En el ámbito digital, la suplantación de identidad ha ido evolucionando hacia formas cada vez más sofisticadas y dañinas. Pongamos un caso real, resuelto en enero de 2025.
Un exalumno creó una serie de perfiles falsos en las redes sociales, que mantuvo durante ochos años, haciéndose pasar por una profesora suya. El sujeto utilizaba fotografías de la cara de la víctima para realizar fotomontajes sobre cuerpos de mujeres desnudas, añadiendo comentarios obscenos. Como es natural, este hostigamiento le causó a la víctima un grave daño a su salud mental, generando un cuadro de ansiedad que limitó su vida diaria y profesional, deteriorando su calidad de vida e impidiéndole salir de su hogar con normalidad, además de menoscabar su imagen en el entorno laboral.
El acusado fue condenado por un delito de acoso del artículo 172.ter.5 del Código Penal que dispone: «El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad superior de la condena».
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo le impuso una pena de seis meses de multa a razón de tres euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Asimismo, por responsabilidad civil, fue condenado a indemnizar a la víctima con 35.000 € por daños morales, más los intereses legales devengados y las costas causadas. Además, se acordó la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.
Conclusión
El artículo 173 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a dos años a quien infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Al respecto, el Tribunal Supremo en la sentencia nº 420/2016, de 18 de mayo, establece que «el adjetivo degradante equivale a humillar, rebajar o envilecer, en este caso a la persona sujeto pasivo del delito, consistiendo por tanto en desconocer el valor que el ser humano tiene como tal por el hecho de serlo, donde caben las más variadas manifestaciones de desprecio, humillación, envilecimiento o cualquier otra análoga que desconozca lo primero.».
El tipo penal establecido en el artículo 172.ter.5 del Código Penal choca con el artículo 173 del Código Penal, que no puede aplicarse en el caso que nos ocupa, pues el concurso de normas se resuelve a favor del artículo 172.ter.5 por la regla de especialidad del artículo 8.1 del Código Penal, es decir, que habiendo un tipo penal que sería perfectamente aplicable deja de aplicarse por una regla especial que resulta más benévola para el condenado. Estas son las incoherencias de nuestro legislador.
