Geolocalización y coronavirus

El coronavirus se ha convertido en una auténtica pesadilla, que nos ha confinado a todos en nuestras casas y que está causando dolor en muchas familias y muertes en soledad.

Cuando el tema empezaba a ser más serio de lo que se nos había anunciado, el Gobierno de España decretó el «estado de alarma» en todo el territorio nacional, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020.

Para evitar la propagación del coronavirus se han adoptado medidas drásticas nunca vistas, como el aislamiento preventivo de toda la población, el cierre de locales con afluencia pública, la cancelación de determinadas actividades por los riesgos que entrañan y la implantación de restricciones en el transporte y en la movilidad de personas y mercancías.

En la lucha contra el virus, el Gobierno de España ha anunciado una iniciativa basada en Inteligencia Artificial con la finalidad de controlar la movilidad de los sujetos a partir de los datos facilitados por los diferentes operadores de telefonía móvil. Estos datos son anónimos y agregados y, en principio, mediante su interpretación se pretende determinar qué zonas de una ciudad están más o menos congestionadas para planificar mejor los recursos y analizar la efectividad de las distintas medidas públicas de contención de la movilidad.

Adoptar medidas de control sobre la población puede ser legal en situaciones excepcionales, como es el caso de una pandemia. El tratamiento de datos personales se puede basar en el interés público (artículo 6.1.e del RGPD) o en intereses vitales del interesado u otras personas (artículo 6.1.d del RGPD), si bien el tratamiento debe ser respetuoso con los principios relativos a la protección de datos.

La duda es si esta medida de control será ocasional o si se empleará para otros menesteres. Por lo de pronto, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció que no descarta utilizar con fines policiales los datos de geolocalización de los teléfonos móviles de los ciudadanos en «tareas de vigilancia, de supervisión o incluso sanción». Para que no quepa duda de la cita, pueden consultar la fuente haciendo clic aquí.

También les recomiendo la lectura del artículo titulado «El desafío de las aplicaciones de proximidad para el rastreo de contracto de COVID-19» que pueden encontrar haciendo clic aquí.