Esta semana se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo por la que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal, por la difusión de información relativa a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mientras la defensa ha negado cualquier filtración por parte de García Ortiz, las acusaciones han insistido en la existencia de «indicios cualificados», como el borrado de su teléfono móvil el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió investigarlo. Este hecho no pasó desapercibido para el tribunal y se convirtió en una pieza clave de la condena, que días después llevó al cese del fiscal general a petición propia.
El debate sobre la destrucción de pruebas ha resonado en mi memoria como un déjà vu y es que me ha recordado al caso Watergate.
Caso Watergate
El 17 de junio de 1972, cinco hombres con guantes y linternas fueron sorprendidos en plena noche dentro del complejo de oficinas conocido como Watergate en Washington D.C.
Los intrusos fueron detenidos en la sede del Comité Nacional Demócrata. Su misión era instalar micrófonos ocultos y fotografiar documentos confidenciales para espiar a la oposición demócrata durante la campaña de reelección de Richard Nixon.
Dos periodistas del Washington Post—Bob Woodward y Carl Bernstein, con la ayuda de una fuente anónima conocida como «Garganta Profunda» (revelada décadas después como Mark Felt, número dos del FBI)— destaparon la verdad: los ladrones trabajaban para el Comité para la Reelección del Presidente, directamente ligado a la Casa Blanca y Nixon.
El espionaje fue solo el principio de un escándalo aderezado con sobornos a los detenidos para que guardaran silencio, destrucción sistemática de pruebas, presiones sobre testigos e incluso intentos de usar a la CIA para bloquear la investigación del FBI.
Las cintas de Nixon
El presidente Lyndon B. Johnson, que precedió en el cargo a Nixon, había instalado un sistema elemental de grabación en el despacho oval para reuniones y llamadas, que luego se transcribían. Nixon ordenó retirarlo inicialmente, pero tras probar alternativas como notas manuales, concluyó que solo el audio garantizaba un registro fiel de decisiones y conversaciones. Más tarde, Nixon llegó a afirmar que las grabaciones las quería para sus memorias.
En febrero de 1971, Nixon mandó al Servicio Secreto instalar un sistema activado por voz en varias dependencias de la Casa Blanca, mediante grabadoras de carrete abierto Sony TC-800B.
La existencia de las cintas salió a la luz en julio de 1973, cuando Alexander Butterfield, exasesor de Nixon, reveló bajo juramento que todas las conversaciones en la despacho oval estaban grabadas desde 1971. Hablamos de más de 3.700 horas de audio en cintas magnéticas, que capturaban no solo estrategias políticas, sino también las maniobras de Nixon para encubrir el caso Watergate.
El fiscal especial, Archibald Cox, exigió las cintas, pero Nixon se negó, amparándose en razones de seguridad nacional. A cambio, propuso que el senador demócrata John C. Stennis las revisara y resumiera para el fiscal especial.
Cox rechazó la propuesta de Nixon, priorizando la integridad de la investigación. Lo que siguió fue el «Sábado de la Masacre». El 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson despedir a Archibald Cox. Richardson dimitió en señal de protesta. Su sucesor interino, William Ruckelshaus, también se negó y fue despedido. Finalmente, el procurador general Robert Bork ejecutó la orden. Esta purga institucional avivó las sospechas sobre Nixon y aceleró el descontento social.
Durante la investigación, se descubrió que faltaban dos cintas clave y que otra —que recogía una conversación entre Nixon y su jefe de gabinete, Haldeman, tres días después del allanamiento en Watergate— tenía un «vacío» de casi 18 minutos y medio. Las notas de Haldeman sobre esa reunión mencionan explícitamente las detenciones de los intrusos, sugiriendo que allí se urdió el encubrimiento del caso.
Borrado de las cintas
Rose Mary Woods, secretaria personal de Nixon y una de sus confidentes más leales, asumió la responsabilidad del borrado de esa cinta.
En su declaración ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Woods explicó que, mientras transcribía las cintas, se inclinó para contestar una llamada telefónica y que, debido a la ergonomía de su escritorio, pulsó accidentalmente el botón de borrado, mientras su pie mantenía presionado el pedal de avance en la máquina de transcripción. Así, supuestamente, se eliminaron 18 minutos y medio de una grabación crucial.
Para respaldar su versión, se organizó una sesión fotográfica donde Woods recreó el movimiento. Con el cuerpo estirado y el torso contorsionado sobre el escritorio parece imposible sostener esa postura tanto tiempo. La prensa la bautizó como «El estiramiento de Rose Mary».
El juez John Sirica, que presidía la investigación, no se dejó convencer: apuntó a un borrado intencional, posiblemente ordenado desde lo más alto. Los expertos forenses concluyeron que el borrado se hizo en varias pasadas, lo que descartaba un error fortuito. Sirica reclamó las cintas, las mismas que dejaban en evidencia que Nixon había obstruido, o intentado obstruir, la investigación judicial sobre Watergate.
Abandonado por el Congreso, que lo amenazaba con el juicio político (impeachment), Nixon renunció al cargo en un discurso televisado el 8 de agosto de 1974, convirtiéndose en el primer y único presidente estadounidense en dimitir.
El 8 de septiembre, 1974, el presidente Gerald Ford (vicepresidente con Nixon) le otorgó una especie de indulto o perdón absoluto a Nixon por sus ofensas en contra de los Estados Unidos, dándole a Nixon inmunidad frente a cualquier arresto, investigación o encarcelación por su papel en Watergate. Ese perdón enfureció a muchos estadounidenses.
Antes de ser presidente, Nixon había ejercido la abogacía, con cierto éxito. Tras su dimisión, intentó volver a la profesión, pero su imagen pública estaba muy dañada. La mayoría de los despachos le rechazaron, impidiéndole reanudar su carrera como abogado.
Conclusión
Ambos casos ilustran cómo el poder intenta controlar la narrativa: Nixon, mediante purgas; García Ortiz, presentándose como víctima de un juicio político, con el apoyo incondicional del gobierno que lo nombró, y la eliminación de evidencias como nexo común.
No se pierda nuestro podcast sobre el artículo
