El 25 de septiembre de 2025, Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM–7) titulado Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence (Lucha contra el terrorismo interno y la violencia política organizada). El Memorando se complementa con una Orden Ejecutiva del 22 de septiembre que designa a ANTIFA como organización terrorista doméstica.
El NSPM–7 es una directiva de seguridad nacional que reorienta los recursos federales hacia la lucha contra lo que describen como «violencia política organizada» enfocada en el «antifascismo» y lo que la administración Trump percibe como ideologías de izquierda radical.
El Memorando comienza citando varios incidentes, como el asesinato de Charlie Kirk, argumentando que «algunas personas que se adhirieron a la ideología del presunto tirador abrazaron y aplaudieron este asesinato malvado mientras alentaban más violencia política». También recuerda el asesinato en 2024 del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y el intento de asesinato en 2022 contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, así como los dos intentos de asesinato contra el propio presidente durante la campaña electoral de 2024 en un período de tres meses. Asimismo, recuerda los disturbios en Los Ángeles y Portland y los ataques contra oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Memorando atribuye estos ataques a sofisticadas «campañas organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, diseñadas para silenciar la expresión de la oposición, limitar la actividad política, modificar o dirigir los resultados de las políticas e impedir el funcionamiento de una sociedad democrática. Se requiere una nueva estrategia policial que investigue a todos los participantes en estas conspiraciones criminales y terroristas, incluyendo las estructuras organizadas, redes, entidades, organizaciones, fuentes de financiación y las acciones subyacentes». Apunta directamente a foros, redes sociales e incluso instituciones educativas.
El presidente Trump ordenó las siguientes acciones:
- Investigar y desmantelar redes de «violencia política» antes de que resulten en actos violentos (precrimen).
- Identificar indicadores de radicalización, como «antiamericanismo», «anticapitalismo», «anticristianismo», apoyo al derrocamiento del gobierno federal y visiones extremas sobre migración, raza, género, familia, religión o moralidad.
- Desmantelar las redes que financian el terrorismo nacional y la violencia política, ordenando el rastreo de flujos sospechosos financieros y la revisión del estatus de exención fiscal de organizaciones potencialmente vinculadas a «terrorismo doméstico».
- Monitorear las actividades en plataformas digitales, incluyendo redes sociales, foros anónimos e instituciones educativas, donde la directiva afirma que se gesta la radicalización.
La Sección 4ª del NSPM–7 declara el terrorismo doméstico como área de prioridad nacional. Trump ordena el desarrollo de «programas de subvenciones adecuados para asignar fondos a las fuerzas del orden para detectar, prevenir y proteger contra las amenazas derivadas de esta área».
Mientras la administración Trump defiende esta norma como una respuesta a la violencia, sus críticos ven un riesgo claro de abuso de poder para suprimir la disidencia.
Conclusión
Aunque carece de fuerza legal, el impacto del NSPM–7 podría generar autocensura entre activistas y organizaciones. Además, su enfoque en el «pre-crimen» amplifica el poder del gobierno federal para monitorear a la población. Recuerda mucho a las directrices adoptadas tras el 11–S para justificar la vigilancia masiva de la población, lo que se traduce en un recorte de libertades civiles.
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