Un estudio publicado por Europol en diciembre de 2022, que dejo enlazado aquí, nos alerta sobre el creciente intercambio de imágenes de explotación sexual infantil en línea. La pandemia del Covid–19 no hizo sino agravar el problema: La Internet Watch Foundation advierte un aumento del 64 % de las denuncias en el año 2021 respecto al año anterior. Ese año se denunciaron en el mundo más de 85 millones de imágenes y vídeos con abusos sexuales de menores.
Para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores en línea, la Comisión Europea ha propuesto al Parlamento Europeo y al Consejo un Reglamento sobre el Abuso Sexual Infantil (CSAR, por sus siglas en inglés).
La propuesta se deriva de la Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores, presentada en julio de 2020, en la que se plantea una respuesta global para mejorar la prevención, la investigación y la asistencia a los menores víctimas de abusos sexuales. La Comisión Europea también presentó, en marzo de 2021, la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, que contempla medidas para proteger a los menores contra todas las formas de violencia, incluidos los abusos en línea.
La propuesta impone a los prestadores de servicios de comunicaciones interpersonales –como correo electrónico o mensajería instantánea– y alojamiento de datos –como servicios en la nube–, así como a las tiendas de aplicaciones y proveedores de acceso a Internet, la obligación de evaluar los riesgos de abuso sexual de menores en línea, tratando de mitigar tales riesgos con medidas técnicas, operativas y de dotación de personal adecuadas.
También les impone la obligación de detectar y, en su caso, denunciar los contenidos de abuso sexual de menores en línea ante el «Centro de la Unión Europea sobre Abuso Sexual de Menores», un organismo de nueva creación que sería responsable, entre otras cuestiones, del cribado de denuncias antes de remitirlas a las autoridades policiales o judiciales. Se plantea ubicar su sede en el edificio que ocupa Europol en los Países Bajos. Curiosamente, en los Países Bajos es donde más casos de abuso sexual infantil en línea se detectan (un 32 % del total de casos detectados en la Unión Europea según los datos publicados por Internet Watch Foundation).
Dicho centro mantendría una base de datos de signos o indicadores que permitirían la detección de casos de abuso sexual de menores en línea, garantizando que éstos se identifiquen correctamente. El profesor de la Universidad de California, Hany Farid, nos explica en el siguiente vídeo cómo ayuda la tecnología actual a detectar material conocido de abuso sexual infantil en línea.
De aprobarse la propuesta, los Estados miembros designarán a las autoridades nacionales encargadas de revisar la evaluación de riesgos y las medidas de mitigación. Cuando tales autoridades determinen que –a pesar de las medidas adoptadas– existe un riesgo alto o significativo para los menores podrán dictar una orden de detección y retirada de contenidos de captación o abuso sexual de menores. Si las imágenes o vídeos están alojadas fuera de la Unión Europea, concretamente en territorios que no cooperen para retirarlas, se inhabilitarán el acceso a las mismas.
Conclusiones
La obligación de detectar abusos sexuales de menores en línea tanto en los servicios «cara al público» como en los «privados», incluidos los servicios de comunicaciones interpersonales, da lugar a distintos niveles de intromisión en los derechos fundamentales de los usuarios.
El riesgo de la propuesta está en el choque de derechos fundamentales, por un lado, los derechos a la dignidad humana, a la integridad de la persona y a la prohibición de tratos inhumanos, y, por el otro, los derechos a la privacidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales, así como a la presunción de inocencia, que también debe garantizarse, más aún cuando la acusación de pederastia es una de las más graves que pueden formularse.
Asimismo, la eliminación errónea de contenidos puede impactar en otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de información. Por ello, es importante realizar una justa ponderación de derechos fundamentales antes de actuar.
No es desconocido que los pederastas comparten el contenido incalificable que generan a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea, pero los grandes depredadores lo hacen en la «dark net», una parte de la «deep web» o Internet profunda, a la que se accede a través de buscadores que garantizan el anonimato, y ahí es donde hay que poner el foco de atención.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse si la persecución de pederastas en línea no servirá de motivo para intervenir masivamente las comunicaciones personales. Se ha filtrado la encuesta realizada por el Consejo Europeo con el fin de recoger las opiniones de los Estados miembros sobre la regulación de la encriptación. En el caso de España, el Ministerio de Interior se muestra partidario de impedir que los proveedores de servicios con sede en la Unión Europea apliquen el cifrado de extremo a extremo, o sea, el protocolo E2EE que garantiza que solo los usuarios que se comunican entre sí pueden leer los mensajes. Los criptógrafos y otros tecnólogos ya han argumentado que romper el cifrado de extremo a extremo introduciría debilidades que socavarían la privacidad de los usuarios, y esto es inadmisible.
Los responsables de WhatsApp han respondido en una carta abierta al Proyecto de Ley de Seguridad En Línea (Online Safety Bill) del Reino Unido con el que se pretende eliminar el cifrado de extremo a extremo, de forma que se «abriría la puerta a una vigilancia general, rutinaria e indiscriminada de los mensajes personales de amigos, familiares, empleados, ejecutivos, periodistas, activistas de derechos humanos y hasta de los propios políticos. Esto socavaría completamente la capacidad de las personas de comunicarse de forma segura». La carta concluye: «El proyecto de ley plantea una amenaza sin precedentes a la privacidad, la seguridad y la protección de todos los ciudadanos del Reino Unido y las personas con las que se comunican en el mundo entero, a la vez que incentiva a Gobiernos hostiles que quieran redactar leyes parecidas».
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Actualización (26.10.2023)
El Parlamento Europeo acuerda que el Reglamento de Abuso Sexual Infantil o CSAR no permitirá el escaneo masivo y preventivo de las telecomunicaciones, sino que sólo se podrá interrumpir el cifrado de extremo a extremo para acceder a los mensajes de individuos o grupos sospechosos de difundir contenido de abuso sexual a menores (fuente)
