El 20 de enero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó la Orden Ejecutiva 14158, por la que se crea el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reducir el gasto público.
Estados Unidos enfrenta un serio problema con su deuda pública y necesita adoptar medidas para afrontarlo. En junio de 2023, el país evitó una suspensión de pagos gracias a un acuerdo bipartidista que elevó el techo de la deuda. El acuerdo, firmado por el presidente Biden, permitió suspender el límite de endeudamiento hasta 2025, evitando un default con consecuencias catastróficas para la economía global (pensemos que otros países, como Japón, China, Reino Unido, Brasil o México han comprado bonos del Tesoro estadounidense y que el impago habría generado un efecto dominó).
Trump designó inicialmente a dos multimillonarios –Elon Musk y Vivek Ramaswamy– para codirigir el DOGE. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, Trump afirmó: «Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales, esenciales para el movimiento Salvemos a Estados Unidos». Sin embargo, Ramaswamy se apartó antes de que comenzara el proyecto.
Musk, quien asumió un rol como «empleado especial del gobierno» (special government employee), escribió en X: «¿Amenaza para la democracia? No, ¡¡¡amenaza para la BUROCRACIA!!!». En sus propias palabras, pretendía «hacer temblar el sistema». Mantuvo este rol hasta su salida precipitada el 28 de mayo de 2025, tras desacuerdos con la administración Trump sobre un proyecto de ley de gastos que aumentaba el déficit.
En 2025, el techo de deuda se abordó nuevamente mediante acuerdos legislativos. Sin embargo, el déficit estructural persiste y se prevé un aumento de hasta 600.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2026, debido a los proyectos de ley de gasto recientemente aprobados.
Esta continua dependencia del endeudamiento refleja un desequilibrio estructural en las finanzas públicas de Estados Unidos que, más pronto que tarde, deberán corregir.
Primeras reacciones
Poco después de su creación, miembros de DOGE accedieron a sistemas del Departamento del Tesoro. Según The Wall Street Journal también accedieron a sistemas de Medicare y Medicaid.
Medicare es un programa federal creado en 1965 para proporcionar cobertura sanitaria a mayores de 65 años y personas con discapacidades específicas. En 2024 estaban inscritos en el programa más de 64 millones de estadounidenses. Por su parte, Medicaid es un programa conjunto federal–estatal que ofrece cobertura de seguro médico gratuito o de bajo costo para personas con ingresos y recursos limitados. En 2024 estaban inscritos en Medicaid más de 79 millones de personas.
Los fiscales generales de los estados Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin presentaron una demanda contra el presidente Trump, el secretario del Tesoro (Scott Bessent) y el Departamento del Tesoro, alegando violaciones a la privacidad y leyes de protección de datos.
El juez Paul Engelmayer del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió el 8 de febrero de 2025 una orden prohibiendo (temporalmente) el acceso a cualquier registro de pago, sistemas de pago o cualquier otro sistema de datos mantenido por el Departamento del Tesoro que contenga información de identificación personal y/o información financiera confidencial de los beneficiarios, excepto a los funcionarios públicos que necesiten acceso para realizar sus deberes laborales dentro de la Oficina de Servicios Fiscales. El juez también ordenó la destrucción de cualquier información descargada del sistema de pagos por cualquier persona que haya tenido acceso a ella desde el 20 de enero de 2025 (día de la investidura de Donald Trump).
La jueza Jeannette A. Vargas, del mismo tribunal, ratificó la orden previa del juez Engelmayer. Al mismo tiempo, exigió al Gobierno federal que demuestre que los empleados del DOGE cuentan con la formación necesaria en ciberseguridad. El fallo establece que, si el Gobierno no presenta información suficiente sobre la capacitación en ciberseguridad del personal del DOGE y sobre los protocolos de seguridad que deben seguir, el bloqueo se mantendrá de forma indefinida. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, llegó a declarar en una publicación en X que «se ha podido evitar que el hombre más rico del mundo robe sus datos».
Por su parte, la Asociación de Estudiantes de la Universidad de California presentó el 7 de febrero de 2015 una demanda en el Tribunal de Distrito de Columbia para que prohíba el acceso a cualquier miembro o asociado del DOGE a los registros personales de los estudiantes de la Universidad con la obligación destruir la información personal que, hasta la fecha, hubieran obtenida ilegalmente. El juez Randolph Moss emitió el 11 de febrero de 2025 una orden prohibiendo temporalmente dicho acceso, hasta que se resuelva la demanda.
El DOGE se enfrenta a más de treinta demandas, muchas de ellas relacionadas con violaciones de la Ley de Privacidad y acceso no autorizado a datos sensibles en agencias como el Tesoro, Oficina de Gestión de Personal (OPM), Servicio de Impuestos Internos (IRS) y Administración del Seguro Social (SSA). Los tribunales han juzgado varias acciones como ilegales, emitiendo bloqueos y órdenes de destrucción de datos.
Conclusión
El Gobierno estadounidense debería reducir el nivel de gasto del país, lo que implica realizar ajustes, si bien estos deben respetar los principios democráticos y los derechos humanos.
Un exhaustivo análisis publicado por The New York Times en diciembre de 2025 concluyó que las principales afirmaciones de DOGE sobre gastos y recortes eran, en gran medida, incorrectas y estaban plagadas de errores, como doble contabilización, exageraciones y clasificaciones erróneas. A pesar de los miles de recortes anunciados –que incluyeron despidos masivos y la eliminación de agencias enteras como la USAID–, el ahorro real fue insignificante. Además, la administración Trump continúa gastando, con el gasto federal aumentando sin control, lo que contradice directamente los objetivos de DOGE.
El problema principal radica en el acceso no autorizado o excesivo de DOGE a datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos pertenecientes a grupos vulnerables, como personas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos.
Fiscales generales como Letitia James, de Nueva York, y Andrea Campbell, de Massachusetts, han liderado coaliciones que sostienen que el acceso de DOGE a los datos confidenciales de los ciudadanos es ilegal y vulnera la Constitución, insistiendo en que la protección de los derechos y de la privacidad debe prevalecer sobre cualquier argumento de eficiencia.
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