Cuando el poder irrumpe en la privacidad de los ciudadanos, las consecuencias para estos pueden ser imprevisibles. Veamos un ejemplo:
En Estados Unidos las personas sin estatus migratorio regular, o sea, inmigrantes indocumentados, pagan impuestos federales- Para cumplir con esta obligación, utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Al hacerlo, comparten datos personales, como nombre completo y domicilio particular, con el IRS.
El IRS depende del Departamento del Tesoro y opera bajo la supervisión de un Comisionado del IRS, designado por el presidente de Estados Unidos con aprobación del Senado. Cuenta con oficinas regionales y centros de servicio en todo el país.
La confidencialidad de los datos tributarios está estrictamente protegida por la Sección 6103 del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code), que prohíbe su divulgación a terceros –incluidas agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)– salvo excepciones limitadas (principalmente para investigaciones criminales no tributarias específicas). Todos sabemos que está pasando con ICE y las expulsiones de inmigrantes.
El 7 de abril de 2025 se firmó el Memorandum of Understanding (MOU) entre el IRS y el ICE. Este acuerdo permite que el ICE solicite al IRS la confirmación de nombres, direcciones y periodos fiscales de personas con órdenes finales de deportación o bajo investigación criminal federal relacionada. El IRS cruzará los datos para verificar y compartir información personal. El anuncio ha generado preocupación en las comunidades de inmigrantes. Muchos se sienten traicionados al comprobar que el cumplimiento fiscal –promovido durante décadas por el propio IRS– podría utilizarse ahora en su contra para facilitar su deportación.
Demanda conjunta
Dos organizaciones de Chicago —el Centro de Trabajadores Unidos y Immigrant Solidarity DuPage— presentaron una demanda conjunta contra el Departamento del Tesoro, el IRS y su comisionada, con el fin de impedir que las autoridades migratorias accedan a datos personales de contribuyentes ITIN.
La demanda se basa en la Sección 6103 del Código de Rentas Internas, que establece normas estrictas sobre la confidencialidad de la información tributaria en Estados Unidos y prohíbe su divulgación a terceros, incluidas agencias migratorias como ICE o el DHS, salvo en casos excepcionales previstos por la ley.
En mayo de 2025, el juez Dabney L. Friedrich denegó la moción de orden de restricción temporal presentada por las organizaciones. Sin embargo, en noviembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Columbia dictó sentencia ordenando la suspensión temporal del acuerdo, al considerar que viola las protecciones de privacidad del IRS y no cumple estrictamente con las excepciones legales.
El gobierno apeló la decisión ante el tribunal federal, y desde enero de 2026 el caso se encuentra pendiente de resolución.
Conclusión
Incluso las democracias más consolidadas pueden verse amenazadas por derivas autoritarias, siendo el control ciudadano la estrategia inicial de quienes aspiran a imponerlas. La protección de datos personales se advierte más necesaria que nunca.
