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JAVIER CASAL TAVASCI

El interés público como base legal

La última base legal que queda por analizar es el supuesto de la letra e) del artículo 6 apartado 1 del RGPD que legitima el tratamiento de datos personales cuando «es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos».

Se prevén dos situaciones:

1ª.- Cuando el responsable del tratamiento tiene una potestad pública o una misión de interés público y el tratamiento es necesario para el ejercicio de dicha potestad o para la ejecución de dicha misión.

Por ejemplo, Inspección de Trabajo, en base a los artículos 12 y siguientes de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene potestad para vigilar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos. En tal caso, el tratamiento es lícito al amparo del supuesto objeto de estudio.

2ª.- Cuando el responsable del tratamiento no tiene una potestad pública, pero un tercero con dicha potestad le solicita que revele los datos.

Por ejemplo, una persona denuncia que se ha cometido un delito en sus instalaciones y que guarda prueba de ello a través del sistema de videovigilancia. El particular no tiene potestad para perseguir el delito, pero la tienen las FFCCS que, en base a dicha potestad pública, le requiere como responsable del tratamiento las grabaciones del sistema de videovigilancia.

Esta base legal debe interpretarse con cierto grado de flexibilidad con el fin de garantizar la gestión y funcionamiento de instituciones y organismos públicos, ya que éstos no tienen a disposición la base jurídica del interés legítimo.

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