El juez del Distrito Oeste de Luisiana, División Monroe, Terry Doughty, prohibió –con carácter cautelar– a los departamentos del gobierno federal de Estados Unidos de Salud y Servicios Sociales, Justicia y Estado, así como al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y a la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad, reunirse con las plataformas de redes sociales con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a la retirada, supresión o reducción de contenidos publicados en ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. También les prohibió «marcar específicamente contenidos o publicaciones en plataformas de redes sociales instando, alentando, presionando o induciendo de cualquier manera a las redes sociales a que modifiquen sus directrices para eliminar o reducir contenidos protegidos por la libertad de expresión». Dejo enlazada aquí la resolución.
Aparte de no poder reunirse, les prohibió «enviar correos electrónicos, llamar, enviar cartas, mensajes de texto o entablar cualquier tipo de comunicación con las empresas de redes sociales con el propósito de eliminar o reducir contenidos protegidos por la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos».
Como excepciones, el juez permitía «informar a las empresas de redes sociales de publicaciones que impliquen actividades delictivas o conspiraciones delictivas, así como notificar amenazas a la seguridad nacional, extorsión u otras amenazas publicadas en las plataformas, denunciar irregularidades en procesos electorales o intentos extranjeros de influir en las elecciones e informar sobre actividades cibernéticas maliciosas».
La resolución se dictó tras la demanda formulada por los Fiscales Generales de los Estados de Luisiana y Missouri, por dos epidemiólogos que cuestionaron la gestión gubernamental en la pandemia del Covid–19, un profesor de la Universidad de California despedido por negarse a vacunarse, la directora de una organización acusada de propagar desinformación sobre inmunizaciones y el fundador de la web de ultraderecha Gateway Pundit. Todos aseguran que fueron censurados en redes sociales por presiones gubernamentales.
El Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, declaró tras conocerse la resolución: «Debemos establecer una separación clara entre las empresas de tecnología y el gobierno para salvaguardar nuestro derecho de la Primera Enmienda a participar en un debate libre, justo y abierto».
El Departamento de Justicia apeló a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que suspendió temporalmente la orden, revisando los límites en septiembre de 2023. Dejo enlazada aquí la resolución de la Corte.
El proceso culminó el 26 de junio de 2024, con una decisión de la Corte Suprema en el caso Murthy v. Missouri, donde la mayoría, liderada por la jueza Amy Coney Barrett, determinó que los demandantes carecían de legitimación activa bajo el artículo 3 de la Constitución, ya que no pudieron demostrar que sus lesiones eran directamente atribuibles a las acciones del Gobierno y no a decisiones independientes de las plataformas. Esto resultó en la revocación de la medida cautelar y el cierre del caso. La opinión disidente, por el juez Samuel Alito y respaldada por Clarence Thomas y Neil Gorsuch, argumentó que había evidencia de coerción gubernamental y que el tribunal debería haber abordado el caso.
Conclusión
La libertad de expresión es un derecho sagrado en cualquier democracia. Cada vez que un político quiere influir en los medios o en las redes sociales, la democracia se resiente.
