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JAVIER CASAL TAVASCI

Regulación de la videovigilancia

Una consulta cada vez más habitual es la que se refiere a la regulación de la videovigilancia, por ello me he animado a hacer este artículo, en el que recopilo los supuestos más habituales.

La videovigilancia se emplea con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y bienes. La base legal para el tratamiento de datos personales se encuentra en el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Asimismo, hemos de tener en cuenta lo previsto en el artículo 89 de la LOPDGDD que regula el derecho de los trabajadores a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

No todas las cámaras son reales, aunque lo parezcan. En el caso de cámaras simuladas o ficticias no hay tratamiento de datos, dada la imposibilidad material de su puesta en funcionamiento, al carecer de los elementos técnicos necesarios para su utilización. No obstante, conviene precisar lo siguiente: Si son cámaras reales pero desactivadas o que pueden activarse sin esfuerzos excesivos, deberán aplicar los preceptos de la normativa de protección de datos.

Las cámaras no estarán orientadas hacia la vía pública. No obstante, en ocasiones, para la protección de espacios privados puede ser necesaria la grabación de una porción de la vía pública, que será la imprescindible o mínimamente necesaria para la finalidad de seguridad que se pretende, sin que –en ningún caso– pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 

1.- LA VIDEOVIGILANCIA COMO MEDIDA DE CONTROL LABORAL 

El artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores dispone lo siguiente: «El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad», si bien el empleador debe informar de tal extremo al trabajador o, en su caso, a los representantes de los trabajadores, con carácter previo, de forma expresa, clara y concisa, según el artículo 89.1 de la LOPDGDD. 

A los efectos de cumplir con el deber de informar, el Tribunal Constitucional entiende que es suficiente la existencia de un cartel informativo en el escaparate del establecimiento en un lugar bien visible (STC 39/2016, de 3 de marzo de 2013). Para la profesora Juana M.ª Serrano García esta sentencia establece «una doctrina regresiva desde una perspectiva social porque representa un retroceso respecto del derecho consagrado en la STC 29/2013, de 11 de febrero, en cuanto al derecho a saber en qué casos las grabaciones pueden ser examinadas, durante cuánto tiempo, con qué propósitos y si pueden llegar a ser utilizadas para imponer sanciones disciplinarias, derecho que ahora ya no sería exigible a la hora de instalar una videocámara por el empresario»*. La sentencia, que cuenta con votos particulares, recibe numerosas críticas por parte de la doctrina.

La realidad es que, de un tiempo a esta parte, en sucesivos pronunciamientos judiciales se vienen flexibilizando las exigencias en torno a la comunicación individual a los trabajadores. En dicho proceso fue determinante la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de octubre de 2019 dictada en el asunto López Ribalda y otros versus España (1874/13 y 8567/13). El tribunal dispone que, la regla general del deber de información previa a los trabajadores, cede en aquellos casos en los que se adviertan indicios razonables de que se está cometiendo una irregularidad laboral que avale la implantación de un sistema de videovigilancia, si bien la actuación empresarial ha de superar el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo dictó sentencia, en unificación de doctrina, en la que admite como prueba una grabación aportada por la empresa para justificar el despido disciplinario de un trabajador. Al trabajador no se le había notificado la realización de captación de su imagen durante el desempeño laboral ni la utilización de la misma con finalidad disciplinaria, si bien la empresa había informado a los representantes de los trabajadores acerca de la existencia de videocámaras en las instalaciones (STS nº 285/2022, de 30 de marzo de 2022, RC 1288/2020).

El Tribunal Supremo también avala que los sistemas de videovigilancia instalados continúen grabando durante los tiempos de descanso de los trabajadores dentro del horario laboral, pues pueden «incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales» (STS nº 1003/2021, de 23 de octubre de 2021, RC 3715/2018).

Ahora, imaginemos que la videocámara fue instalada por un detective privado, que no era detectable a simple vista y que no se informó a los trabajadores acerca de su existencia. En un caso de despido disciplinario, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha admitido como prueba la grabación obtenida a través de dicho sistema de vigilancia (STSJCL nº 518/2022, de 28 de marzo de 2022, Rec. 2437/2021).

La colocación de videocámaras en las instalaciones de la empresa será compatible con los principios de proporcionalidad y mínima intervención, respetando la intimidad de los trabajadores; por ello, no se pueden colocar videocámaras en áreas reservadas a los trabajadores, tales como aseos, vestuarios y áreas de descanso.

2.- GESTIÓN DE LAS IMÁGENES POR UN TERCERO

El responsable del tratamiento puede decidir que sea un tercero quien gestione las imágenes y audios que captan sus cámaras, al que llamamos “encargado del tratamiento”.

En tales casos, deberá existir un contrato por escrito en el que se establezca el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados y las obligaciones y derechos del responsable. Además, constará el deber de confidencialidad, las medidas de seguridad que el encargado adoptará para proteger los datos personales, la regulación del régimen de subcontratación, la forma en la que el encargado asistirá al responsable del tratamiento cuando se ejerciten por parte de los afectados alguno de los derechos que la normativa les reconoce y el destino de los datos al finalizar la prestación. 

El encargado del tratamiento tendrá que demostrar conocimientos especializados en seguridad de la información, fiabilidad y recursos. Para demostrar que ofrece garantías suficientes cabe la opción de que se adhiera a códigos de conducta o a un mecanismo de certificación.

3.- VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES EN TIEMPO REAL

Existe la posibilidad de que la visualización de las imágenes se realice en tiempo real desde cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, mediante el acceso a la dirección IP de la cámara. Es habitual que los mecanismos de control de acceso vengan desactivados de fábrica o activados con usuarios y claves por defecto, resultando una práctica habitual que se instalen tal y como vienen de fábrica, lo que hace que la cámara IP de su dispositivo sea extremadamente vulnerable, ya que deja a la cámara en una situación de puertas abiertas, sin protección frente a los accesos indebidos de terceros que conozcan su localización en la Red, es decir, su dirección IP.

4.- SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADOS A UN CENTRO DE CONTROL

El tratamiento de imágenes y audios efectuado por personas físicas en el interior de su domicilio se considera excluido del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos. Esta exclusión no abarca al tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada.

Los sistemas de videovigilancia que vayan a estar conectados con una central receptora de alarmas o un centro de control deberán cumplir lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Este tipo de servicios solo pueden ser realizados por empresas de seguridad homologadas.

En cuanto a la normativa de seguridad privada, pueden consultar la misma haciendo clic aquí.

5.- CÁMARAS ON-BOARD

Las cámaras “on-board” son las habituales que se colocan en el salpicadero del coche o los ciclistas en sus cascos para captar imágenes durante sus recorridos. 

La AEPD se ha pronunciado en el informe jurídico 0456/2015 sobre la utilización de este tipo de cámaras con la finalidad de obtener pruebas para denunciar si se cometen infracciones de tráfico, siendo el interés legítimo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que regula el artículo 24 de nuestro texto constitucional.

Como expone el informe jurídico citado con anterioridad, para legitimar su uso deben seguirse las siguientes cautelas:

  • La activación de la grabación será manual.
  • El acceso a las imágenes se limitará a un evento concreto.
  • Se difuminará la imagen de las personas o datos como las matrículas que no estén vinculadas al accidente en cuestión.

Lo que la autoridad de control no consiente es la grabación continuada. Recientemente, la AEPD ha sancionado en la Resolución del PS/00108/2020 la instalación de una cámara dentro de un vehículo orientada hacia el espacio público con finalidad de videovigilancia. La multa impuesta al propietario del vehículo fue de 1.500 €. 

6.- CAMARÁS EN LOS TELÉFONOS MÓVILES

El uso de este tipo de cámaras es motivo de debate y no hay una solución pacífica. Habrá que esperar al pronunciamiento de los tribunales. Está claro que nada impide grabar la vía pública, otra cosa es que se pueda subir el contenido de las grabaciones a Internet. Si no tienen el consentimiento de los afectados, mejor no publiquen nada en la red, y si lo hacen porque tengan un interés legítimo pixelen rostros y matrículas. Es la misma receta que sigue Google con Maps y nadie parece discutirla.  

7.- MIRILLAS DIGITALES

Cuando aparecieron en el mercado las primeras mirrillas digitales surgió un tenso debate acerca de su legalidad. La AEPD ha resuelto todas las dudas en dos resoluciones (E/08332/2021 y E/07914/2020 ). 

Las mirillas digitales se equiparan a los videoporteros cuya finalidad es verificar la identidad de la persona que llama al timbre. No realizan tratamiento de dato personal alguno; por tanto, no resulta de aplicación la normativa de protección de datos y no existe obligación de informar de su existencia mediante un distintivo informativo.  

8.- CÁMARAS INSTALADAS POR COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

El uso de cámaras de videovigilancia en edificios y urbanizaciones privadas es cada vez más habitual.

Su instalación requiere reunir una mayoría cualificada de 3/5 partes del total de propietarios que, a su vez, representen 3/5 de cuotas de participación, y estarán anunciadas mediante el oportuno cartel informativo que se colocará preferentemente en el portal o puerta de acceso a la urbanización.

Si utilizan cámaras orientables y/o con zoom será necesaria la instalación de máscaras de privacidad para evitar captar imágenes de la vía pública, terrenos y viviendas de terceros. Recientemente, la AEPD ha sancionado con 1.000 € a una Comunidad por no respetar dichas limitaciones (PS/00179/2021).

El sistema de grabación se ubicará en un lugar con acceso restringido (por ejemplo, en la garita del conserje). A las imágenes grabadas accederán solo las personas autorizados por la Comunidad, generalmente el Presidente de turno y el Administrador de la finca, quienes deberán introducir un código de usuario y una contraseña como medida de seguridad. En relación a cómo se construye una contraseña segura, les dejo enlazado aquí un artículo que publiqué al efecto. 

No siempre es posible tener un lugar adecuado para instalar el sistema, por ello muchas Comunidades optan por la contratación de un servicio de videovigilancia externo. 

9.- DISTINTIVO INFORMATIVO (CARTEL)

El responsable del tratamiento informará acerca de la existencia de cámaras de videovigilancia en sus instalaciones a través de un cartel o distintivo informativo donde mediante un pictograma y un texto se detalle, al menos, quien es el responsable del tratamiento, ante el cual ejercitar los derechos que la normativa le reconoce a los afectados por la captación de su imagen previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD.

Los códigos QR están al orden del día, si disponen de página web corporativa, pueden publicar en el cartel un código QR al objeto de ampliar la información sobre el tratamiento de los datos captados por la videocámara. 

Carecer del cartel informativo puede conllevar una multa de 1.500 € (ejemplo: PS/00459/2019). 

10.- LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS 

Los afectados por la captación de su imagen pueden ejercitar ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, supresión, oposición y limitación del tratamiento. 

El ejercicio del derecho de acceso reviste características singulares, ya que requiere aportar una fotografía reciente del interesado, que permita al responsable verificar y contrastar la presencia del mismo en su registro de imágenes. Si el sistema de videovigilancia únicamente reproduce imágenes sin grabarlas (visionado de imágenes en tiempo real) deberá responder al interesado indicando la ausencia de imágenes grabadas.

No resulta posible el ejercicio del derecho de rectificación, ya que por la naturaleza de los datos –imágenes tomadas de la realidad que reflejan un hecho objetivo– se trataría del ejercicio de un derecho de contenido imposible. Tampoco es aplicable el derecho de portabilidad ya que, aunque se trata de un tratamiento automatizado, la legitimación no se basa ni en el consentimiento ni en la ejecución de un contrato. Y, por último, tampoco se aplica parte del contenido del derecho a la limitación del tratamiento, en su aspecto de “cancelación cautelar” que está vinculada al ejercicio de los derechos de rectificación y oposición.

11.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES

No se establece un plazo mínimo de conservación de las imágenes, sino un plazo máximo de un mes que, por un criterio de prudencia, es aconsejable agotar.

Cumplido el plazo de conservación establecido por el responsable del tratamiento, las imágenes se suprimirán o borrarán, salvo que deban ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tales casos, serán puestas a disposición de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento del hecho. Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien presencie la comisión de un delito público debe comunicarlo a la Policía, Fiscalía o Tribunales en el plazo más breve posible. 

También pueden ser requeridas por los Juzgados y Tribunales de Justicia y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. Tal requerimiento debe realizarse de forma motivada y la entrega de las imágenes debe ser proporcional a la finalidad del requerimiento realizado, sin que se produzca una comunicación indiscriminada de las imágenes captadas.  

Si quieren ampliar la información, les dejo el enlace a la guía práctica publicada por la AEPD sobre el particular:

https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf

* Fuente: SERRANO GARCÍA, Juana Mª. La protección de datos y la regulación de las tecnologías en la negociación colectiva y en la jurisprudencia. Edit. Bomarzo, 2019, pág. 40.

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