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JAVIER CASAL TAVASCI

Acoso escolar y protección de datos

Imaginen el siguiente escenario:

Llegan a su puesto de trabajo y, un día sí y otro también, un pequeño grupo de compañeros empieza a menospreciarle, más tarde a hostigarle, a insultarle y a maltratarle físicamente, claro está, sin que los jefes se enteren, y cuando Ud. regresa a su domicilio, el mismo grupo le atosiga por teléfono y a través de las redes sociales, en las que publican imágenes y videos que atentan contra su derecho al honor, a su intimidad personal y a su propia imagen. Insoportable, ¿verdad?. Pues si ese escenario es duro para un adulto, imaginen tener que soportarlo siendo un niño o un adolescente. Algunos no lo soportan y se quitan de en medio.

Los expertos advierten de una serie de indicadores para detectar que un menor está siendo acosado: irritabilidad, ansiedad, insomnio, malestar general; en casos graves, depresión; y, en casos extremos, ideas suicidas. Estos estados de ánimo suelen venir acompañados de un descenso en el rendimiento escolar, dificultad para concentrarse, aislamiento social, apatía, sentimientos de culpa, negación de los hechos e incongruencias, etc.

Todos los centros educativos disponen de protocolos para la prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y el ciberacoso. Si hacen clic aquí pueden consultar el protocolo previsto por la Xunta de Galicia, que imagino será similar, sino igual, al de otras regiones. Dicho protocolo es meticuloso hasta el extremo (vean un esquema aquí) pero algo se hace mal cuando esta lacra continúa y se incrementa, en gran parte por el mal uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Cuando no había teléfonos móviles con cámara ni Internet, el menor que era acosado a la salida del colegio recuperaba la calma, el sosiego y la tranquilidad necesaria para continuar con su vida, pero las cosas se han complicado y, en muchos casos, el acoso continúa fuera del centro cuando el acosador publica imágenes y videos comprometidos de la víctima en Internet o bien las hace circular a través de aplicaciones de mensajería móvil. Borrar ese rastro es difícil, cuando no imposible, pero se puede parar para minorar el daño causado. La AEPD abrió un canal prioritario para retirar de Internet este tipo de contenido. Encontrarán más información sobre dicho canal en un artículo anterior que dejo aquí.    

Las víctimas de acoso escolar suelen tener mermada su autoestima y urge recuperarla para salir de esa espiral de autodestrucción. Un profesional –entiéndase psicólogos– puede ser de gran ayuda. La salud y la estabilidad emocional del menor es prioritaria. Pueden encontrar orientación en el teléfono del Ministerio de Educación y Formación Profesional número 900.018.018 de la Fundación ANAR.

La impunidad no es una opción si queremos terminar con esta lacra. Cuando el menor se halle con fuerzas suficientes, con la ayuda de sus padres, amigos y psicólogos, es momento de denunciar. La primera denuncia será ante el centro educativo para que pongan en marcha el correspondiente protocolo. Los padres o tutores deben ser informados acerca del procedimiento y sus resultados. Si los responsables del centro no actúan con la suficiente firmeza, no duden en informar a los órganos territoriales de educación, esto es, a la Inspección Educativa.

Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, acudan al juzgado para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Menores. Los delitos que suelen relacionarse con el acoso escolar son los siguientes: lesiones (artículo 147 CP), amenazas (artículos 169 a 171 CP), coacciones (artículo 172 CP), injurias (artículos 205 y 207 CP) y calumnias (artículos 208 y 209 CP). En casos extremos, agresiones o abusos sexuales (artículos 178 y 181 CP), homicidio doloso (artículo 138), homicidio imprudente (artículo 142 CP) y asesinato (artículo 138 CP).

Con la aparición de las redes sociales, empiezan a surgir casos de suplantación de identidad por parte de algunos acosadores, quienes empleando datos falsos de sus víctimas abren un perfil en una red social cualquiera, que emplearán para lanzar bulos, difundir contenido vejatorio de las víctimas y, en algunos casos, para obtener información sensible de sus víctimas y allegados.

Se ha intentado ubicar la persecución de la suplantación de identidad en las redes sociales con el tipo penal previsto en el artículo 401 del Código Penal, que sanciona al que usurpare el estado civil de otro con la pena de prisión de seis meses a tres años; ahora bien, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto las dificultades que existen para perseguir la suplantación en redes sociales por este tipo penal, pues aunque aparentemente se trataría de una usurpación de la identidad de otra persona para crear ese perfil de otro, dicho tipo penal se relaciona con la usurpación del “estado civil” que evidentemente no se produce. En estos casos suele acudirse a la vía de considerarlo como un delito de falsificación de documento del artículo 395 del Código Penal. La creación de un perfil en una red social se configura como un archivo electrónico y, por tanto, como un documento. El acosador, al crear ese perfil falso estará faltando a la verdad en la identidad de la persona que ha abierto ese perfil; por tanto, estará incurriendo en un delito de falsedad documental que el artículo 395 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a dos años. Para averiguar la autoría, en muchas ocasiones, se hace precisa la intervención de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, destinada a responder a los retos que plantean las nuevas formas de delincuencia por Internet.

En el ámbito penal, siempre se parte de la presunción de inocencia del investigado, se exigen pruebas de cargo y existen estrictas pautas para apreciar la credibilidad de los testimonios. Hay casos en los que las pruebas son evidentes, pero hay otros muchos en los que no. Si no logran reunir pruebas de cargo suficientes no acudan a la vía penal porque es frustrante batallar durante meses y perder. Si deciden acudir a la vía penal, háganlo con todas las pruebas que hayan podido reunir como capturas de pantalla, testimonios, etc. y persónense como acusación particular. No deleguen la defensa de su causa en el Ministerio Fiscal. 

Si el investigado es mayor de 14 años y menor de 18 años se aplicará la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dicha ley no habla de penas, sino de medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, que se concretan en su artículo 7. Las medidas habituales suelen ser libertad vigilada con asistencia a talleres de control de impulsos y prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima mientras dure la medida de libertad vigilada. En muchos casos no es suficiente.  

Cuando el acosador es menor de 14 años es inimputable, o sea, no se le puede perseguir penalmente. Si llega denuncia al Ministerio Fiscal, procederá a remitir testimonio de lo actuado a la dirección del centro para que, dentro de sus atribuciones, adopten las medidas que estimen oportunas para poner fin al acoso. Que no se le pueda perseguir por vía penal no significa que se libre de la responsabilidad civil, esto es, de indemnizar a la víctima por los daños causados, si bien habrá que demandar tales daños en vía civil. Los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, responderán solidariamente del pago con el menor.

La responsabilidad civil también se puede demandar al centro educativo o al profesor responsable por “culpa in vigilando” en base al artículo 1.903 del Código Civil. Si el centro es privado se demandará en vía civil y si es público en vía administrativa por funcionamiento anormal del servicio educativo en base a los artículos 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En torno a este tema caben muchas reflexiones, como qué camino es mejor para ayudar a la víctima y al acosador, quien también es víctima, de sí mismo y del sistema, o si no es precisa una reforma legislativa urgente, pero reflexiva y sensata, sobre la edad a la que un menor puede ser responsable de sus actos por vía penal. A modo de ejemplo, países como Suiza, establecen en siete años la edad a partir de la cual se puede ser juzgado, y Suiza no es un país sospechoso de faltar a los derechos fundamentales. 

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