Estados Unidos enfrenta el reto urgente de modernizar su marco de protección de la privacidad. La creación de una agencia federal con poderes efectivos de investigación y sanción es indispensable para garantizar los derechos de sus ciudadanos Estados Unidos vive tiempos convulsos, empezando por la polémica gestión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dirigido por Elon Musk. DOGE acumula más de treinta demandas. Hasta la fecha, los tribunales han fallado a favor de los demandantes en dos de esos casos, emitiendo órdenes que limitan el acceso de DOGE a los datos de la Administración del Seguro Social y el Departamento del Tesoro. Ambos procesos siguen abiertos, y aunque las órdenes prohíben a DOGE la obtención de datos personales identificables, aún no está claro qué sucederá con la información ya recopilada.
Según Reuters, DOGE está utilizando inteligencia artificial para analizar las comunicaciones de los empleados federales, con el objetivo de identificar a quienes manifiestan ideas o sentimientos contrarios a Trump.
En los primeros cien días del segundo mandato de Trump, miembros de DOGE han recolectado datos personales de ciudadanos estadounidenses a partir de decenas de bases de datos federales, incluyendo la Administración del Seguro Social (SSA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), para integrarlos en una base de datos maestra bajo control del Departamento de Seguridad Nacional. Para los expertos, esa base de datos representaría una amenaza para la seguridad nacional, al socavar la arquitectura de ciberseguridad de «confianza cero» que impide que una brecha de seguridad en una agencia se propague a todo el gobierno. Demasiada información reunida en un solo punto.
La creación de una enorme base de datos gubernamental con información personal sobre residentes estadounidenses es probablemente ilegal. En la década de 1960, el gobierno de Lyndon B. Johnson propuso una idea similar: combinar todos los expedientes federales en un nuevo banco de datos nacional. El argumento era eliminar los registros duplicados y realizar análisis estadísticos, pero la opinión pública se indignó y el banco de datos fue desmantelado. No solo eso, el Congreso aprobó la Ley Federal de Privacidad de 1974 que exige a las agencias federales obtener el consentimiento previo antes de divulgar datos personales entre ellas.
Sin embargo, la Ley de Privacidad carece de mecanismos efectivos de control: no creó un órgano independiente para investigar violaciones ni otorga a los jueces la capacidad de imponer sanciones o frenar prácticas ilegales. Aunque el Congreso ha intentado aprobar nuevas leyes integrales de privacidad que refuercen la supervisión, todos los intentos han fracasado. Esto convierte a Estados Unidos en el único país de la OCDE sin una agencia nacional de protección de datos que haga cumplir una legislación integral de privacidad. En contraste, la Unión Europea exige que cada Estado cuente con una autoridad independiente capaz de investigar, sancionar y ordenar la suspensión del tratamiento de datos personales.
Conclusión
Estados Unidos necesita urgentemente modernizar su enfoque de la privacidad, creando una agencia federal de protección de datos con sólidos poderes de investigación, porque los datos no pueden protegerse a sí mismos.
