El reconocimiento fácil en espacios públicos está presente en cientos de grandes ciudades alrededor del mundo. También en España.
China
Más de la mitad de las cámaras de vigilancia del mundo están instaladas en China. Existen informes que sitúan la cifra en más de 700 millones, lo que representaría más de la mitad —y hasta dos tercios en ciertas estimaciones— del total mundial.
El sistema, conocido como «Skynet» —sí, el mismo nombre de la inteligencia artificial que lidera a las máquinas contra los humanos en la saga Terminator— integra tecnologías avanzadas de inteligencia artificial para procesar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras, permitiendo una vigilancia masiva sin precedentes.
El riesgo radica en el manejo de los datos biométricos recolectados, su almacenamiento y el uso que las autoridades hacen de ellos, habilitando un control social masivo y potencialmente opresivo. Esta red no solo monitorea comportamientos cotidianos, sino que también emplea algoritmos predictivos para anticipar actividades delictivas, afectando a la privacidad y a los derechos humanos en un contexto de autoritarismo digital.
India
El estado de Telangana concentra una proporción significativa de las cámaras de vigilancia del país y actúa como un laboratorio para tecnologías de reconocimiento facial, según informes de Amnistía Internacional que destacan la creación de un mapa biométrico de la población.
En 2025, esta tecnología se ha expandido a instituciones educativas, implementando sistemas de reconocimiento facial para el registro de asistencia de más de 1,7 millones de estudiantes en escuelas y colegios gubernamentales con el objetivo de eliminar prácticas fraudulentas como la suplantación.
Israel y Palestina
Amnistía Internacional, en el informe titulado Apartheid Automatizado, denuncia el uso excesivo por parte de las autoridades israelíes del sistema de reconocimiento facial conocido como Red Wolf. Este sistema se ha desplegado en puntos de control militares y fronterizos en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, para escanear rostros de palestinos sin su consentimiento, integrándolos en bases de datos de vigilancia para monitoreo constante.
En Jerusalén Oriental, diversos informes destacan cómo esta tecnología agrava las restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos, utilizando datos biométricos obtenidos de manera ilegítima para controlar sus desplazamientos en un contexto de ocupación y segregación.
Human Rights Watch advierte que Red Wolf representa una nueva fase de «ocupación sin fricciones» donde el juicio humano se elimina por completo del proceso. Es una máquina quien reconoce y evalúa al sujeto.
La empresa Oosto (antes, AnyVision) es líder global en el desarrollo de esta tecnología, exportándola como herramientas de control probada en entornos reales.
América Latina
Access Now, una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada al activismo digital y a la defensa de los derechos humanos, denuncia en su informe Tecnología de Vigilancia en América Latina. Hecha en el exterior utilizada en casa el uso del reconocimiento facial en espacios públicos en países de América Latina, con énfasis en Ecuador, Brasil y Argentina.
Ecuador
Ecuador implementó en 2002 el sistema conocido como «Ojos de Águila» en Quito y Guayaquil, las ciudades más pobladas del país.
En 2010, bajo el gobierno de Rafael Correa, se creó una infraestructura nacional de vigilancia para las fuerzas del orden con más de 6.600 cámaras, muchas equipadas con tecnología de reconocimiento facial (TRF). El sistema se conoce como ECU911. Desde 2013, ha extendido su cobertura a municipios como Nayón, Pedro Moncayo y Daule, así como a ciudades como Quevedo, Ambato, Pelileo, Guano, Salcedo, Santa Elena y Rumiñahui
A finales de 2016, el presidente Xi Jinping visitó la sede del ECU911 en Quito. Durante esta visita, Xi inauguró un laboratorio de investigación de inteligencia artificial en las instalaciones. Este sistema fue construido íntegramente por empresas chinas y financiado con un préstamo estatal chino de 240 millones de dólares.
Ecuador demuestra de qué manera la tecnología construida para el sistema político de China está siendo aplicada —y en ocasiones abusada— por otros gobiernos. A la lista se suman Zimbabue, Uzbekistán, Pakistán, Kenia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, que usan sistemas de monitoreo inteligentes hechos en China.
Brasil
En 2016, el Servicio Federal de Aduanas de Brasil adquirió cámaras con tecnología de reconocimiento facial (TRF) de la compañía japonesa NEC para identificar en los aeropuertos a sospechosos de evasión de impuestos de importación.
En São Paulo se instalaron más de 4.000 cámaras como parte del programa «City Câmeras», gracias a una donación de 1,5 millones de dólares realizada por las empresas chinas Huawei, Hikvision, Dahua y ZTE. Ese número se ha llegado a multiplicar por cinco en toda la ciudad.
Dahua también donó cámaras de reconocimiento facial y equipos para el monitoreo de vehículos a la policía de Mogi das Cruzes, con el fin de probar su tecnología durante la Festa do Divino. Con estos dispositivos, la policía elaboró una base de datos de personas buscadas, utilizando imágenes obtenidas de fotos de perfil publicadas en redes sociales.
En la ciudad de Campinas, también en el estado de São Paulo, Huawei se convirtió en la urbe en un «laboratorio abierto», instalando treinta cámaras en estaciones de transporte público y sus alrededores como parte de un programa experimental.
En Río de Janeiro, la policía implementó pruebas de tecnología de reconocimiento facial durante dos grandes eventos: el carnaval de 2019, con cámaras distribuidas en la zona de Copacabana, y la Copa América de Fútbol del mismo año, en el entorno del estadio Maracaná.
Argentina
El gobierno mediante el Decreto 1766/2011 creó el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) con el objeto de «prestar un servicio centralizado de información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad». En 2017, el Decreto 243/2017 amplió el acceso a SIBIOS a organismos públicos sin necesidad de autorización judicial.
Desde el 2009, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) está autorizado para recopilar datos biométricos, que incluyen huellas dactilares, huellas palmares y fotos del rostro de cualquier persona que ingresa en el país. Una base de datos de enorme valor si se combina con cámaras dotadas de TRF.
En 2017, la provincia de Mendoza instalo empezó a implementar uno de los programas de vigilancia más invasivos del país, con decenas de cámaras móviles con TRF y vehículos equipados con la misma tecnología, así como escáneres de huellas dactilares y lectores de matrículas de vehículos.
En 2020, ZTE desplegó Jujuy Seguro e Interconectado por 30 millones de dólares, con 600 cámaras operativas desde 2022. En 2025, se ha extendido a identificación biométrica obligatoria en plataformas de juego en línea en Buenos Aires y usos en seguridad pública, aunque con críticas por violaciones a la privacidad.
Reino Unido
Varias estaciones de tren del Reino Unido, incluidas grandes terminales como Euston y Waterloo en Londres, así como Manchester Piccadilly y otras estaciones más pequeñas, utilizan cámaras de CCTV combinadas con sistemas de inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento de Amazon, que es capaz de estimar la edad y el sexo de las personas, además de analizar posibles emociones de los viajeros. Los ensayos fueron revelados por el grupo de libertades civiles Big Brother Watch .
En 2025, la Policía de Transporte Británica inició pruebas con tecnología de reconocimiento facial en vivo en estaciones ferroviarias durante un período de seis meses. El objetivo fue intervenir en zonas con altos índices de criminalidad para identificar a delincuentes de alto riesgo. Aunque las autoridades afirmaron haber aplicado salvaguardas éticas, la medida recibió críticas por su expansión al ámbito de los espacios públicos.
Portugal
En 2021, el Gobierno presentó a la Asamblea de la República la Proposta de Lei nº 111/XIV/2ª que proponía la implementación de vigilancia biométrica masiva en espacios públicos mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial y drones equipados con cámaras, sin establecer condiciones específicas de uso, lo que permitía una amplia discrecionalidad a las fuerzas de seguridad para poder capturar y procesar imágenes y sonidos.
La iniciativa generó una fuerte controversia, ya que habilitaba sistemas de videovigilancia avanzados para fines de prevención delictiva, pero sin salvaguardas adecuadas contra posibles abusos, como la recopilación indiscriminada de datos biométricos de ciudadanos en áreas públicas.
La propuesta fue ampliamente criticada por asociaciones de derechos digitales como Defesa dos Direitos Digitais, por ser contraria a los principios fundamentales de privacidad y proporcionalidad, pues permitía una vigilancia masiva que chocaba con las recomendaciones de la ONU y la UE, destacando el Informe del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales que enfatiza la obligación legal de prevenir la vigilancia masiva mediante IA.
Defesa dos Direitos Digitais, junto con otras organizaciones, presentó contribuciones detalladas al debate parlamentario, destacando riesgos como la discriminación algorítmica, la erosión de la libertad de expresión y el potencial para un control social autoritario, inspirado en modelos como los de China.
La propuesta fue aprobada el 20 de diciembre 2021 y publicada en el Diário da República como Lei nº 95/2021 el 29 de diciembre de 2021, por la que se regula la utilización y el acceso por las fuerzas y servicios de seguridad y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil a los sistemas de videovigilancia para la captación, grabación y tratamiento de imágenes y sonido, derogando la Ley 1/2005 , de 10 de enero.
España
En nuestro país, el uso de cámaras inteligentes con tecnologías de reconocimiento facial e inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
El ayuntamiento de Barcelona instaló en noviembre de 2023 diecisiete cámaras inteligentes en cinco tramos del paseo de Gràcia, desde la plaza de Catalunya hasta la calle Provença, como parte del proyecto Secur´Cities, destinadas a reforzar la seguridad en las zonas turísticas y comerciales de mayor afluencia. En 2025, la ciudad contaba con 160 cámaras de seguridad repartidas en diversas zonas, como el paseo de Gràcia, el Portal de l’Àngel o La Rambla y se prevé la instalación de 500 cámaras más en toda la ciudad hasta 2027. El proyecto se realiza bajo la supervisión de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña, un organismo presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación y asegurar que los sistemas utilizados respeten los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia.
En Madrid, en noviembre de 2025, la Policía Municipal operaba 385 cámaras de videovigilancia, de las cuales 101 incorporaban inteligencia artificial para el análisis en tiempo real. Se prevé aumentar su número paulatinamente. Municipios cercanos como Getafe y Torrelodones también planean ampliar el número de cámaras inteligentes, lo que refleja una tendencia regional hacia la vigilancia inteligente.
En Navarra, concretamente en Pamplona, en 2022 estaban instaladas cerca de trescientas cámaras inteligentes, convirtiéndola en una de las ciudades más vigiladas del entorno. En junio de 2025, Pamplona recibió pruebas de cámaras con inteligencia artificial para mejorar la seguridad, distribuidas en 45 puntos críticos y conectadas a un centro de monitoreo, alcanzando 123 unidades operativas con capacidades avanzadas, como la detección de comportamientos anómalos.
Conclusión
En los próximos años, la población mundial estará sometida a la vigilancia de millones de cámaras inteligentes equipadas con sistemas de reconocimiento facial, capaces de clasificarnos según nuestro comportamiento o características personales, en una escena que evoca al Gran Hermano orwelliano.
En la Unión Europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial prohíbe el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público, salvo cuando dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar alguno de los siguientes objetivos:
- La búsqueda selectiva de víctimas concretas de secuestro, trata o explotación sexual, así como de personas desaparecidas.
- La prevención de una amenaza específica, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas, o de una amenaza real, actual o previsible de atentado terrorista.
- La localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido un delito con el fin de llevar a cabo una investigación, un enjuiciamiento penal o ejecutar una sanción por alguno de los delitos definidos en el Anexo II del Reglamento, siempre que en el Estado miembro correspondiente se castigue con una pena o medida privativa de libertad cuya duración máxima sea de al menos cuatro años.
