El Juez del Distrito Oeste de Luisiana–División Monroe, Terry Doughty, prohibió –con carácter cautelar– a distintos departamentos del gobierno federal de los Estados Unidos, en concreto, los de Salud, Justicia y Estado, así como al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y a la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad, reunirse con empresas de redes sociales con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a la retirada, supresión o reducción de contenidos publicados en ejercicio de la libertad de expresión». Dejo enlazada aquí la resolución.
También les prohibió «marcar específicamente contenidos o publicaciones en plataformas de redes sociales instando, alentando, presionando o induciendo de cualquier manera a las redes sociales a que modifiquen sus directrices para eliminar o reducir contenidos protegidos por la libertad de expresión».
Aparte de no poder reunirse, les prohibió «enviar correos electrónicos, llamar, enviar cartas, mensajes de texto o entablar cualquier tipo de comunicación con las empresas de redes sociales con el propósito de eliminar o reducir contenidos protegidos por la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos».
Como excepciones, el Juez permitía «informar a las empresas de redes sociales de publicaciones que impliquen actividades delictivas o conspiraciones delictivas, así como notificar amenazas a la seguridad nacional, extorsión u otras amenazas publicadas en las plataformas, denunciar irregularidades en procesos electorales o intentos extranjeros de influir en las elecciones e informar sobre actividades cibernéticas maliciosas».
La resolución se dictó tras la demanda formulada por los Fiscales Generales de los Estados de Luisiana y Missouri, por dos epidemiólogos que cuestionaron la gestión gubernamental en la pandemia del Covid–19, un profesor de la Universidad de California despedido por negarse a vacunarse, la directora de una organización acusada de propagar desinformación sobre inmunizaciones y el fundador de la web de ultraderecha Gateway Pundit. Todos aseguran que fueron censurados en redes sociales por presiones gubernamentales.
El Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, declaró tras conocerse la resolución: «Debemos establecer una separación clara entre las empresas de tecnología y el gobierno para salvaguardar nuestro derecho de la Primera Enmienda a participar en un debate libre, justo y abierto».
Los abogados del Departamento de Justicia apelaron a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. ante la que solicitaron una suspensión de las restricciones. Dicha Corte de Apelaciones acaba de dicta una resolución, que dejo enlazada aquí, en la que acuerda la suspensión temporal hasta nueva orden del tribunal. Se espera que el proceso concluya a finales de año con una resolución definitiva, la cual tendrá un enorme calado en los Estados Unidos.
Conclusión
La libertad de expresión es un derecho sagrado en cualquier democracia. Cada vez que un político quiere influir en los medios o las redes sociales en su favor la democracia se resiente. Si la información que divulgan los medios o las redes sociales no es veraz que acudan a los tribunales de justicia para denunciarlo.
Estados Unidos siempre ha presumido de ser la primera democracia del mundo. Veremos si la Corte de Apelaciones, finalmente, limita las injerencias de los gobiernos. De no hacerlo, la brecha en los derechos fundamentales sería enorme y peligrosa.
