El presidente de Estados Unidos –Joe Biden– acaba de emitir una Orden Ejecutiva con los objetivos de establecer estándares para la seguridad de la inteligencia artificial que reflejen intereses democráticos y valores como la transparencia, la privacidad, la responsabilidad y la protección al consumidor.
La Orden Ejecutiva se ampara en la Ley de Producción para la Defensa (Defense Production Act). Se trata de una ley federal promulgada en el año 1950 en respuesta a la Guerra de Corea que faculta al presidente para establecer mecanismos, tales como reglamentos, órdenes o agencias, en favor de la defensa nacional. Durante este siglo han sido varias las ocasiones en las que los presidentes de turno han invocado esta ley, por ejemplo, Barack Obama la invocó en 2011 para obligar a las empresas de telecomunicaciones a proporcionar información detallada a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio sobre el uso de «hardware» y «software» de fabricación extranjera en las redes de las empresas para combatir el ciberespionaje chino. El presidente Biden es el que más veces la ha invocado, hasta en ocho ocasiones, a pesar de su carácter extraordinario.
La Orden Ejecutiva dirige las siguientes acciones:
- Establecer nuevos estándares para la seguridad de la inteligencia artificial.
- Protección de la privacidad de los ciudadanos.
- Promoción de la equidad y los derechos civiles.
- Defensa de los consumidores, pacientes y estudiantes.
- Defensa de los derechos de los trabajadores.
- Promoción de la innovación y la competencia.
- Impulso del liderazgo estadounidense en el extranjero.
El gobierno federal prevé desarrollar estándares, herramientas y pruebas para ayudar a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y confiables.
La Administración Biden tiene prevista la creación del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial de Estados Unidos (US AISI) que pondrá en funcionamiento el marco de gestión de riesgos del NIST mediante la creación de directrices, herramientas, puntos de referencia y mejores prácticas como la autenticación de contenido creado por humanos, la colocación de marcas de agua en el contenido generado por la inteligencia artificial, la identificación y mitigación de la discriminación algorítmica dañina, la garantía de la transparencia y la adopción de políticas que preserven la privacidad.
Frente a los riesgos potenciales de los sistemas de inteligencia artificial, la Orden Ejecutiva exige que las empresas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial avanzados o que afecten a la seguridad nacional compartan con el gobierno federal las pruebas de seguridad.
La orden también pone de manifiesto la necesidad de proteger la privacidad de los ciudadanos, admitiendo que la inteligencia artificial no sólo facilita la extracción, identificación y explotación de datos personales, sino que aumenta los incentivos para hacerlo, porque las empresas utilizan datos para entrenar a sus sistemas. Para proteger la privacidad de los ciudadanos se insta al Congreso a que apruebe una ley federal que proteja la privacidad de las personas, aunque está por ver que logren la mayoría necesaria para que aprobar dicha ley.
Otro punto a destacar es la necesidad de promover la equidad y los derechos civiles y es que los usos irresponsables de la inteligencia artificial pueden provocar discriminación, prejuicios y abusos en la justicia, la atención sanitaria y la vivienda. La Administración Biden ya ha tomado medidas al publicar el Plan para una Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial y emitir una Orden Ejecutiva que ordena a las agencias combatir la discriminación algorítmica.
Al mismo tiempo, se advierte la preocupación de las autoridades por el impacto de la inteligencia artificial en el campo laboral. Para mitigar los perjuicios, el presidente plantea desarrollar un nuevo marco legal, abordando el desplazamiento laboral, la equidad, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, así como la recopilación de datos personales.
Otro frente es la defensa de los consumidores. La inteligencia artificial puede aportar beneficios a los consumidores, por ejemplo, haciendo que los productos sean mejores, más baratos y ampliamente disponibles, pero también aumenta el riesgo de dañar o engañar a los ciudadanos. Para protegerlos se plantea impulsar el uso responsable de la inteligencia artificial mediante reformas legislativas.
Conclusión
Mientras Estados Unidos y China avanzan en la regulación de la inteligencia artificial, la Unión Europea parece dormirse en los laureles, perdiendo el protagonismo que la ocasión requiere.
