La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 24 de diciembre de 2024 la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia mediante la resolución 79/243, por consenso y sin votación.
Es el primer instrumento global jurídicamente vinculante sobre ciberdelincuencia. Impulsada inicialmente por Rusia en 2017, su elaboración involucró a países miembros de la ONU, expertos en seguridad de la información, el mundo académico, el sector privado y aportes de la sociedad civil durante cinco años de negociaciones en el Comité ad hoc establecido en 2019.
La Convención proporciona un marco global para que los países mejoren la cooperación internacional en la prevención y combate de la ciberdelincuencia, así como en la obtención e intercambio de pruebas electrónicas para delitos graves, incluyendo terrorismo y delincuencia organizada transnacional. Incluye medidas para la asistencia técnica y apoyo a países en desarrollo en el fortalecimiento de capacidades, aunque con énfasis en la cooperación transfronteriza en vigilancia electrónica y acceso a datos.
La Convención se abrió a la firma en Hanoi (Vietnam) los días 25 y 26 de octubre de 2025 durante una conferencia de alto nivel organizada por el Gobierno de Vietnam y la UNODC. Permanece abierta a la firma en la sede de la ONU en Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2026. A febrero de 2026, cuenta con 74 signatarios (incluyendo la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros, China, Rusia y otros), pero aún no ha sido ratificada por ningún Estado. Entrará en vigor 90 días después del depósito del 40º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión (artículo 65).
Duras críticas de organizaciones de derechos humanos
Human Rights Watch ha calificado al tratado de «amenaza en ciernes y un desastre para los derechos humanos», argumentando que facilitará la vigilancia masiva, el abuso de los poderes de investigación transfronteriza y la represión de disidentes, periodistas y defensores de derechos sin salvaguardas suficientes. Se teme que los países utilicen el tratado como una herramienta para justificar la vigilancia sin restricciones y limitar las libertades civiles.
Electronic Frontier Foundation ha calificado el tratado de «cheque en blanco para el abuso de la vigilancia» que puede ser usado como herramienta para la violación de los derechos humanos y la represión transnacional.
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en una carta abierta dirigida a la Asamblea General de Naciones Unidas denuncia que la convención constituye una amenaza para los derechos humanos, al tiempo que dudan de su necesidad; de hecho, en 2004 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. El Acta de Ciberseguridad de la Unión Europea y la propuesta de la Comisión Europea sobre ciberseguridad son ejemplos de cómo equilibrar la prevención del cibercrimen y la protección de los derechos humanos. Estas regulaciones incluyen medidas detalladas para mejorar la ciberseguridad mientras se salvaguarda la privacidad y otros derechos fundamentales.
El Knowmad Institut advierte que las disposiciones amplias de la convención plantean riesgos significativos para los derechos humanos. Estas podrían facilitar el intercambio transfronterizo de información sin salvaguardas suficientes, especialmente en países donde las leyes contra el cibercrimen se usan para silenciar a la disidencia y reprimir a las minorías. Un ejemplo claro es el Norte Global, donde las poblaciones desplazadas sufrirían impactos desproporcionados. Para proteger la privacidad, recomiendan una supervisión estricta del espionaje externalizado y la recolección de inteligencia. Esto implica garantizar la protección de datos personales y corporativos mediante protocolos robustos de encriptación y anonimización.
Conclusión
La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia ha generado cierta inquietud en la comunidad internacional sobre cómo se implementará el tratado y si se respetarán los estándares internacionales de derechos humanos.
El propósito de este instrumento es legítimo, pero ya vimos los abusos cometidos por Estados Unidos, al amparo de la lucha contra el terrorismo internacional tras el 11-S. Basta recordar las revelaciones de Edward Snowden para dar cuenta de ello.
