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JAVIER CASAL TAVASCI

¿El fin de Telegram?

Mario Vargas Llosa dijo: «Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación». Por desgracia, el espíritu crítico de la mayoría de los medios de comunicación brilla por su ausencia; de ahí, que algunas redes sociales crecieran tan rápido, por ejemplo, Twitter (X), aunque los «tuis» están sujetos al sistema de moderación de contenidos creado por el dueño de la compañía. 

Facebook, otra red social con millones de usuarios, no está libre de injerencias por parte del poder. El fundador y consejero delegado de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, reconoció en una carta, que dejo enlazada aquí, enviada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que la compañía se vio presionada por la Administración Biden para que censurara contenidos relacionados con el Covid-19 durante la pandemia. 

Además de las redes sociales, tenemos las aplicaciones de mensajería instantánea. Una de las más destacadas, con más de 900 millones de usuarios, es Telegram. La facilidad para distribuir archivos y la nula colaboración de la compañía con las autoridades es su gran baza.

Telegram hace tiempo que está en el punto de mira de las autoridades. En marzo de 2024, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional –Santiago Pedraz Gómez– ordenó la suspensión del servicio de Telegram en España como medida cautelar tras la querella presentada por varios grupos de comunicación por supuesto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Pocos días después, el juez Pedraz dio marcha atrás, reconociendo que la medida que había adoptado era excesiva y no proporcional. 

El 24 de agosto de 2024, el fundador y consejero delegado de Telegram –Pável Dúrov– era detenido en Francia, cuando su avión privado aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, procedente de Azerbaiyán. Se le acusa de 12 cargos relacionados con la difusión a través de Telegram de delitos de terrorismo, tráfico de drogas, estafa, blanqueo de capitales, receptación y explotación sexual de menores. La orden de detención de Dúrov fue emitida por la Oficina de Menores (OFMIN). 

Dúrov tiene nacionalidad francesa y se encuentra en Francia, así que su situación es muy distinta a la de Julián Assange que encontró asilo durante años en la Embajada de Ecuador en Londres o a la de Edward Snowden que encontró asilo en Rusia. Puede que Dúrov termine cediendo a las presiones y termine colaborando con las autoridades o puede que no.

El caso es que Telegram está bloqueado en China, Tailandia, Irán, Pakistán, Cuba y Corea del Norte, en todos los casos tras protestas antigubernamentales. Además, ha sido objeto de investigación en Reino Unido, Noruega, Alemania, España, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. 

Desde un punto de vista jurídico, este es un caso interesante, pues se debate si las plataformas son directamente responsables del contenido que publican los usuarios en virtud de la Ley de Servicios Digitales.

En Estados Unidos ya se dio este debate y el Tribunal Supremo dejo claro que no son responsables. Este tema lo desarrollé, con detalle, en el artículo que dejo enlazado al final.

Conclusión

Si les digo Neftalí Reyes seguro que no les suena, en cambio Pablo Neruda, sí, pues que sepan que son la misma persona. Pablo Neruda es un seudónimo, como George Orwell (Eric Arthur Blair) o Clarín (Leopoldo Alías). Con esto quiero decir que el uso de un seudónimo o alias no siempre es negativo; de hecho, se han utilizado a lo largo de la historia para enfrentarse a los abusos del poder. 

En la antigua Roma los críticos usaban los muros para escribir sus proclamas contra los gobernantes. Obviamente los mensajes eran anónimos. Los muros eran las redes sociales de la época y no por ello el dueño del muro era responsable del mensaje.   

Una cosa parece clara: si Telegram cae, surgirán nuevas aplicaciones, y si estas caen, nacerán más. No se puede poner puertas al campo.  

Responsabilidad de las plataformas digitales

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