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JAVIER CASAL TAVASCI

Juicios telemáticos: Real Decreto-ley 6/2023

El pasado 21 de diciembre de 2023 entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo que supone un antes y un después en la Administración de Justicia.

Personalmente, tengo que decir que muchas de sus medidas no me agradan, en particular, la preferencia que se da a la celebración de los juicios telemáticos frente a los juicios presenciales. En conclusiones les daré razones, pero antes un poco de historia. 

Antecedentes

El 11 de mayo de 2020 es una fecha histórica en la Administración de Justicia de este país. Ese día se celebró en Santander el primer juicio telemático, obligado por las restricciones sanitarias impuestas por el COVID-19, si bien determinados actos procesales ya se venían realizando de forma telemática con anterioridad, al amparo del artículo 229 punto 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la reforma de dicho precepto por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre que dice: «Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal». El uso de medios telemáticos también encuentra amparo en los artículos 306, 325 y 731 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactados por la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre. 

Las fuentes de derecho internacional hace años que admiten el uso de las videoconferencias para el desarrollo de determinadas actuaciones. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en el marco de la Convención de Roma el 17 de julio de 1998 prevé en su artículo 69.2 la posibilidad de que un testigo preste testimonio «por medio de una grabación de video o audio». A su vez, en su artículo 68.2 habilita la presentación de pruebas «por medios electrónicos u otros medios especiales» con el fin de proteger a las víctimas, a los testigos o a un acusado.

El Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, firmado el 29 de mayo de 2000, regula en su artículo 10 la «audición por videoconferencia». Al igual que el artículo 9 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 8 de noviembre de 2001.

La misma previsión legal, en relación a las videoconferencias, la encontramos en el artículo 24.1.b) de la Resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con la finalidad de proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales, así como a sus familiares y demás personas cercanas.

El artículo 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia habilitó la celebración de actos procesales mediante presencia telemática durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio. Por «actos procesales» hemos de entender comparecencias, declaraciones, actos de juicio o vistas y los actos que se practiquen en las fiscalías. 

Con posterioridad, las Cortes Generales aprobaron la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que en su artículo 14.1 establece lo siguiente: «Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello». No obstante, en el orden penal, la celebración de juicios preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos graves, o cuando cualquiera de las acusaciones interese la prisión provisional o se solicite pena de prisión superior a dos años, en los que la presencia física del acusado resulta necesaria. 

Real Decreto-ley 6/2023

Esta norma introduce cambios trascendentales en la forma que tenemos de entender la justicia. 

Entre sus novedades, que son muchas, destacaría las siguientes:

Actuaciones preferentemente telemáticas

Se añade un Título XIV al Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 258 bis, constituido el órgano judicial en su sede «los actos de juicio, vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general, todas las actuaciones procesales, se realizarán preferentemente, salvo que el juez o jueza o tribunal, en atención a las circunstancias, disponga otra cosa, mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales o fiscales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello…». 

En el orden civil, se mantienen presenciales las vistas que tengan por objeto la audiencia, declaración o interrogatorio de partes, testigos o peritos; no obstante, se podrá solicitar la celebración telemática en determinados supuestos, como en los que la persona que tenga que intervenir resida en otro municipio distinto al de la sede del tribunal. Si las actuaciones tiene lugar fuera del partido judicial, se exceptúan de la vía telemática aquellos actos que tengan por objeto la audiencia, declaración o interrogatorio de partes, testigos o peritos, la exploración de un menor, el reconocimiento judicial personal o la entrevista de persona con discapacidad.

En el orden penal, será necesaria la presencia física del acusado en la sede del órgano judicial de enjuiciamiento en los juicios por delito grave y juicios de Tribunal de Jurado. En el resto de casos, el acusado comparecerá físicamente ante la sede del órgano de enjuiciamiento si lo solicita él o su letrado o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión deberá adoptarse en auto motivado.

En el orden contencioso-administrativo, se introduce la obligación de que la remisión del expediente administrativo a los órganos jurisdiccionales se realice en soporte electrónico.

Se prevé la retransmisión en streaming de los actos de juicio, vistas y otras actuaciones que, con arreglo a las leyes procesales, deban practicarse en audiencia pública, cuando se celebren con la participación telemática de todas las personas que intervengan en la vista. 

Medidas de eficiencia procesal

Se modifica el artículo 249 de la LEC, de forma que se tramitarán por los cauces del procedimiento ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 15.000 € (antes eran 6.000 €). También se tramitarán por el mismo procedimiento, las demandas en que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones generales de la contratación.

También se modifica el artículo 250 de la LEC, de forma que se tramitarán como juicios verbales:

  1. Las demandas cuya cuantía no exceda de 15.000 €.
  2. Aquellas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación.
  3. Aquellas en que se ejerciten acciones relativas a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, con independencia de la cuantía.
  4. Aquellas en las que se ejercite la división de cosa común

En aquello asuntos en alguna de las partes interesadas tenga 80 años o mas se dará preferencia a la tramitación del procedimiento judicial.

Punto de Acceso General a la Administración de Justicia

El Punto de Acceso General a la Administración de Justicia es el portal orientado a los ciudadanos que contendrá la Carpeta Justicia y el directorio de las sedes judiciales electrónicas correspondientes a la Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, así como a las administraciones con competencias en materia de Justicia.

La Carpeta Justicia se configura como un espacio personal online que facilita la relación entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. Se basa en un sistema de acceso único y personalizado a través del cual el ciudadano pueda consultar los expedientes en los que sea parte o interesado, el acceso y firma de actos de comunicación, el acceso al Tablón Edictal Judicial Único, la solicitud de cita previa para ser atendido y el acceso a la agenda de actuaciones que tenga ante la Administración de Justicia.

En la versión actual, a prueba, se ofrecen los siguientes servicios:

El acceso a Carpeta Justicia requerirá que se identifique mediante un DNI-electrónico, certificado electrónico reconocido y claves concertadas (Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente).

La norma potencia el Expediente Judicial Electrónico que será la pieza central de la justicia digital junto con las «Sedes Judiciales Electrónicas», el «Punto de Acceso General a la Administración de Justicia» y la «Carpeta Justicia».

Principio general de orientación al dato

Se introduce el principio general de orientación al dato con la finalidad de introducir el uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Destacan como posibles usos de la inteligencia artificial en sede judicial los siguientes:

  • Búsquedas y análisis de datos con fines de gestión documental.
  • Actuaciones judiciales asistidas por la inteligencia artificial generativa de borradores de documentos complejos que sirvan de apoyo o fundamento al dictado de una resolución judicial o procesal.
  • Anonimización de resoluciones.

Entrada en vigor

El Real Decreto-ley entró en vigor al día siguiente al de la publicación en el BOE, esto es, el 21 de diciembre de 2023. No obstante, las medidas de eficiencia digital entrarán en vigor a los veinte días de la publicación, es decir, el 9 de enero de 2024, y las de eficiencia procesal a los tres meses de su publicación, o sea, el 20 de marzo de 2024.

Para la plena operatividad de los sistemas tecnológicos regulados en el Libro I se establece el 30 de noviembre de 2025 como fecha límite. También se establece con fecha límite el plazo de 5 años desde la entrada en vigor para que las Administraciones Públicas garanticen la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia.

Conclusiones

Las actuaciones procesales por medios telemáticos no conculcan los derechos y garantías procesales de las partes, siempre que existan garantías técnicas de protección de datos, de identificación de los intervinientes y de integridad del contenido de lo actuado. Ahora bien, por vía telemática se pierde la esencia de los juicios y a ello hemos de añadir que los medios telemáticos de algunos juzgados fallan más que una escopeta de feria.

No es extraña la pérdida de conexión a Internet durante el interrogatorio, la falta de disponibilidad por el declarante de medios informáticos o conocimientos suficientes para conectarse, la pérdida de la inmediación entre el juez, los abogados y el testigo, las dificultades en la consulta y exhibición de documentos durante el juicio y el riesgo de que los testigos o peritos puedan ser instruidos durante su declaración. ¿Me gustan los juicios telemáticos? Rotundamente, no.  

Un juicio o vista oral es como una obra de teatro, en la que los actores interactúan entre sí, a través de su lenguaje corporal. Cuántas veces hemos visto que un testigo falta a la verdad porque es incapaz de sostenernos la mirada durante el interrogatorio; o la parte contraria que, dudando de sus respuestas, mira a su letrado en busca de aprobación; o el perito de parte que titubea cuando estamos incidiendo en preguntas para las que el letrado que le propuso no le había preparado; cuando no las señales de SSª si el interrogatorio no va por buen camino o no extendemos en conclusiones… Estos pequeños detalles y otros muchos pueden parecer irrelevantes, pero no lo son, y todos ellos se pierden en los juicios telemáticos. En una sala de vistas todo tiene una razón de ser: los estrados, la disposición de las partes, el público, las togas… todo ese formalismo debe preservarse.  

Más información 

Si quieren entrar en detalles sobre la reforma les comparto el resumen que ha hecho el Colegio de Abogados de Sevilla que pueden encontrar haciendo clic aquí. También les comparto aquí un cuadro comparativo.

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