Democracy Reporting International y Gesellschaft für Freiheitsrechte (Sociedad para los Derechos Civiles) demandaron a X (antes Twitter) ante el Tribunal Regional de Berlín, buscando acceso urgente a datos clave (alcance, publicaciones compartidas y «me gusta») para investigar posibles injerencias en los comicios electorales del 23 de febrero de 2025. La demanda se enmarca en el proyecto del Centro de Derechos del Usuario financiado por Stiftung Mercator, Luminate y Open Society Foundation.
La demanda que surge tras el apoyo de Elon Musk en X a «Alternativa para Alemania» (AfD), partido de extrema derecha, se ampara en el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales o DSA) que impone a los prestadores de servicios intermediarios en línea una serie de obligaciones para hacer frente a los contenidos ilícitos, la desinformación y otros riesgos para la sociedad.
Las organizaciones demandantes se amparan en el artículo 40, apartado 12, del DSA que dispone: «Los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño o de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño darán acceso sin dilación indebida a los datos, incluidos, cuando sea técnicamente posible, los datos en tiempo real, siempre que los datos sean de acceso público en su interfaz en línea, a los investigadores, incluidos los afiliados a organismos, organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 8, letras b), c), d) y e), y que utilicen los datos únicamente para llevar a cabo investigaciones que contribuyan a la detección, identificación y comprensión de los riesgos sistémicos en la Unión con arreglo al artículo 34, apartado 1».
El artículo 40, apartado 4, del DSA introduce la posibilidad de que los investigadores puedan solicitar acceso a datos no públicos, siempre que acrediten los requisitos enunciados en el apartado 12 y adicionalmente demuestren estar afiliados a una institución de investigación, acreditando que las actividades de investigación planificadas se llevarán a cabo para la detección, determinación y comprensión de riesgos sistémicos descritos con arreglo al artículo 34, apartado 1, y a la evaluación de la idoneidad, la eficiencia y los efectos de las medidas de reducción de riesgos en virtud del artículo 35. Los datos se facilitarán en un período de tiempo razonable y de manera gratuita.
Surgen muchas dudas con el DSA en la mano, como ¿Qué tipos de datos, metadatos, documentación sobre la gobernanza de datos y otra información sobre los datos pueden acceder? ¿Qué clase de análisis e investigaciones pueden llevar a cabo? ¿Cómo puede el proceso equilibrar los derechos de acceso a los datos y la protección de los derechos de los usuarios y las propias empresas? ¿Qué tipo de garantías deben ofrecer para asegurar que los datos se utilizan para los fines previstos y no otros?.
La Comisión Europea está tramitando el Reglamento Delegado por el que se completa el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo las condiciones técnicas y los procedimientos con arreglo a los cuales los proveedores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño deben compartir datos de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2022/2065 que establecerá el marco regulador para el acceso de los investigadores a los datos de las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) y los a buscadores de muy gran tamaño (VLOSE, por sus siglas en inglés). Cuando se apruebe nos ocuparemos de su estudio.
Volviendo al caso, el Tribunal Regional de Berlín emitió el 7 de febrero de 2025 una orden, accediendo a la petición de las organizaciones no gubernamentales demandantes.
Voces críticas
El Reglamento de Servicios Digitales es objeto de duras críticas por parte de diversos sectores, pues otorga a ciertas organizaciones no gubernamentales y activistas la capacidad de investigar y reportar contenidos que podrían ser considerados ilegales, una responsabilidad que tradicionalmente recae en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Argumentan que dichas organizaciones pueden ser afines a los gobiernos, convirtiéndose en verdaderos instrumentos de censura.
Los críticos se enfocan en el temor de que el DSA pueda dar lugar a restricciones sobre la libertad de expresión y a una vigilancia excesiva de los usuarios.
La visión de la Administración Trump
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada entre los días 14 y 16 de febrero de 2025, el vicepresidente de Estados Unidos –J.D. Vance– lanzó duras críticas a la Unión Europea por coartar la libertad de expresión, especialmente, en las redes sociales.
Para ilustrar las restricciones a la libertad de las personas, incluida la libertad de pensamiento, Vance recordó la condena de Adam Smith Connor, un veterano del ejército británico que fue castigado por orar en silencio por su hijo abortado a las afueras de una clínica en Bournemouth. La condena se ampara en la Ley de Orden Público (Public Order Act 2023) que permite a las autoridades imponer sanciones penales a quienes organicen o participen en protestas que puedan ser consideradas disruptivas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la ley como «profundamente preocupante», argumentando que resulta incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos.
Vance aboga por una idea: «Cerrar los medios de comunicación, cerrar las elecciones o dejar a la gente fuera del proceso político no protege nada. De hecho, es la forma más segura de destruir la democracia». Recordemos la anulación de las elecciones de Rumanía en 2024 por «sospechas» de injerencia rusa a favor del candidato de extrema derecha y las amenazas del excomisario europeo Thierry Breton de que la Unión Europea puede anular las elecciones en Alemania con una frase lapidaria: «Lo hicimos en Rumanía».
Vance concluye su discurso diciendo: «No debemos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que discrepan de su liderazgo».
Les propongo una reflexión: ¿Hasta qué punto deben las autoridades intervenir en los contenidos de las redes sociales, frente a la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión? ¿Limitar la libertad de expresión no es una forma de injerencia?
