Geolocalización y coronavirus

El coronavirus, conocido como COVID-19, se convirtió en una auténtica pesadilla global entre 2020 y 2022, confinando a millones de personas en sus casas y causando un profundo dolor en innumerables familias, con muertes en soledad debido a las restricciones sanitarias.

Cuando la situación se agrabó más de lo inicialmente previsto, el Gobierno de España decretó el «estado de alarma» en todo el territorio nacional, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020. Posteriormente, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7.

Para evitar la propagación del coronavirus, se adoptaron medidas drásticas nunca vistas, como el aislamiento preventivo de toda la población, el cierre de locales con afluencia pública, la cancelación de determinadas actividades por los riesgos que entrañaban y la implantación de restricciones en el transporte y en la movilidad de personas y mercancías. Estas acciones, aunque efectivas para reducir contagios, tuvieron consecuencias económicas y sociales profundas, con un impacto estimado en el PIB español de hasta un 10 % en 2020 según datos del Banco de España.

En la lucha contra el virus, el Gobierno de España impulsó una iniciativa basada en inteligencia artificial, denominada RadarCOVID, con la finalidad de controlar la movilidad de las personas a partir de los datos anónimos y agregados facilitados por los operadores de telefonía móvil.

Estos datos son anónimos y agregados y, en principio, mediante su interpretación se pretende determinar qué zonas de una ciudad están más o menos congestionadas para planificar mejor los recursos y analizar la efectividad de las distintas medidas públicas de contención de la movilidad. Este estudio, que abarcó todo el territorio nacional dividido en unas 3.200 áreas de movilidad, permitió determinar zonas congestionadas, planificar recursos sanitarios y evaluar la efectividad de las medidas de contención. El proyecto, liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y en colaboración con el INE y operadoras como Telefónica, se extendió hasta finales de 2021 y generó informes públicos sobre patrones de movilidad durante la pandemia.

Adoptar medidas de control sobre la población puede ser legal en situaciones excepcionales, como es el caso de una pandemia. El tratamiento de datos personales se puede basar en el interés público (artículo 6.1.e del RGPD) o en intereses vitales del interesado u otras personas (artículo 6.1.d del RGPD), si bien el tratamiento debe ser respetuoso con los principios relativos a la protección de datos.

La duda es si esta medida de control fue ocasional o se empleó para otros fines. De hecho, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en abril de 2020 que no descartaba utilizar los datos de geolocalización de los teléfonos móviles de los ciudadanos en «tareas de vigilancia, de supervisión o incluso sanción».

También les recomiendo la lectura del artículo titulado «El desafío de las aplicaciones de proximidad para el rastreo de contracto de COVID-19» que pueden encontrar haciendo clic aquí.

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