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JAVIER CASAL TAVASCI

Derecho de Supresión y Derecho al Olvido

En el artículo anterior, que pueden consultar haciendo clic aquí, les hablé del derecho al olvido y de un pronunciamiento del Tribunal Supremo de especial trascendencia, por cuanto crea jurisprudencia, pero quiero completar aquel artículo para que puedan comprender el alcance total del derecho de supresión.

El «derecho al olvido» no se considera un derecho autónomo o diferenciado de los clásicos derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), sino que es la proyección sobre Internet de los derechos de oposición y cancelación, configurándose como un derecho fundamental de las personas según la STC 58/2018, de 4 junio. Dicha sentencia aborda, por primera vez, una reclamación relativa al derecho al olvido, entendido como la obligación de cese en el tratamiento y de eliminación de los datos en el contexto de los motores de búsqueda (Google, Yahoo!, DuckDuckGo, Bing, etc.)

Lo que el derecho al olvido garantiza es que toda persona física tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de sus listas de resultados, obtenidos tras una búsqueda efectuada a partir del nombre del interesado, los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando los datos sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron y la naturaleza e interés público de la información. No implica que la fuente original deba ser suprimida, tan solo dejará de ser visible el enlace que se muestre en el buscador. La fuente original permanece inalterada y el resultado se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinto al del nombre del afectado. 

Para ejercitar el derecho al olvido han de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o están siendo tratados de modo diferente al fin inicialmente previsto.
  2. Que el tratamiento de los datos se haya basado en el consentimiento que prestó al responsable del tratamiento, pero decida retirarlo.
  3. Que el titular de los datos se oponga a su tratamiento al ejercitar el derecho de oposición y no existan otros motivos legítimos para el tratamiento.
  4. Que los datos hayan sido tratados ilícitamente.
  5. Que los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento.
  6. Que los datos se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información.

No obstante, el derecho al olvido no es ilimitado. Puede no procederse a la supresión de los datos del interesado cuando el tratamiento sea necesario: 

  1. Para el ejercicio de la libertad de expresión e información.
  2. Para el cumplimiento de una obligación legal.
  3. Por razones de interés público.
  4. Para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
  5. Con fines de archivo de interés público, de investigación científica, histórica o estadísticos.
  6. Para la formulación o defensa de reclamaciones.

Surge la duda de si podemos invocar el derecho al olvido más allá de las fronteras de la Unión Europea –o mejor aún, del Espacio Económico Europeo– para obligar a los motores de búsqueda a suprimir los datos del interesado a escala mundial. La respuesta nos la ofrece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 24 de septiembre de 2019 (asunto C-507/17) contra Google.

El TJUE resuelve que: «El Derecho de la Unión no prevé actualmente instrumentos y mecanismos de cooperación en lo que se refiere al alcance de enlaces fuera de la Unión». Por tanto, cabe concluir que no se puede invocar el derecho al olvido a escala mundial.

Otra cuestión que resuelve el TJUE es si debe procederse, o no, a la retirada de la información de todas las versiones del motor de búsqueda correspondientes a los Estados miembros o solo en la versión de dicho motor correspondiente al Estado miembro de residencia del interesado. El TJUE establece: «En principio, la retirada de enlaces de que se trate debe verificarse en todos los Estados miembros, como se desprende en particular del hecho de que el legislador de la Unión haya decidido ahora establecer las normas relativas a la protección de datos mediante un reglamento, de aplicación directa en todos los Estados miembros». Sin embargo, el interés del público en acceder a la información puede variar, incluso dentro de la Unión. El resultado de la ponderación que debe llevarse a cabo entre el interés público y los derechos del interesado, a la protección de sus datos personales y a preservar su vida privada, no será necesariamente el mismo en todos los Estados, pues corresponde a los Estados establecer las exenciones y excepciones necesarias para conciliar esos derechos.

Nada impide que el gestor del motor de búsqueda pueda decidir eliminar el enlace en la versión correspondiente al Estado miembro de residencia del interesado y mantenerlo en el resto de versiones, bajo el pretexto de la libertad de información, quedando la cuestión al arbitrio de los tribunales. Una vez más somos testigos del choque entre derechos de la personalidad y la libertad de información. 

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