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JAVIER CASAL TAVASCI

Ficheros de solvencia patrimonial y crédito

Por «fichero de solvencia patrimonial y crédito» –conocidos habitualmente como registro de morosos– se entiende aquel fichero que gestionado por una empresa de prestación de servicios patrimoniales sirve para prestar información a terceros sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias según datos personales facilitados por el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés.

En España hay ciento treinta entidades que elaboran este tipo de ficheros, una actividad que muchas compaginan con el ofrecimiento de información societaria a empresas. Los ficheros más conocidos son el de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF–EQUIFAX), el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) y Experian Bureau de Crédito (BADEXCUG).

La finalidad de estos ficheros no es otra que su utilización por las empresas de las informaciones que contienen como fundamento para negar o no sus servicios, basándose en el riesgo de hacerlo a través del análisis del historial de solvencia económica del interesado, si bien en la práctica se emplean como medida de presión para que el moroso salde su deuda, y así no tener que soportar las consecuencias perniciosas de su inclusión en un fichero de personas morosas, tales como el descrédito personal y el menoscabo del prestigio profesional y la denegación del acceso al sistema crediticio.

El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, en Sentencia de 5 de junio de 2004, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina nº 39/2004, advierte sobre su doble finalidad: «En sentencias del Tribunal Supremo de fechas 13 de abril de 2002 y 3 de diciembre de 2002 se está analizando el caso de aquellas empresas o ficheros destinados a prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito, a través de la cual las empresas que operan en el mercado pueden comunicar a los titulares de ficheros de morosos, que una persona mantiene con ella una deuda, de tal suerte que dichos ficheros de morosos, o mejor dicho la anotación en dichos ficheros de morosos, opera, de una parte, como instrumento de presión frente al deudor para que abone su deuda, y, de otra, como un aviso a terceros, para evitar riesgos». La cuestión estriba en saber compaginar dichas finalidades con el respeto a los derechos reconocidos constitucionalmente a todas las personas, en especial los derechos al honor y a la intimidad.

El Tribunal Supremo ha concedido indemnizaciones por daños morales a los afectados por la inclusión injusta en un registro de morosos por desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena (SSTS 226/2012, de 9 de abril: 12.000 €; 176/2013, de 6 de marzo: 9.000 €; 81/2015, de 18 de febrero: 10.000 €; 65/2015, de 12 de mayo: 10.000 €; 512/2017, de 21 de septiembre: 8.000 €; 245/2019, de 25 de abril: 10.000 €; 592/2021, de 9 de septiembre: 7000 €; y 699/2021, de 14 de octubre: 8000 €). El Alto Tribunal tuvo en consideración, para determinar la cuantía de dichas indemnizaciones, diversos factores:

  • Duración del período de inclusión indebida de los datos del afectado en el registro de morosos.
  • Número de ficheros en los que fue reportado el afectado.
  • Complejidad y número de gestiones llevadas a cabo por el afectado para reestablecer sus derechos.
  • Número de consultas realizadas por terceros interesados en conocer el estado de solvencia o no del afectado.
  • Afectaciones personales (daños patrimoniales) y morales (desazón, angustia) experimentadas por el afectado como consecuencia de su inclusión indebida en el registro de morosos.

Sobre estos ficheros, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nos alerta en su Sentencia 12/2014, de 22 de enero (Rec. 2585/2011), acerca de los problemas que presentan, en la práctica, por dos factores fundamentales: 1º) la infracción del derecho al honor y el grave daño moral y patrimonial que puede llevar aparejado la inclusión en uno de estos ficheros, y 2º) el modo en que funcionan dichos ficheros, especialmente cómo se nutren de datos. En la mayoría de los casos, las deudas reclamadas derivan de préstamos impagados y deudas por suministros de energía o servicios de telecomunicaciones.

Inscripción de personas físicas en situación de morosidad

Los ficheros de solvencia patrimonial y crédito son legales, encontrándose la causa legitimadora en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Ahora bien, la inclusión del afectado en dichos ficheros solo es legal si se cumplen los siguientes requisitos:

  1. Los datos han sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
  2. Los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
  3. La cuantía del principal será superior a 50 euros. 
  4. El acreedor informará al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. Además, le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
  5. Los datos únicamente se mantendrán en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. Si la deuda deriva de un contrato de suministro, por ejemplo, de gas, mediante la equiparación del contrato de suministro al de compraventa, al amparo del artículo 1967.4 del Código Civil, ese plazo se ve reducido a tres años a contar desde la fecha de facturación de cada servicio de suministro
  6. Los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de crédito inmobiliario.
  7. En el caso de denegarse la solicitud de celebración del contrato o de no llegar a celebrarse como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informará al afectado del resultado de dicha consulta.

Derecho de supresión

Si no se cumplen los referidos requisitos solicite al responsable del fichero la supresión de sus datos. Para el caso, al final del artículo, a modo de ejemplo, les dejo una plantilla.

El responsable del fichero deberá responder a su solicitud en el plazo máximo de un mes, pudiendo prorrogarse dicho plazo en dos meses. El responsable informará al afectado de los motivos de la dilación y de la necesidad de prorrogar el plazo de resolución.

Si no suprimen sus datos personales del fichero, o lo hacen de forma incompleta, o directamente no les responden, presenten una reclamación ante la AEPD para que inicien el oportuno procedimiento por posible vulneración de la normativa de protección de datos y, en su caso, dicten acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a los efectos de determinar la posible infracción y su correspondiente sanción, que no son precisamente pequeñas, pudiendo llegar a los 100.000 € (PS/00091/2018).

Para el caso de verse en la necesidad de formular una reclamación ante la AEPD, al final del artículo, les facilito una plantilla a modo de ejemplo.

Un consejo

Si la deuda es discutible y se refiere a servicios de suministro de energía, telecomunicaciones, seguros, financieros, etc. les aconsejo que formulen una reclamación ante el servicio u oficina de consumo de su Comunidad Autónoma, o acudan al Arbitraje de Consumo si en el contrato se contempló esta vía de resolución de conflictos. Si tienen razón, bien fundamentadas, las reclamaciones suelen prosperar y, como poco, la reclamación impedirá considerar la deuda como cierta (recuerden que no se les puede incluir en un registro de morosos hasta que se determine que la deuda es «cierta»).

La otra forma de salir de un registro de morosos es pagar la deuda, incluidos los intereses devengados y, en su caso, las costas procesales.

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