del entorno laboral y empresarial (derecho en el ámbito laboral y la empresa en el entorno digital) y derechos digitales en entornos específicos (con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica, fines estadísticos, y fines de innovación, derecho al desarrollo tecnológico, a la protección de la salud en el entorno digital, a la libertad de creación y al acceso a la cultura digital y derecho ante la Inteligencia Artificial y al empleo de las neurotecnologías).  

Algunos se preguntarán para qué sirve esa Carta, pues ya les respondo que de poco o nada, pues al no tener carácter normativo se queda en una mera declaración de intenciones, en un quiero y no puedo, en un brindis al sol. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales  tiene carencias, en particular, las tiene el Título X que es denominado «Garantía de los Derechos Digitales». Parece que el Gobierno es consciente de dichas carencias, cuando realiza ciertas iniciativas como la Carta de Derechos Digitales, pero cuando una norma nace incompleta solo hay dos opciones para enmendarla: modificarla con una norma de igual o superior rango o tratar de completarla por la vía reglamentaria; pues bien, ni una cosa ni la otra. 

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