No uso este blog para proclamas políticas. Cada uno que vote lo que crea oportuno, pero hay cosas que chirrían, y que no puedo pasar por alto.
SUMAR en su programa electoral para los comicios generales de 2023 proponía en el apartado 4 punto 4 lo siguiente:
«4. Garantizar el derecho a la propiedad común de los datos y la privacidad y el encriptado de comunicaciones por diseño. Es necesario que los datos sean gestionados y regulados por un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo. Esto significa que ninguna empresa podrá explotar los datos sin autorización previa de este organismo regulador y sin asegurar que la explotación de los datos beneficie, más allá de la empresa en cuestión, a la sociedad en su conjunto. Es fundamental asegurar un adecuado acceso y gestión de los datos, teniendo en cuenta que el mundo digital se ha acompañado de la fabricación ingente de huellas y rastros de uso que pueden convertirse en atractivas mercancías, en ocasiones, muy delicadas».
Si lo he entendido bien, lo que proponen es la colectivización de todos los datos, tanto personales como no personales, de forma que un organismo público regularía y autorizaría su explotación por parte de las empresas, ¿en serio?
Riesgos asociados a la colectivización de datos
Si un gobierno —de la tendencia que sea— llegase a controlar la llave maestra de todos los datos de la población, tendría un poder extraordinario. Históricamente, muy pocos gobiernos han resistido la tentación de usar ese poder para fines políticos o para el control social cuando se sienten amenazados. Mejor no correr ese riesgo.
Las grandes tecnológicas, aunque abusivas, al menos tienen un incentivo económico para proteger los datos: evitar multas millonarias y la pérdida de usuarios. Un organismo estatal no tendría ese incentivo, lo que podría derivar en abusos de otro tipo.
La seguridad de los datos también estaría comprometida. En lugar de cientos de empresas privadas con sus propias bases de datos, existiría una —o unas pocas— bases maestras controladas por el Estado. En materia de ciberseguridad, no hay peor estrategia que la concentración de información.
Finalmente, se habla de «retorno colectivo», pero ¿quién define qué es beneficio colectivo? ¿El gobierno? No, gracias.
