La Asamblea Nacional de Francia aprobó, el 5 de julio de 2023, con 80 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el proyecto de ley sobre la orientación y programación del Ministerio de Justicia 2023–2027, que permitirá a la policía acceder a distancia a las videocámaras, micrófonos y GPS de los dispositivos electrónicos de aquellas personas que estén siendo investigadas por delitos castigados con, al menos, diez años de privación de libertad, si bien la policía deberá contar con la autorización previa del juez de instrucción o del juez de libertades y detención a instancia del Ministerio Fiscal. La iniciativa prevé que ciertas actividades y profesionales no puedan ser objeto de vigilancia, entre ellas, se encuentran los abogados, periodistas, médicos y jueces. Diputados y senadores no podrán ser geolocalizados, pero sí grabados.
El Senado, que aprobó el proyecto de ley el 13 de junio de 2023 con 231 votos a favor, 13 en contra y 96 abstenciones, amplió la medida a aquellos crímenes y delitos castigados con, al menos, diez años de privación de libertad, pues la versión impulsada por el Gobierno de Macron hablaba de cinco años. En el enlace que dejo enlazado aquí pueden ver las diferentes enmiendas realizadas durante el trámite parlamentario.
Voces críticas
La iniciativa cuenta con la oposición del bloque de «Francia Insumisa» (LFI) que considera la medida como una deriva autoritaria. También se han manifestado en contra varias organizaciones no gubernamentales y abogados defensores del derecho a la privacidad.
Frente a estas críticas, los parlamentarios favorables a la iniciativa remarcaron las garantías que prevé la legislación. En este sentido, explicaron que la intervención electrónica durará 15 días ampliables hasta 30 días en caso de ser dictada por un juez de libertades y detención y dos meses renovables hasta seis meses si es un juez de instrucción.
Conclusión
Este proyecto de ley empezó su proceso legislativo en mayo, es decir, antes de las protestas por la muerte de Nahel de un disparo de la policía en Nanterre el 27 de junio de 2023, las cuales han dado lugar a largas noches de disturbios. No fueron las únicas protestas, también las hubo tras ampliar la edad de jubilación a los 64 años.
En España, al amparo de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, un juez puede autorizar a las FCS para que intervengan un dispositivo (los famosos «pinchazos»). Dicha norma se completa con la Circular 2/2019, de 6 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas.
El sistema SITEL, que se lanzó en España en el año 2004, permite activar el micrófono con tan sólo realizar una llamada, aunque el receptor no coja el teléfono. El Tribunal Supremo admite la posibilidad de emplear los teléfonos móviles como micrófonos ambientales en la sentencia 373/2016, de 3 de mayo.
