Sandra Peña, una joven de 14 años se suicidó tras sufrir acoso escolar por parte de tres compañeras. Este caso recuerda al de Kira López. Lamentablemente no son casos aislados. Hace tiempo publiqué un artículo sobre el acoso escolar, que dejo enlazado aquí para evitar reiteraciones innecesarias.
El acoso escolar no es exclusivo de España. En otros países se dan ejemplos similares. Uno de ellos es Argentina. Allí el caso de Ema Bondaruk, una adolescente argentina de 15 años que se suicidó el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de la escuela difundiera sin su consentimiento un vídeo en el que se les veía teniendo sexo. Las imágenes corrieron por todos los grupos de WhatsApp en el colegio. La madre de Ema, Laura Sánchez, ha trabajado activamente desde entonces en la prevención de la violencia digital de género.
El 18 de agosto de 2025, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley Ema: Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Además del proyecto de ley, se presentó la Guía Ema para atajar la violencia digital en las escuelas. Ambos documentos se suman a la propuesta integral sobre violencia digital, que incluye la sanción de la Ley Olimpia y la lucha para conseguir la Ley Belén, además de proyectos sobre hostigamiento y suplantación de identidad en entornos digitales.
En 2023, la Comisión sobre Temáticas de Género y la Escuela de la Defensa Pública publicaron el libro Violencia de género en entornos digitales. Guía básica para la obtención e implementación de órdenes de protección y boletín de jurisprudencia, que analiza la violencia de género en entornos digitales, exponiendo a las mujeres a prácticas conocidas como trolling, doxing o swatting (burlas, publicación de información personal y a la difusión de imágenes falsas creadas mediante el uso de inteligencia artificial).
Conclusión
Los padres de Kira López entregaron el 3 de noviembre de 2022 en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas solicitando la creación de un protocolo o ley contra el acoso escolar a nivel nacional. Desde entonces, no se ha avanzado nada; lo único que desde octubre de 2022, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se amplió la responsabilidad penal a los centros educativos, al incluirlos como personas jurídicas responsables si no implementan las medidas necesarias para prevenir o atender el acoso escolar. Aunque esta legislación impone sanciones que pueden llegar hasta la suspensión de actividades o multas importantes, muchas asociaciones denuncian que sigue habiendo casos de acoso impunes y que se necesita urgentemente un protocolo nacional unificado y eficaz.
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