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JAVIER CASAL TAVASCI

Plataformas de recogida de firmas

De un tiempo a esta parte se han popularizado las plataformas de recogida de firmas para diferentes iniciativas. La más popular es Change.org.

Tengo claro que detrás de cada iniciativa hay personas de buena voluntad dispuestas a solucionar las injusticias gracias a su determinación, pero estas plataformas no me convencen. 

En primer lugar, no son Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sino empresas privadas situadas fuera de España.

Según la Política de Privacidad de Change.org, el responsable del tratamiento de datos personales está en San Francisco (EE.UU.), si bien tienen un representante en la Unión Europea, concretamente, en Barcelona. En otras plataformas, como petición.es o peticiónpública.es, la información acerca de la identidad del responsable de la web y del tratamiento de datos personales es opaca. Ambas páginas web incumplen lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, lo cual es motivo de infracción y sanción por parte de la autoridad de control.

La plataforma petición.es opera en España, si bien su Política de Privacidad está escrita en inglés, lo cual dificulta su comprensión. Ya sea en inglés o traducida al español, lo cierto es que no cumplen las previsiones del RGPD en materia de información. Nuevo motivo de infracción y sanción por parte de la autoridad de control.

En peticiónpublica.es han tenido la cortesía de escribir su Política de Privacidad en español. Como en el caso anterior, incumplen las previsiones legales en materia de información al usuario de la web. La plataforma lanza al usuario la siguiente advertencia: «Al aceptar la presente política de privacidad, el usuario consiente expresamente que sus datos personales puedan ser utilizados, conforme a las preferencias indicadas en el formulario correspondiente, para enviarle por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, comunicaciones comerciales o información de empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones; financiero; seguros; energía, combustibles y agua; ocio; turismo y viajes; automoción; salud, bienestar y alimentación; belleza y cosmética; formación, consultoría, educación y empleo; ONGs; asesoría legal; inmobiliaria» y añaden lo siguiente: «Conforme a las preferencias seleccionadas en el formulario de captación correspondiente, sus datos podrán ser cedidos a empresas relacionadas con los sectores que se relacionan y detallan arriba. La finalidad de la cesión será el envío, por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes por parte de estas empresas de información y comunicaciones comerciales que puedan resultar de su interés». Se puede deducir –y dudo que me equivoque- que esa cesión de datos personales para comunicaciones comerciales de terceros no es desinteresada. 

Las citadas plataformas son minoritarias si comparamos sus resultados con los de Change.org; ahora bien, ambas mueven muchos usuarios. Por ejemplo, en peticiónpública.es la iniciativa denominada No a los Sueldos Desorbitados y Prebendas de la Clase Política Española lleva recogidas, a fecha de hoy, un total 436.308 firmas. Ahí es nada.

Change.org surge en el año 2007 como una red social sin ánimo de lucro. En la actualidad, cuenta con más de 200 millones de usuarios con presencia en 196 países según datos extraídos de su web. A diferencia de las plataformas anteriores, Change.org no comercializa con los datos personales de sus usuarios, pero se lucra a cuenta de ellos, ya sea mediante aportaciones o cuota de socio.

Cuando una persona firma o crea una petición a través de la plataforma Change.org se crea, de forma automática, una cuenta de usuario; todas las actividades en Change.org quedan entonces vinculadas a dicha cuenta. Los datos recopilados son, básicamente, el nombre y apellidos del usuario y su dirección de correo electrónico. Opcionalmente, pueden recabar datos acerca de su dirección postal, su perfil en Twitter, su número de teléfono, el número de su tarjeta de crédito y toda aquella información personal que, amablemente, guste compartir con la plataforma.

Change.org informa que los datos personales de los usuarios, recabados a través de la plataforma, se tratan para diferentes finalidades.

Una finalidad es el «análisis de información personal para informes comerciales y la prestación de servicios personalizados». Dentro de esta finalidad explican que tratan sus datos personales para «personalizar su experiencia presentándole peticiones, campañas y ofertas adaptadas a usted, basadas en lo que sabemos sobre usted» y añaden: «podemos anonimizar, desidentificar y/o agregar información y usarla para entender y servir mejor a nuestros usuarios o para optimizar nuestros esfuerzos orientados a las acciones de marketing. Por ejemplo, podemos elaborar estadísticas para conocer el porcentaje de nuestros usuarios en un estado o país que se preocupan por los derechos de los animales, o el rango de edad de dichos usuarios, o analizar el rendimiento de ciertos correos electrónicos en particular». O sea que, por un lado, crean un perfil de sus usuarios en función de sus inquietudes e intereses y, por otro, les remiten información acerca de iniciativas que pueden resultar de su interés. Igual si atraen su atención sobre “causas justas” consiguen que se haga socio o haga una aportación económica a la causa. 

En la Política de Privacidad se advierte que los datos personales recabados pueden ser cedidos, en concreto, a «empresas dentro del grupo de empresas de Change.org» (no se indica la identidad de estas empresas y el enlace que establecen al efecto está roto o la página enlazada se ha eliminado). También pueden cederlos a la Fundación benéfica Change.org y a sus sucursales (nuevamente el enlace está roto) y a proveedores, subcontratistas y socios comerciales (tampoco se identifican). 

Dentro de las advertencias de la Política de Privacidad me llama la atención la siguiente: «No tenemos planeado vender nuestra empresa. En este caso improbable, podremos transferir su información personal a un tercero si nosotros o cualquiera de nuestras filiales estamos o están involucradas en una reestructuración empresarial (por ejemplo, una venta, fusión u otra transferencia de activos, incluido en relación con procedimientos concursales o similares)». De modo que, la base de datos de millones de usuarios puede caer en manos de cualquiera que compre la plataforma o se fusione con la misma. 

Change.org es una organización global. Como tal se advierte al usuario que «su información personal puede ser almacenada y procesada en cualquier país donde tengamos oficinas o en el cual utilicemos a proveedores de servicios, y al utilizar la plataforma usted autoriza la transferencia de su información personal a países fuera de su país de residencia, incluido Estados Unidos, que pueden tener normas de protección de datos distintas a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, las autoridades policiales, las agencias reguladoras o las autoridades de seguridad radicadas en esos otros países podrán tener derecho a acceder a su información personal».

La autenticidad de las firmas recabadas por estas plataformas ha sido objeto de numerosas críticas. Para firmar una iniciativa, basta un nombre, uno o dos apellidos y un correo electrónico, que pueden ser verdaderos o falsos. Nada impide crear un perfil falso, pues no se asocia el nombre y apellidos del usuario a su documento acreditativo de identidad y tampoco se requiere el uso de firma electrónica para participar en cualquiera de las iniciativas.   

Reconozco que estas plataformas pueden generar un debate en la ciudadanía, sobre todo cuando sus campañas trascienden a los medios de comunicación y redes sociales, pero la validez de las firmas de cara a promover la iniciativa legislativa popular es nula, pues no se asocia la identidad del firmante a su documento de identidad, previsión contenida en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Para autenticar una firma, la norma dispone que en «la firma del elector se indicará su nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y municipio en cuyas listas electorales se halle inscrito. La firma deberá ser autenticada por un Notario, por un Secretario Judicial o por el Secretario municipal correspondiente al municipio en cuyo censo electoral se halle inscrito el firmante. La autenticación deberá indicar la fecha y podrá ser colectiva, pliego por pliego. En este caso, junto a la fecha deberá consignarse el número de firmas contenidas en el pliego».

Alemania cuenta con una plataforma de peticiones a nivel estatal. La participación es tan sencilla como registrar una cuenta de usuario, con su nombre y apellido, documento de identidad, dirección postal, correo electrónico y teléfono. Las peticiones pueden ser privadas o de interés público, en cuyo caso, se enviarán por vía telemática cubriendo el formulario en línea del Comité de Peticiones. Registrada la petición pública, si cumple los requisitos de admisión, se abre un periodo de cuatro semanas para recoger firmas. Las firmas se pueden enviar por vía telemática a través de la plataforma o por correo postal, electrónico o fax a la Secretaría de la Comisión de Peticiones del Bundestag. La plataforma garantiza la privacidad del usuario frente al resto, al poder emplear un pseudónimo. Si una petición alcanza el quórum de 50.000 partidarios dentro del periodo de firmas, el peticionario es escuchado en una reunión pública del Comité de Peticiones del Bundestag. Si quieren saber más sobre la plataforma hagan clic aquí.

Crear una plataforma similar a la de Alemania en nuestro país es posible y sencillo, garantizándose la autenticidad de las firmas mediante el D.N.I. electrónico o un certificado digital.

En nuestro país, el derecho de petición es un derecho fundamental recogido en el artículo 29 de la Constitución. Dicho derecho se materializa a través de la iniciativa legislativa popular, que requiere 500.000 firmas acreditadas, entre otros requisitos.

Crear en España una plataforma pública de recogida de firmas acreditadas es perfectamente viable gracias a las nuevas tecnologías, pero ¿interesa que el ciudadano tenga voz y voto en la gestión directa de lo público?.

Ojalá existiera valentía y voluntad política para permitir el ejercicio efectivo de la iniciativa legislativa popular. Es un derecho fundamental que difícilmente se puede ejercer. 

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