Mark Walters, un conocido locutor de radio defensor del derecho a poseer y portar armas, presentó una demanda contra OpenAI, alegando que ChatGPT había generado información difamatoria sobre su persona. Esta demanda es pionera porque plantea cuestiones novedosas sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial generativa en la difusión de desinformación.
El caso surge del reportaje que Fred Riehl, un reportero de AmmoLand.com, estaba realizando sobre una denuncia de la Fundación de la Segunda Enmienda (SAF) contra Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington. Durante sus interacciones con ChatGPT, la herramienta afirmó que Walters había sido denunciado por fraude y malversación de fondos de la SAF.
ChatGPT indicó a Riehl que Walters, siendo tesorero y director financiero de la SAF, había «malversado fondos para gastos personales sin autorización ni reembolso, manipulando los registros financieros y los extractos bancarios para ocultar sus actividades». ChatGPT se equivocó completamente. Walters nunca desempeñó el cargo de tesorero ni director financiero de la SAF ni fue acusado legalmente de ningún delito.
Walters demandó a OpenAI porque las acusaciones falsas y maliciosas de su herramienta ChatGPT, tras ser expresadas públicamente, dañaron su reputación, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios.
OpenAI solicitó la desestimación del caso, pero la Corte Superior de Georgia denegó dicha moción, permitiendo que siguiera adelante. Entonces, OpenAI presentó una nueva moción sobre la base de un interrogante: ¿debemos considerar, en todo caso, los resultados de las herramientas de IA generativa como afirmaciones fácticas? OpenAI argumenta que no, señalando sus descargos de responsabilidad y advertencias sobre la falta de fiabilidad de ChatGPT. Además, cabe destacar el hecho de que OpenAI advierte que los resultados de ChatGPT no son supervisados por ningún humano.
Lo cierto es que los usuarios de ChatGPT, incluido Riehl, reciben repetidas advertencias, incluso en las Condiciones de Uso que rigen las interacciones con ChatGPT, de que puede proporcionar información inexacta. Riehl reconoció que tenía experiencia previa con ChatGPT y sabía que la herramienta le había proporcionado respuestas completamente ficticias en ocasiones anteriores.
La jueza Tracie Cason de la Corte Superior del Condado de Gwinnett desestimó en su resolución, de 19 de mayo de 2025, la demanda por difamación de Mark Walters, pues no demostró que OpenAI actuara con negligencia o dolo cuando ChatGPT generó declaraciones falsas sobre él en respuesta a la consulta de un tercero.
La jueza destacó que OpenAI había emitido amplias advertencias sobre las limitaciones de ChatGPT. En el proceso se puedo comprobar que, durante sus interacciones con ChatGPT, Riehl se encontró con las siguientes advertencias: «El sistema puede ocasionalmente generar información incorrecta o engañosa» y «ChatGPT puede generar información inexacta sobre personas, lugares o hechos».
Conclusión
Este caso evidencia la importancia que tienen los avisos legales.
La responsabilidad no recae en OpenAI, sino en quien utiliza la información proporcionada por la inteligencia artificial generativa sin verificar previamente los resultados, pues es sabido que estos pueden contener errores. Nuestro juicio, el pensamiento crítico y la verificación son cruciales.
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