La administración Trump reactivó un contrato de 2 millones de dólares con Paragon Solutions Inc., una empresa originalmente israelí (ahora bajo control estadounidense) dedicada al desarrollo de software espía.
Fundada en 2019 por Ehud Schneorson, ex comandante de la Unidad de espionaje cibernético 8200 de Israel. ¿Les suena Pegasus? Graphite, el producto estrella de Paragon, es similar: un potente software espía capaz de hackear cualquier teléfono móvil, incluyendo apps encriptadas como WhatsApp, Signal o Telegram, mediante exploits «zero-click» (sin interacción del usuario).
Graphite no solo accede al contenido de cualquier dispositivo móvil, sino que también extrae datos de copias de seguridad en la nube, activa el micrófono y la cámara en tiempo real, y recopila metadatos de ubicación, todo de forma encubierta.
El contrato original con Paragon Solutions Inc. se firmó en septiembre de 2024 bajo la administración Biden, pero fue suspendido por violar la Orden Ejecutiva 14093, que prohíbe la adquisición de software espía comercial que represente riesgos para la seguridad nacional o pueda usarse de forma indebida por gobiernos extranjeros. Una investigación de Citizen Lab alertó acerca del uso de Graphite para el espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos y defensores de migrantes en Italia.
La reactivación se facilitó, no porque el software espía ofrezca garantías en favor de la defensa de los derechos humanos, sino porque Paragon Solutions Inc. fue adquirida en diciembre de 2024 por la firma estadounidense de capital privado AE Industrial Partners, por 500 millones de dólares. Esta empresa fusionó a Paragon Solutions Inc. con REDLattice, una compañía de ciberseguridad con fuertes lazos con exfuncionarios de la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que permitió clasificarla como «proveedor doméstico» y eludir las restricciones de la orden ejecutiva 14093.
El contrato incluye licencias de software, hardware, capacitación para operadores y mantenimiento continuo, dirigido principalmente a la división cibernética de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Organizaciones internacionales que trabajan en la salvaguardia de los derechos humanos, como Electronic Frontier Foundation y Knight First Amendment Institute, han denunciado la decisión de la administración Trump. Advierten que Graphite, diseñado para combatir el terrorismo y el crimen organizado, podría usarse para vigilar masivamente a migrantes, periodistas y activistas en el contexto de la ofensiva antiinmigración de Trump, que incluye redadas a gran escala y deportaciones aceleradas sin un proceso justo.
Conclusión
El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones solo debe vulnerarse en circunstancias excepcionales, con autorización judicial motivada, proporcional y sujeta a estrictos controles. Dejar que herramientas de espionaje tan potentes queden a discreción del gobierno de turno representa un riesgo para la privacidad individual, la libertad de expresión y la democracia.
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