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JAVIER CASAL TAVASCI

Cumplimiento de una obligación legal como base legal

Para realizar un tratamiento de datos personales debe existir una base legal que lo ampare. Dichas bases se encuentran en el artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos.

La letra c) del artículo 6.1 del RGPD entiende que es lícito el tratamiento cuando es «necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento».

Las actividades de tratamiento de datos personales se pueden amparar en el cumplimiento de una obligación legal cuando concurren tres requisitos:

1º.- Debe existe una norma con rango de ley que imponga dicha obligación, y como tales se entienden:

  • Leyes orgánicas.
  • Leyes ordinarias (leyes marco, leyes de armonización, leyes autonómicas, leyes presupuestarias y de acompañamiento).
  • Decretos–ley.
  • Decretos legislativos.

A mayores, de las normas de los Estados miembros estará el Derecho de la Unión. 

2º.- Dicha norma establecerá la finalidad del tratamiento y podrá prever otras especificaciones como la determinación del responsable del tratamiento, el tipo de datos personales objeto de tratamiento, los interesados, las entidades a las que se pueden comunicar los datos personales, las limitaciones de la finalidad, el plazo de conservación y otras medidas para garantizar un tratamiento lícito y leal. 

3º.- La norma deberá acatar la legislación de protección de datos, incluido el requisito de necesidad, proporcionalidad y limitación de la finalidad.

En el caso de cumplimiento de una obligación legal no hay derecho de oposición, lo cual parece lógico, pues lo contrario supondría otorgar a los afectados un cheque en blanco para eludir el cumplimiento del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Un ejemplo de tratamiento de datos lo encontramos en la obligación del contribuyente de informar a la Administración Tributaria acerca de «toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas» en base a la previsión legal contenida en el artículo 93 apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Otro ejemplo de tratamiento es el que afecta a los datos de licitadores en base al artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Lo expuesto nos lleva a pensar que, si no concurren los requisitos antes descritos, de manera clara e inequívoca, para evitarse problemas opten por bases de legitimación más adecuadas, como el interés público (art. 6.1.e del RGPD) o el interés legítimo (art. 6.1.f del RGPD), los cuales dan para otro artículo.

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