En los Estados Unidos, los fiscales generales de cuarenta y un estados, junto con el fiscal general del Distrito de Columbia, presentaron en octubre de 2023 una demanda colectiva contra Meta Platforms ante el Tribunal del Distrito Norte de California «por los riesgos potenciales que representan sus redes sociales para los más jóvenes». Denuncian que sus redes sociales (Facebook e Instagram) se diseñaron para hacerlas adictivas, afectando principalmente a menores de 13 años y adolescentes, con recomendaciones algorítmicas, cuantificación de métricas, desplazamiento infinito, contenido efímero, filtros que alteran la realidad y otras aficiones adictivas.
La demanda –cuyo texto original dejo enlazado aquí— pone de manifiesto que «Meta ha alterado las realidades psicológicas y sociales de una generación de jóvenes estadounidenses mediante el uso de tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a los jóvenes y adolescentes. Su motivo es el beneficio y, al tratar de maximizar sus ganancias financieras, Meta engañó repetidamente al público sobre los peligros sustanciales de sus plataformas de redes sociales» y es que el modelo de Meta se basa en maximizar el tiempo que los usuarios gastan en sus plataformas, así, «cuanto más tiempo gastan en Instagram y Facebook, más gana Meta vendiendo publicidad dirigida a esos usuarios».
Los fiscales generales también denuncian la ocultación por parte de Meta de informes internos en los que se alertaba de los efectos adversos de sus plataformas, señalando que «las investigaciones han demostrado que el uso que hacen los jóvenes de las plataformas de redes sociales de Meta se asocia con depresión, ansiedad, insomnio e interferencia con la educación y la vida diaria, y muchos otros resultados negativos». En septiembre de 2021, una exempleada de Meta —Frances Haugen— filtraba al Wall Street Journal una serie de documentos internos de la compañía, en los que se alertaba de las consecuencias negativas del consumo de contenidos en Instagram, especialmente entre las chicas más jóvenes. Se hablaba de trastornos alimentarios, depresión y tendencias suicidas. La denuncia de Haugen trajo consigo una demanda colectiva interpuesta por centenares de padres con hijos afectados y decenas de instituciones educativas, que está pendiente de resolución.
Por último, los fiscales generales denuncian la violación sistemática de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés) al recopilar los datos de menores de 13 años sin el permiso de sus padres o tutores.
En octubre de 2024, el tribunal denegó en gran medida la moción de Meta para desestimar el caso, permitiendo que avancen la mayoría de las reclamaciones, incluidas las de prácticas engañosas y violaciones de leyes estatales de protección al consumidor, al considerar que no están protegidas por la Sección 230 de la Communications Decency Act. Por otro lado, las demandas personales por daños (iniciadas por las familias afectadas) progresado rápidamente: en enero de 2026 comienzan los primeros juicios testigo («bellwether trials») en California contra Meta y otras plataformas (TikTok, YouTube), que podrían influir en miles de casos similares consolidados.
Conclusión
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en 2023 en los casos Twitter, Inc. contra Taamneh y González contra Google, eximiendo a las plataformas de responsabilidad por contenidos publicados por terceros. De ello les hablé en el artículo que dejo enlazado al final.
En este caso, los fiscales generales emplean un enfoque distinto: no responsabilizan a Meta por el contenido generado por los usuarios, sino por el diseño adictivo de sus productos, por engañar al público sobre sus riesgos para la salud mental y por vulnerar la COPPA.
El hecho de que Meta no quiera abandonar o cambiar una serie de prácticas que se sabe son dañinas por la adicción que generan, que pretenda minimizar el impacto de sus productos en la salud mental de los más jóvenes, cuando no falsearlos u ocultarlos, es inadmisible.
