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JAVIER CASAL TAVASCI

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el derecho al olvido y sienta jurisprudencia

En la llamada era digital grabar, guardar y almacenar información es rápido, económico y apenas ocupa espacio. Además, la información es fácil de divulgar a través de Internet, pero ¿qué ocurre con aquella información inexacta de nuestras vidas que permanece en Internet en contra de nuestro deseo? y ¿qué podemos hacer para suprimir dicha información?. La respuesta, en principio, parece sencilla: invocar el derecho al olvido, pero este no es un derecho absoluto, ni puede suponer una censura de información si es de interés público.

Recientemente, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el derecho al olvido en una sentencia contra Google, de enorme trascendencia, por cuanta sienta jurisprudencia. 

El Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, en su Sentencia nº 12/2019, de 11 de enero (recurso nº 5579/2017) dispone: «La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen está legitimada para fundamentar una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios de motor de búsqueda en Internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada»

Les resumiré los antecedentes descritos en la sentenciadel Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto por Google contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció el “derecho al olvido” a un jefe forestal de la Xunta de Galicia, cuyo nombre aparecía en el motor de búsqueda asociado a hechos recogidos en el periódico El País y en el blog del Club Deportivo Sociedad de Caza Serra do Galiñeiro, que se consideraban sustancialmente erróneos o inexactos.

La noticia hacía referencia a que Agentes de Medio Ambiente habían sorprendido a tres cazadores furtivos, que resultaron ser trabajadores de la Administración gallega, relatando seguidamente el enfrentamiento entre Agentes y furtivos, siendo estos –finalmente– sancionados.

El Tribunal Supremo considera que los hechos publicados no respondían a la realidad, resultando inexactos, al menos respecto al relato de hechos probados que contenía la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que enjuició la sanción a los tres furtivos y en la que, literalmente, se decía que Agentes de Medio Ambiente se habían reunido con cazadores para «formar la cuadrilla previamente autorizada para ejercitar la caza en el terreno cinegético ordenado denominado Penamaior, de cuyas resultas se producen unos incidentes por los cuales extienden aquéllos denuncias a tres de ellos por proferir amenazas…».

Es evidente que no es lo mismo una sanción por estar cazando como furtivos, según aparecía en la noticia publicada en El País y en el discutido blog, al relato de hechos probados de la sentencia del TSJ de Galicia, en donde se hace referencia a una «cuadrilla previamente autorizada» para cazar y a que se producen «unos incidentes» por los cuales se extienden denuncias a tres de ellos «por amenazas». 

El Tribunal Supremo, para la formación de jurisprudencia, centra la cuestión en dilucidar si una solicitud de cancelación de datos personales contra la sociedad gestora del motor de búsqueda puede fundarse válidamente aduciendo que los hechos objeto de divulgación son “inexactos” y que no se corresponden con el requisito de información veraz a que alude el artículo 20.1.d) de la CE.

A su vez, se trata de ponderar si debe prevalecer el derecho a la protección de los datos personales desde la perspectiva del “derecho al olvido” frente a la libertad de expresión y el interés general del público dada la trascendencia de la información en tanto que afectaba a un funcionario.

Es importante recordar la doctrina del Tribunal Constitucional (STC nº 172/1990, de 12 de noviembre) expuesta en relación a “autoridades y funcionarios públicos, personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública” en el sentido de que estos «aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y su conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos».

Las circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de apreciar los límites de la libertad de expresión derivados de su concurrencia con otros derechos fundamentales son los siguientes: a) El juicio sobre la relevancia pública del asunto; b) El carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión, especialmente si es o no titular de un cargo público; c) El contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables; y d) Si contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre (SSTC nº 160/2003, de 15 de septiembre y nº 9/2007, de 15 de enero). 

Para el Alto Tribunal la “libertad de información” prevalece sobre los derechos de la personalidad (derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) cuando la noticia difundida por medios digitales es veraz y se refiere a hechos con relevancia pública y de interés general, incluso si la noticia es errónea, siempre que el error no afecte a la esencia de lo informado. Ahora bien, también cabe la lectura a la inversa, de modo que si la información carece de interés público prevalente, no cabe excluir la vulneración de los derechos de la personalidad porque los hechos íntimos desvelados sean ciertos.

Los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet ejercen lícitamente su actividad empresarial cuando ponen a disposición del público herramientas de localización de información sobre personas físicas y están amparados por la libertad de información, pero el Tribunal Supremo también deja claro que «están obligados a preservar con la misma intensidad el derecho fundamental a la vida privada de las personas afectadas, impidiendo cualquier interferencia que pueda considerarse de ilegítima».

Ahora pruebe a poner su nombre y apellidos en un buscador cualquiera y si advierte que hay noticias inexactas entre los resultados de la búsqueda ya sabe que elementos de juicio se tendrán en cuenta a la hora de resolver su reclamación contra el responsable de los servicios de motor de búsqueda en Internet. Ahora bien, si Ud. es una autoridad o funcionario público, un personaje público o se dedica a una actividad que conlleva notoriedad pública, lamento decirle que no lo tendrá fácil, salvo que se trate de una noticia falsa o FAKE NEWS.

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