En su afán por recortar el gasto público en la Administración federal, Elon Musk, como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), envió un mensaje por correo electrónico a todos los empleados federales preguntándoles qué hicieron la semana pasada con la advertencia de que quien no respondiese sería despedido. Anteriormente, Musk afirmó que cualquier falta de respuesta sería tratada como renuncia.
Pocos días después, el DOGE envió a todos los empleados federales otro correo electrónico, a través de sus correspondientes agencias federales, que decía: «Por favor, responda a este correo electrónico con aproximadamente cinco tareas que describan lo que logró la semana pasada y envíe una copia a su gerente», agregando que es previsible que cada lunes tengan que enviar una respuesta sobre lo que hicieron la semana anterior.
Pensemos que hay agencias federales que manejan información sensible, por ejemplo, CIA (Agencia Central de Inteligencia), FBI (Oficina Federal de Investigación), NSA (Agencia de Seguridad Nacional), CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad), DEA (Administración para el Control de Drogas), DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa), NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), entre otras.
Muchos empleados públicos no respondieron a los mensajes. Tanto Musk como Trump insinuaron que la falta de respuesta podría indicar que los empleados están muertos o son ficticios. Se anticipa una ola masiva de despidos en los próximos meses.
La cuestión es: ¿hasta qué punto un empleado público tiene que desvelar información confidencial para defender su puesto de trabajo frente a un magnate que no hace sino acumular información de todas las agencias posibles?. Los funcionarios o empleados públicos están obligados por el principio de confidencialidad que les obliga a guardar secreto sobre materias clasificadas o cuya difusión esté prohibida legalmente.
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