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JAVIER CASAL TAVASCI

Acoso escolar y protección de datos

Imaginen el siguiente escenario:

Llegan a su puesto de trabajo y, un día sí y otro también, un pequeño grupo de compañeros empieza a menospreciarle, más tarde a hostigarle, a insultarle y a maltratarle físicamente, claro está, sin que los jefes se enteren, y cuando Ud. regresa a su domicilio, el mismo grupo le atosiga por teléfono y a través de las redes sociales, en las que publican imágenes y videos que atentan contra su derecho al honor, a su intimidad personal y a su propia imagen.

Insoportable, ¿verdad?. Pues si ese escenario es duro para un adulto, imaginen tener que soportarlo siendo un niño o un adolescente. Algunos no lo soportan y se quitan de en medio. No olvidemos los casos de Jokin Ceberio, que se arrojó desde la muralla de Hondarribia con 14 años, el de Karla López que se arrojó al vacío con 15 años, el de Alejandro Castillo que se suicidó con 10 años y el de tantos otros niños que tomaron decisiones desesperadas.

Los expertos advierten de una serie de indicadores para detectar que un menor está siendo acosado: irritabilidad, ansiedad, insomnio, malestar general; en casos graves, depresión; y, en casos extremos, ideas suicidas. Estos estados de ánimo suelen venir acompañados de un descenso en el rendimiento escolar, dificultad para concentrarse, aislamiento social, apatía, sentimientos de culpa, negación de los hechos e incongruencias, etc. No siempre es fácil advertirlos.  

Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una serie de actos o incidentes intencionales, de naturaleza violenta constitutivos de agresión física o psíquica y caracterizada por su continuidad en el tiempo, dirigidos a quebrantar la resistencia física o moral de otro alumno. Estas situaciones implican un abuso de poder, en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente por la víctima, que queda expuesta física o emocionalmente ante el sujeto maltratador.

La característica más acusada e invariable del acoso escolar consiste en la pretensión del alumno o alumnos acosadores de ningunear, hostigar, machacar, atemorizar, amedrentar, acobardar, asediar, atosigar, vejar, humillar, perseguir, angustiar o arrinconar a otro alumno del centro.

La Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 10/2005, de 6 de octubre caracteriza el acoso escolar, también conocido como bullying o violencia horizontal, como el catálogo de conductas, en general permanentes o continuas en el tiempo y desarrolladas por uno o varios alumnos sobre otros alumnos susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, angustia e inferioridad idóneos para humillarla, envilecerla y quebrantar su resistencia física y moral.

Cuando no había teléfonos móviles con cámara ni Internet, el menor que era acosado a la salida del colegio recuperaba la calma, el sosiego y la tranquilidad necesaria para continuar con su vida, pero las cosas se han complicado y, en muchos casos, el acoso continúa fuera del centro escolar, cuando el acosador publica imágenes y videos de la víctima en Internet que pueden resultar humillantes, o bien las hace circular a través de aplicaciones de mensajería móvil. Borrar ese rastro es difícil, cuando no imposible, pero se puede parar para minorar el daño causado. La AEPD abrió un canal prioritario para retirar de Internet este tipo de contenido. Encontrarán más información sobre dicho canal aquí.    

Las víctimas de acoso escolar suelen tener mermada su autoestima y urge recuperarla para salir de esa espiral de autodestrucción. Un profesional –entiéndase psicólogos– puede ser de gran ayuda. La salud y la estabilidad emocional del menor es prioritaria. Pueden encontrar orientación en el teléfono del Ministerio de Educación y Formación Profesional número 900.018.018 de la Fundación ANAR.

La importancia de denunciar y dónde

La impunidad no es una opción si queremos terminar con esta lacra.

La Fiscalía General del Estado nos recuerda en su Instrucción nº 10/2005 que «si los intimidadores no reciben rápidas y enérgicas valoraciones negativas a su conducta, y respuestas firmes de que no van a resultar impunes, y/o si son recompensados con cierto nivel de popularidad y sumisión entre los demás compañeros, el comportamiento agresivo puede convertirse en una forma habitual de actuar, haciendo de la dominación un estilo normalizado en sus relaciones interpersonales».

Cuando el menor se encuentre con fuerzas, con la ayuda de sus padres, amigos y psicólogos, es el momento de denunciar.

La primera denuncia será ante el centro docente para que pongan en marcha el correspondiente protocolo. Los padres o, en su caso, tutores deben ser informados acerca del procedimiento y sus resultados. Si los responsables del centro no actúan con la suficiente firmeza no duden en informar a los órganos territoriales de educación, esto es, a la Inspección Educativa.

Todos los centros docentes deben disponer de protocolos para la prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y el ciberacoso. Si hacen clic aquí pueden consultar el protocolo de la Xunta de Galicia para los centros gallegos, que imagino será similar al de otras regiones. Dicho protocolo es meticuloso (vean un esquema aquí), pero algo se está haciendo mal, cuando esta lacra continúa y se incrementa, en gran parte por el mal uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, acudan al juzgado para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Menores. Los delitos que suelen relacionarse con el acoso escolar son los siguientes: lesiones (artículo 147 CP), amenazas (artículos 169 a 171 CP), coacciones (artículo 172 CP), injurias (artículos 205 y 207 CP) y calumnias (artículos 208 y 209 CP). En casos extremos, agresiones o abusos sexuales (artículos 178 y 181 CP), homicidio doloso (artículo 138), homicidio imprudente (artículo 142 CP) y asesinato (artículo 138 CP).

Con la aparición de las redes sociales, empiezan a surgir casos de suplantación de identidad por parte de algunos acosadores, quienes empleando datos falsos de sus víctimas abren un perfil en una red social cualquiera, que emplearán para lanzar bulos, difundir contenido vejatorio de las víctimas y, en algunos casos, para obtener información sensible de sus víctimas y allegados.

Con la aparición de las redes sociales, empiezan a surgir casos de suplantación de identidad por parte de algunos acosadores, quienes empleando datos falsos de sus víctimas abren un perfil en una red social cualquiera, que emplearán para lanzar bulos, difundir contenido vejatorio y lograr información sensible de sus víctimas.

Se ha intentado ubicar la persecución de la suplantación de identidad en las redes sociales con el tipo penal previsto en el artículo 401 del Código Penal, que sanciona al que usurpare el estado civil de otro con la pena de prisión de seis meses a tres años; ahora bien, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto las dificultades que existen para perseguir la suplantación en redes sociales por este tipo penal, pues aunque aparentemente se trataría de una usurpación de identidad de otra persona para crear ese perfil, dicho tipo penal se relaciona con la usurpación del “estado civil” que evidentemente no se produce.

Estos casos suelen enjuiciarse como un delito de falsedad de documento privado del artículo 395 del Código Penal. La creación de un perfil en una red social se configura como un archivo electrónico, por tanto, como un documento. El acosador, al crear ese perfil falso falta a la verdad en la identidad de la persona que abre el perfil, por consiguiente, estará incurriendo en un delito de falsedad documental, que se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años. Para averiguar la autoría, en muchas ocasiones, se hace precisa la intervención de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, destinada a responder a los retos que plantean las nuevas formas de delincuencia por Internet.

Las pruebas

En el ámbito penal se parte de la presunción de inocencia del investigado, se exigen pruebas de cargo y existen estrictas pautas para apreciar la credibilidad de los testimonios. Hay casos en los que las pruebas son evidentes, pero hay otros en los que no.

Es fundamental que desde el momento que se tenga conocimiento de actuaciones contra el menor –de carácter vejatorio, de modo intencionado y continuado– se comiencen a recabar pruebas, tales como capturas de pantalla, grabaciones de voz, testimonios, etc. pues, si bien en un origen pueden ser actos puntuales, es muy posible que, finalmente, se conviertan en verdaderos casos de acoso escolar. 

Si no logran reunir pruebas suficientes, no acudan a la vía judicial, porque es frustrante batallar durante años, para terminar perdiendo. Si acuden a dicha vía, persónense como acusación particular.  

La responsabilidad

Si el investigado es mayor de 14 años y menor de 18 años se aplicará la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dicha ley no habla de penas, sino de medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, que se concretan en su artículo 7. Las medidas habituales suelen ser libertad vigilada con asistencia a talleres de control de impulsos y prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima mientras dure la medida de libertad vigilada. 

Cuando el acosador es menor de 14 años es inimputable, o sea, no se le puede perseguir penalmente. Si llega denuncia al Ministerio Fiscal, procederá a remitir testimonio de lo actuado a la dirección del centro para que, dentro de sus atribuciones, adopten las medidas que estimen oportunas para poner fin al acoso. Que no se le pueda perseguir por vía penal no significa que se libre de la responsabilidad civil, esto es, de indemnizar a la víctima por los daños causados, si bien habrá que demandar tales daños en vía civil. Los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, responderán solidariamente del pago con el menor.

La responsabilidad civil se puede demandar al centro docente por culpa in vigilando, in eligendo o in organizando en la actuación de su personal por falta de diligencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones legales de vigilancia, custodia y control de los alumnos en el seno de las instalaciones escolares, en base al artículo 1.903 del Código Civil. Si el centro es privado se demandará en vía civil y si es público en vía administrativa por funcionamiento anormal en base a los artículos 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Reflexiones 

En torno a este tema caben muchas reflexiones, como qué camino es mejor para ayudar a las víctimas y acosadores, que también son víctimas, de sí mismos y del sistema. La Fiscalía General del Estado nos recuerda en su Instrucción nº 10/2005 que los efectos negativos derivados de las situaciones de acoso escolar «afectan no solamente a quien sufre como víctima, sino también a quien los inflige como victimario, pues a largo plazo existen altas probabilidades de que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los más débiles en el trabajo (mobbing) y/o en la familia (violencia doméstica, violencia de género)».

Muchos se plantean si no es precisa una reforma legislativa urgente, pero reflexiva y sensata, sobre la edad a la que un menor puede ser responsable de sus actos por vía penal. A modo de ejemplo, países como Suiza, establecen en 7 años la edad a partir de la cual se puede ser juzgado, modulando la responsabilidad en función de la edad, y Suiza no es un país sospechoso de faltar a los derechos fundamentales. 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2019 identificó al acoso escolar como la primera causa de suicidios entre los jóvenes. UNICEF señala que alrededor de 120 millones de adolescentes entre 13 y 15 años son víctimas a nivel global.

La sociedad, en conjunto, debe colaborar en la erradicación del acoso escolar y el ciberacoso. Esa lucha debe realizarse con firmeza, empezando por las instituciones públicas y los centros docentes, sin olvidar la responsabilidad de los padres a la hora de educar a sus hijos en valores como respeto, tolerancia, solidaridad y responsabilidad.

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